Después de unas elecciones generales en las que la economía no ha aparecido en el debate salvo una mezcla de ocurrencias, ideas más o menos ingeniosas y medidas aisladas desligadas de cualquier atisbo de programa coherente y omnicomprensivo, ahora llega el momento de la verdad. España no está preparada para abordar la clara desaceleración del PIB experimentada durante los últimos trimestres ni para evitar que esa dinámica se acentúe en un escenario de débil crecimiento global y con serias probabilidades de un contexto de estancamiento-recesión en algunos de los principales estados de la zona euro. Ante un panorama de esta naturaleza, el margen de aminorar esa situación con estrategias internas expansivas de índole fiscal-presupuestario o con acciones monetarias más laxas es limitado cuando no inexistente.
En este contexto, el nuevo Gobierno se enfrenta a la imperiosa necesidad de reducir el binomio déficit-deuda pública y de hacerlo en una economía con una progresiva tendencia a la baja que se intensificará en los próximos trimestres. Para conseguir ese objetivo no va a contar con el fuerte incremento de los ingresos en un contexto de ciclo bajista acentuado por el impacto sobre la demanda interna y sobre las cuentas externas de la elevación del precio del petróleo. Tampoco podrá contar con el BCE, que ha reducido a la mínima expresión su programa de compra de deuda soberana. En 2018, el desequilibrio de las finanzas de las Administraciones públicas se ha situado en el 2,5% del PIB, pero el déficit estructural permanece anclado en el 3% del producto. En otras palabras, el saneamiento está por hacer.
A los problemas presupuestarios apuntados se une la existencia de unos mercados de bienes y servicios blindados en gran medida a la competencia, incapaces de adaptarse con flexibilidad a los cambios del entorno y, por tanto, de contribuir a sostener la competitividad e impulsar la productividad en un contexto de ciclo bajista. En paralelo, el mercado laboral, pese a la reforma de 2012, se sitúa todavía entre los más rígidos de la OCDE y manifiesta una progresiva ralentización tanto en su capacidad de generar empleo como de ajustarse a un entorno de desaceleración sin destruirlo. Por último, el aumento del SMI, aprobado por el Gabinete socialista, ha comenzado a mostrarse como un eficaz instrumento para frenar la contratación de la mano de obra menos cualificada y el aumento del desempleo de ese tipo de capital humano.
Ante este panorama delicado, por no decir grave, es básico saber lo que hay que hacer pero, sobre todo, qué no hacer. Cualquier estrategia económica cuyo objetivo sea elevar el gasto público y los impuestos y mantener o incrementar la rigidez existente en los mercados conducirá el país hacia una intesificación de la desaceleración en curso, cuyo desenlace inevitable será una recesión. No existe posibilidad alguna de que un programa de esa naturaleza, el apadrinado por el PSOE y sus aliados antes de los comicios, permita corregir el déficit, crecer, crear puestos de trabajo y reducir el paro ni siquiera durante un breve espacio temporal. Las leyes económicas existen y quien las burla antes o después paga un alto precio en términos económicos y sociales.
Si se acepta ese diagnóstico es preciso decir a los ciudadanos la verdad, enterrar las promesas realizadas en una demagógica e irresponsable carrera electoral y plantear un programa de estabilización y liberalización de la economía capaz de moderar el descenso de la actividad, evitar una recesión y sentar las bases de un crecimiento equilibrado, sólido y sostenido. Este plano no puede traducirse en medidas de ajuste fino sino que ha de diseñarse con la vista puesta en el horizonte del medio plazo, esto es, una legislatura, anunciarse recién formado Gobierno y fijarse un calendario para su implantación.
La disminución del endeudamiento del sector público para cerrar el mandato legislativo con un presupuesto en equilibrio ha de articularse mediante la combinación simultánea de un severo recorte del gasto público y de los impuestos directos. Esta iniciativa conjunta permite minimizar el hipotético efecto lesivo de la contracción de los desembolsos públicos sobre la demanda agregada y, al mismo tiempo, estimular la oferta, es decir, los incentivos a trabajar, ahorrar y atraer capital exterior. Al mismo tiempo, la disminución del desequilibrio financiero de las Administraciones públicas reduce sus necesidades de financiación y libera recursos para el sector privado. Sin la caída del gasto público no es creíble ni sostenible ninguna bajada tributaria.
La consolidación presupuestaria ha de verse acompañada por una agenda liberalizadora que abra a la competencia sectores en los que esta no existe o está severamente limitada. Los mercados competitivos producen costes y servicios a los precios más bajos posibles, con lo que elevan la renta disponible de los ciudadanos, abaratan los insumos usados por las empresas incrementando su competitividad y crean la presión adecuada para impulsar innovaciones y aumentar la productividad. En España los segmentos de actividad con una insuficiente presión competitiva suponen alrededor del 40% del PIB, lo que basta para ilustrar el enorme lastre que suponen para el potencial de crecimiento de la economía nacional.
Por último es básico dotar de mayor flexibilidad a las instituciones laborales, superando las insuficiencias e inaplicaciones de la reforma laboral de 2012. La meta es eliminar la dualidad existente en el mercado de trabajo y crear empleo mediante la unificación y reducción de los costes del despido en todas las modalidades de contratación hasta la media de la UE, asi como limitar los casos de improcedencia a la violación de derechos fundamentales; eliminar la ultraactividad de los convenios; establecer la primacía de los de empresa como de los de ámbito superior; permitir un salario de inserción para los menores de 25 años inferior al SMI, etcétera.
Este paquete de medidas son las necesarias e imprescindibles para implantar un programa de choque capaz de conjurar la frágil, inquietante y peligrosa deriva de la economía española. De las reformas precisas para rediseñar el modelo socioeconómico español a medio y largo plazo escribiré la semana próxima.
