Hay mucho político imprudente que no tiene en cuenta los efectos perversos que pueden derivarse de sus promesas electoralistas, especialmente para aquellos a quienes dicen que van a proteger. Por ejemplo, el Gobierno ha presentado un proyecto de presupuestos que, entre sus medidas más mediáticas, propone subir de golpe un 22,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) para que alcance los 900 euros.
Conviene advertir que el establecimiento de un SMI está muy cuestionado. Por ejemplo, en Europa carecen de él tanto países prósperos, como Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia, como otros en peor situación económica, el caso de Italia y Chipre. De necesitarse un indicador salarial que sirva de referencia, lo lógico es que éste se elabore desde datos objetivos y no por criterios políticos.
Los estudios del Banco de España, Fedea y BBVA Research coinciden en gran medida en sus conclusiones cualitativas sobre una subida abrupta del SMI. La más impactante es que no favorecería a ese 10% de empleados que ganan menos. Los más perjudicados serían los jóvenes, los mayores, las mujeres y los emigrantes. También disminuiría la contratación de los trabajadores menos cualificados. La razón es clara: se destruirían aquellos empleos que tienen un coste excesivo respecto a los ingresos que proporcionan a la empresa. Estas fuentes cifran la pérdida en Ideal.000 puestos de trabajo. En Alemania, la implantación en 2015 del SMI se cobró alrededor de 60.000.
Así, la desigualdad agregada apenas se reduciría, y tampoco lo haría la pobreza. Se equivoca, por tanto, la ministra de Hacienda cuando afirma que esta medida “no tendrá efectos en términos de creación de empleo, pero sí en dignificación”. La propuesta, de llevarse a cabo, difícilmente dignificará las condiciones de vida de los despedidos, quienes serán los verdaderos paganos de esta ocurrencia.
Además, hay otra secuela más grave para una economía como la española, muy endeudada y con un déficit fuera de control, por cuanto podría mermar sus ingresos fiscales. Se trata del aumento de la economía sumergida. Si se calcula la correlación entre la subida porcentual del SMI de enero de 2008 al mismo mes de 2018 en los países de la UE, y el porcentaje de lo que supone la economía sumergida respecto al PIB, el valor resultante es muy alto: un 0,734. Esta cifra indica que los países que más han incrementado el SMI son también los que presentan una mayor economía informal, y viceversa, dado que, para no tener que crear un puesto de trabajo con un elevado coste fijo, se opta por recibir el servicio sin declararlo. España se sitúa a la mitad, entre Italia y Portugal, pero sigue tratándose de una mala posición, ya que los países que están peor son casi todos de la antigua Unión Soviética.
Que un Gobierno haga promesas de gasto explosivo no sale gratis a un país, pues su credibilidad cotiza a la baja en los mercados, y esto ahuyenta a los inversores.
