La Universidad del País Vasco en Vitoria ha permitido que un etarra, José Ramón López de Abetxuko, protagonizara una ponencia sobre derechos humanos en su campus. Una decisión que ha suscitado una gran polémica y que abre un debate muy interesante, así como posiciones encontradas.

Por ejemplo, el Observatorio por la Libertad de Opinión (OPLO) ha propuesto este sábado una recogida de firmas para solicitar la dimisión de la rectora. Al mismo tiempo, estas peticiones se perciben en ocasiones como intentos de censura. Se trata de una cuestión que realmente importa y preocupa, y una controversia que no es solo española, tal como puede verse en facultades anglosajonas, donde se está viviendo una auténtica persecución de algunos puntos de vista.

Por su parte, una organización de víctimas de ETA ha indicado que ese no es el tipo de acciones que ellos respaldan, mientras que otra la ha apoyado.

Merece la pena diseccionar los distintos argumentos, por cuanto tienen implicaciones para otras situaciones. Partamos de la premisa de que la libertad de opinión es un elemento necesario para la democracia y un derecho básico, y que atacarla, así como hacer apología de estos ataques o normalizarlos, supone limitarla.

Sin embargo, al situar la charla del etarra en contexto, presenta cuatro características de las que no se puede prescindir. Primero, se trata de un asesino que ha matado por razones políticas (para imponer sus opiniones mediante el terror, silenciando, expulsando, o exterminando a los que tienen opiniones diferentes), y que nunca ha expresado arrepentimiento por ello. Segundo, la charla se centraba en cuestionar el tratamiento que reciben otros presos por violencia política, bajo el supuesto de que la legislación española vulnera sus derechos humanos. Tercero, la ponencia se impartió sin un marco que dejara claros estos dos puntos, como si el asesino fuese una persona normal y su punto de vista, no objetable. Y cuarto, se celebró en una institución educativa pública.

En otras palabras, tenemos a un asesino político (violencia contra la libertad de opinión) normalizado (como si fuese un ciudadano más y su pasado no importara) y que habló de dar a otros asesinos un trato especial, poniendo en entredicho el derecho de las autoridades penitenciarias a usar los medios legales para fomentar su colaboración en la resolución de crímenes etarras sin esclarecer. Todo ello en un medio (la universidad) en el que, por desgracia, ha quedado patente que el público no tiene una idea precisa de lo que ha representado el terrorismo para la sociedad española (y no digamos para la vasca y la navarra): el impacto en términos de intimidación, exilio y muerte de los actos de ese ponente.

De ello se deriva que no constituya un ejercicio de libertad de expresión, sino un blanqueamiento del asesinato político, ante un público indefenso, y autorizado por quien debería desplegar mucho mejor criterio.

Es un blanqueamiento del asesinato político, ante un público indefenso, autorizado por quien debería mostrar mejor criterio

Esa misma ponencia, en un debate cualificado o como parte de un panel en el que se dotara de perspectiva a lo que se dice, sí sería “libertad de opinión”. Sin embargo, tal como se ha planteado equivale a “prescripción”.

La libertad de expresión es muy importante, pero no un bien absoluto. Está sometida a límites, especialmente de contexto, pero también de contenido. Algunos se encuadran en la moral, pero otros están investidos de fuerza de ley, como ha dejado claro el TSJC al recordar que no es legal ocupar las instituciones ni los espacios públicos con mensajes partidistas. Los delitos de odio se encuentran tipificados y empiezan a tomarse en serio, quizá porque estamos viendo consignas que no resultan inofensivas. Alentar el asesinato de guardias civiles en un concierto se trata de un caso extremo, pero las redes están llenas de cosas peores.

La libertad de opinión consiste en otra cosa. En la posibilidad de pensar lo que uno quiera sin represalias. Por ejemplo, la libertad de querer la independencia de Cataluña sin que nadie te discrimine, amenace o insulte por ello, a la cara o indirectamente, en la calle o desde las instituciones.

A mi juicio, el único límite admisible radica en los métodos defendidos. Aquellos que limitan los derechos y libertades de los demás no resultan aceptables. Opinar que es legítimo matar (o privar de sus derechos legales) a alguien por no compartir una opinión no es, en cambio, defendible. Y expresar esa opinión constituye un ataque a la libertad de opinión.

Dicho de otro modo, lo único intolerable es la intolerancia.

Y la intolerancia es lo que protagonizó la charla de la UPV en Vitoria esta semana. Quod erat demonstrandum.