Old Fashion. El anuncio del pacto de rentas para los próximos tres años alcanzado por las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO, ha sonado a pomposa y «vieja política». Es cierto que aún no se conoce el contenido detallado del que será el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, pero que en un país donde la tasa de desempleo se eleva al 23,8% de la población se anuncie a bombo y platillo una subida salarial, por modesta que sea, demuestra dos cosas: que no hemos aprendido nada de esta crisis y que nuestros valores siguen profundamente trastocados.

El anuncio podía haber puesto énfasis en la creación de empleo, por ejemplo. Pero no es así. Y ese no es el único signo de decrepitud. Ésta también aflora en el viejuno intento de volver a ligar la evolución de los salarios con el IPC en 2016 en vez de hacerlo con la productividad. No es raro que Álvaro Nadal, el principal encargado del proceso de desindexación de la economía, se haya molestado con esta referencia.

La responsabilidad de esta decadencia es de unas patronales y sindicatos incapaces de modernizarse. Rosell, Garamendi, Méndez y Fernández Toxo salen en los periódicos anunciando estas cosas sólo y únicamente porque la ministra Báñez les sigue haciendo caso, les asigna funciones en el BOE, les transfiere recursos y los pastorea por encargo de Rajoy. Junto con la ausencia de una verdadera reforma de la Administración, la incapacidad de cambiar los incentivos para que estas organizaciones se modernizaran es otro pasivo del Ejecutivo. De hecho, muy pocos españoles son capaces de distinguir a patronal y sindicatos como órganos separados de la teta del Estado.

Este pacto no obliga a nadie. Es una guía «obligacional», como les gusta decir a los laboralistas. Ellos distinguen entre el contenido normativo –reglas abstractas e impersonales, elaboradas como leyes y que son de general aplicación– y el obligacional, que son pactos o cláusulas concretas que obligan a los firmantes sin que los trabajadores o empresarios individuales queden vinculados directamente.

Así las cosas, el acuerdo es una señal política. De hecho, el Gobierno admite que gran parte de la contención salarial que se vivió entre 2012 y 2014 se debió al pacto alcanzado en enero de 2012 por estos mismos protagonistas.

La reforma laboral se puso como objetivo acercar la negociación colectiva a la empresa, que es el genuino acuerdo laboral. Muchos empleos se perdieron por el abuso de la ultraactividad o la imposibilidad del descuelgue. Es importante que la negociación colectiva se mantenga en ese ámbito. Es ahí donde cada actor conoce su verdadera aportación a los fines de la empresa y las limitaciones que existen. Cuando se negocia un convenio provincial o nacional, los negociadores están más preocupados de la macroeconomía y de su propio prestigio que de la condición real de los trabajadores.