Una visión bastante complaciente sobre los ajustes presupuestarios consiste en decir que no hay de dónde sacar, que ya se ha pinchado en hueso y que cualquier disminución adicional del gasto supondría una considerable merma de los beneficios sociales para los ciudadanos, ya fuera porque implicase recortar la educación, la sanidad o las pensiones. No es así. Aparte de que una gestión privada de estos servicios pú- blicos podría incrementar su eficiencia, ayudando a mitigar los costes, todavía hay muchas pequeñas partidas de donde rascar. Un ejemplo: de acuerdo con los datos recopilados por la agencia de ‘rating’ española Axesor, entre 2008 y 2014, sólo las comunidades autónomas concedieron 58.400 millones de euros en subvenciones de forma discrecional. Esta cantidad habría sido suficiente como para reducir a cero todo el déficit generado por el país el último de estos años.
Sin embargo, las cifras parecen todavía mayores cuando se reducen a las proporciones de un presupuesto autonómico. Únicamente con las subvenciones concedidas a sociedades mercantiles a lo largo de este periodo se podría saldar una séptima parte del presupuesto autonómico, y la relación asciende a una cuarta parte en el caso de las cuentas de País Vasco, Madrid y Asturias. Sin embargo, los subsidios totales de cada una de las regiones son todavía mayores, ya que Axesor sólo desglosa los datos de las subvenciones a empresas. Así, por cada euro que las comunidades conceden a una compañía, ceden 1,3 euros más a fundaciones e instituciones que, en algunas ocasiones, son meras tapaderas de los partidos políticos.
Después de las tres comunidades mencionadas, aquellas que más dinero han destinado a financiar a las empresas son La Rioja, Castilla y León, Galicia y Aragón. Todas ellas han invertido más que la media, hasta una quinta parte de su presupuesto anual. Si bien es cierto que no todas las subvenciones son negativas para la economía, algunas se utilizan para financiar un servicio público que una empresa privada puede prestar en mejores condiciones, y de forma más flexible. Por regla general, las subvenciones pueden suponer una trampa, ya que muchos empresarios demasiado «avispados» crean compañías sólo para «chupar del bote» del dinero de todos, como es el caso de la extinta Gowex.
En sentido contrario, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Navarra y Baleares invirtieron un porcentaje de sus finanzas inferior a la media. Mención especial merece Baleares, que apenas gastó un 2,2% de su presupuesto anual y aun así (o gracias precisamente a eso) ha logrado el mayor crecimiento de España en este periodo. Con todo, no conviene confiarse, porque muchas de estas comunidades mantienen un oneroso tejido empresarial pú- blico que no figura entre las partidas de subvenciones, o bien adjudican contratos con sobrecostes para las compañías a las que quieren favorecer. Este es el caso de la Comunidad Valenciana, de Murcia o de Cataluña, que mantienen un importante entramado empresarial público mientras limitan las subvenciones al sector privado.
