El Gobierno de España presentó esta semana los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 en un solemne acto en el que participaron el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. En la rueda de prensa se habló del fin de la austeridad, de no dejar a nadie atrás y de políticas sociales. La realidad, sin embargo, resulta bien diferente. El Gobierno ha elaborado unos PGE con un cuadro macroeconómico muy atrasado, y, sobre todo, excesivamente optimista si lo comparamos con el baremo de estimaciones de las principales casas de análisis a nivel nacional e internacional. Además, veremos cómo la mayor parte del aumento de impuestos tendrá un efecto especialmente regresivo, es decir, afectará sobremanera a las clases medias y las menos pudientes, precisamente las que se supone que este Gobierno tenía intención de proteger.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la situación actual es de una volatilidad e inestabilidad sin precedentes, y sobre dicho escenario debe trabajar el Ejecutivo. Esto no justifica en forma alguna un proyecto de PGE basado en un cuadro macroeconómico obsoleto y cuyas previsiones resultan inalcanzables al alza, ya que provoca que las estimaciones de recaudación estén infladas, mientras que la ejecución del gasto se cumplirá al milímetro, lo que ampliará el nivel de déficit para 2021 sobre el inicialmente previsto. El último cuadro macroeconómico del Gobierno se presentó el pasado 6 de octubre, cuyas previsiones son asimismo las contenidas en el plan enviado a la Comisión Europea, que arrojan un crecimiento del PIB nominal del 10% (9,8% real) para el año que viene. Sin embargo, dichas previsiones se hallan por encima de cualquier estimación de consenso de los principales analistas. Debemos tener en cuenta que, desde la presentación del cuadro macroeconómico, el número de contagios por incidencia acumulada se ha incrementado en más de un 60% en España, y las restricciones, tanto a la actividad como a la movilidad, se han disparado. Se llega a hablar incluso de crecimiento negativo para el último trimestre del año, y de que no se registrará uno interanual positivo hasta el segundo trimestre de 2021, lo que haría imposible alcanzar las expectativas de crecimiento presentadas por el Ejecutivo. Pues bien, las estimaciones de recaudación para el año próximo se han realizado con base en este cuadro y a partir de él se han dispuesto las partidas de gasto.

La mayor parte del aumento de impuestos tendrá un efecto especialmente regresivo

Por ello, conviene repasar algunas de las principales variaciones en estas partidas, para, posteriormente, analizar las subidas/creación de algunos tipos impositivos y sus efectos.

Vemos que la inversión social se dispara en un 10,3%, hasta los 239.765 millones, con un aumento del 46% de los fondos destinados a ayudas a la dependencia. Por otro lado, el gasto en educación se elevará un 70,2%, y la inversión en I+D+i, un 80,1%; todo ello contando solo la partida de gasto de la Administración central, y no la propia de las CC.AA. Por otro lado, la inversión en infraestructuras de todo tipo repuntará un 114,8%, lo que supone más de 6.000 millones de euros. El gasto en vivienda lo hará cerca de un 368%, (un incremento de 1.772 millones), ya que esta se trata de una partida originalmente muy pequeña.

Otros aumentos que cabe resaltar son, por ejemplo, el de un 151,4% de la Administración central en sanidad, a la que se destinará parte de los fondos provenientes de la Unión Europea (ReactEU). O que la partida dedicada a financiar íntegramente el Ingreso Mínimo Vital finalmente quedará en 3.017 millones para 2021, por debajo de las estimaciones de coste de muchos analistas.

Asimismo, el Gobierno invertirá cerca de 2.000 millones de euros en las políticas activas de empleo, a la par que se actualizarán las pensiones al IPC —¿alguien se ha preguntado qué hará el Gobierno si el IPC del ejercicio 2021 es negativo, tal y como pronostican muchos análisis? Finalmente, Unidas Podemos logró acelerar la política de control de precios de los alquileres, de manera que comience a aplicarse en menos de cuatro meses. Sin duda, tal y como lo ha calificado el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, la regulación del precio de los arrendamientos constituye una “economía de chancleta”, con perniciosos efectos sobre la economía.

Por último, la mayoría de las subidas fiscales planteadas afectarán en gran medida a las clases bajas y medias, un claro efecto regresivo. El Gobierno prevé un aumento total de la recaudación de 7.134 millones de euros, de los cuales 2.135 se ingresarían en 2022, tras la liquidación de tasas e impuestos correspondiente a ese ejercicio. La mayor parte de este incremento provendrá de alzas de la fiscalidad indirecta, que, tal como ha analizado con anterioridad Fedea [1], repercute desproporcionadamente en las rentas más reducidas. Para hacernos una idea, en 2017, el quintil más bajo de renta cargó con un peso de la imposición indirecta cercano al 20%, mientras el 1% más acaudalado no soportó más del 6%. Esto se debe a que, a mayores ingresos, el gasto relativo en bienes con elevada fiscalidad indirecta disminuye. Es decir, se destina un menor porcentaje de la renta a consumir bienes como, por ejemplo, combustible. Son precisamente estos bienes los que pretende tasar más duramente el Gobierno, con subidas del IVA a las bebidas azucaradas, el diésel o los plásticos de un solo uso, que, supuestamente, lograrán un engrosamiento de la recaudación de 1.900 millones de euros.

Por otro lado, el incremento de la fiscalidad relativa a sociedades brindará una hipotética recaudación adicional de 3.338 millones, según las estimaciones gubernamentales. Esto deriva de la reducción de las deducciones por dividendos de filiales empresariales al 95% desde el 100%, junto a la creación de nuevos tributos como la Tasa Tobin y la Tasa Google, cuyas consecuencias perjudiciales sobre la economía española ya analizamos.

La lógica dice que, aunque las empresas se traten del sujeto pasivo del impuesto, finalmente sean los consumidores los que afronten el coste adicional, o, al menos, la mayoría de este, debido a un efecto de traslación de precios.

Mientras tanto, el aumento de tres puntos en el IRPF para las rentas del capital superiores a 200.000 euros, o de dos para las rentas del trabajo por encima de los 300.000 euros, tendrán una capacidad recaudatoria mínima, que, unida a la disminución de la cuantía deducible de los planes de pensiones, alcanzará una tributación adicional de tan solo 491 millones al año; una estimación, a su vez, bastante inflada si la comparamos con los resultados recaudatorios de ejercicios anteriores.

En conclusión, y como se puede observar, son unos PGE absolutamente expansivos en materia de gasto, y deberemos permanecer atentos a cuáles de las inversiones adicionales propuestas presentan realmente una rentabilidad aceptable, al menos en términos agregados, debido a la disparidad de multiplicadores del gasto por sectores de la economía. En la parte fiscal, podemos comprobar cómo el grueso de la recaudación prevista recaería sobre clases bajas y medias, lo cual muestra un claro efecto regresivo de las mencionadas alzas tributarias. Nunca llegamos a pensar que tiempos pasados en la fiscalidad española pudieran ser mejores. Ubi est Montoro?

[1] López Laborda, J.; Martín González, C.; Onrubia, J. (2020), Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Fedea. Disponible aquí: http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-36.pdf