Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a continuos incumplimientos en los objetivos de déficit por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Las desviaciones de estas últimas son más abultadas, al haber triplicado su volumen de deuda durante los años de crisis. Sumando unas cuantas décimas cada año por encima de los límites, las CC AA han llegado a unos niveles insostenibles desde sus propios recursos. El coste de los intereses sería difícilmente asumible si no les ayudase el Estado, que se financia con intereses más bajos. Esto supone que las comunidades menos endeudadas acaban sufragando indirectamente los despilfarros de las más gastadoras.
Sin embargo, la economía enfila ahora una fase distinta, en la que, obligada por Europa, tiene que disponerse a reducir el volumen de deuda. Por un lado, el crecimiento de la actividad económica eleva la recaudación final; y, por otro, el aumento del empleo reduce los subsidios del paro. Además, un mayor volumen de PIB significa que la ratio que mide la relación entre éste y la deuda también disminuye, por lo que se puede mejorar la sostenibilidad de las obligaciones, a pesar de tener un ligero déficit. De hecho, el Ministerio de Hacienda ha fijado el objetivo de deuda de las CCAA en el 20,5% del PIB para 2018, frente al 23,7% actual. Los objetivos son más estrictos, comparativamente, para aquellas regiones que partían de unos niveles de deuda razonablemente bajos antes de la crisis y que los han aumentado más durante la recesión.
No se puede perder de vista la ingenuidad de estos números, debido a que la mayor parte de los gobernantes no se van a esforzar en tomar medidas impopulares si no se les obliga. Además, el escaso control existente podría disiparse tras las elecciones generales. No obstante, la imposición de una cifra introduce una medida objetiva del grado de cumplimiento y, con unas instituciones y leyes más exigentes, puede servir para disciplinar a los políticos populistas. Esto está ya sucediendo con las alcaldesas de Madrid y Barcelona, quienes no pueden aumentar sus dispendios tanto como les gustaría.
Hay cinco comunidades con notable exceso de deuda. Se trata de la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha, que deben reducir su volumen de obligaciones entre 3,8 y 8,3 puntos del PIB en los próximos tres años para llegar a ser sostenibles. Si estas regiones tuvieran que circunscribirse a los límites que marca la norma, se verían obligadas a acometer un fuerte ajuste en los próximos años. En caso contrario, verán cómo sus deudas las hipoteca haciendo que tengan que mantener unos impuestos estructuralmente mucho más altos que la media.
En una posición intermedia se encuentran Aragón, Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León, País Vasco y Cantabria, con un exceso de deuda de entre 1,9 y 3,2 puntos del PIB. Esta diferencia no es demasiado elevada, pero sí puede ser difícil de recortar para algunas de estas regiones, que no han sido capaces de ajustarse a los criterios de déficit. Finalmente, Madrid, Canarias, Galicia, Extremadura y La Rioja tienen fácil adecuarse a las exigencias de Hacienda, con la ventaja de que podrán pronto bajar impuestos y dinamizar la recuperación. La austeridad es la llave de la prosperidad, especialmente cuando se logra a través de la eliminación del gasto público no productivo.
