La firma por parte de Gobierno, patronal y sindicatos del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional en 2018, ha reabierto el debate sobre la subida de los salarios en la economía española. Sobre esta cuestión se han ido pronunciando en los últimos meses los llamados “agentes sociales”, pero quien se ha mostrado con mayor contundencia ha sido la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, la cual afirmó el pasado julio que ante la caída del paro “ya es momento de subir salarios”.

Tomando las palabras de la ministra, surgen varias cuestiones: ¿es necesario subir todos los salarios? ¿La subida tiene sueldos que ser por igual a todos los traa la bajadores? ¿O en cambio las subidas deben estar condiciopara no nadas al crecimiento del empleo en la o de la productividad? Estas preguntas revelan hasta qué punto afirmaciones como “es la hora de subir los salarios”, son simplificaciones excesivas de una realidad mucho más compleja que todo esto y más aún dado el ya de por sí enrevesado modelo laboral español.

Una revalorización salarial lineal y generalizada, supondría volver al modelo laboral anterior a 2012 con todas sus consecuencias, entre las cuales se encontrarían presiones inflacionistas, pérdidas en la competitividadprecio-coste laboral ganada en los últimos años y reversión en el proceso de flexibilización del mercado dando más poder a la negociación colectiva sectorial. En definitiva es poner en peligro los logros más importantes del proceso de devaluación interna, los cuales se resumen en los siguientes números calculados a partir de los índices de competitividad publicados en el último Informe Trimestral de Competitividad del Ministerio de Economía: en términos acumulados frente a la Unión Monetaria Europea desde 2010 y hasta el tercer trimestre de 2017, la economía española ha ganado 1,8 puntos porcentuales de competitividad vía diferencial de inflación; 4,6 puntos porcentuales de competitividad vía valor añadido de las exportaciones y 12,6 puntos porcentuales de competitividad vía costes laborales unitarios.

Precisamente teniendo en cuenta que el mayor avance de la competitividad se ha hecho vía costes laborales unitarios L (una fracción que representa el coste salarial más seguros sociales por unidad de producto) se hace todavía más necesario un modelo laboral en el cual los crecimientos de los salarios (numerador de la fracción) vayan por detrás de las ganancias de productividad (denominador de la fracción). Dicho de otra forma: los salarios deben estar ligados a productividad y no a otros factores que hacen estructuralmente más débil a la economía española, haciéndola perder competitividad frente a sus socios de la eurozona en un mundo cada vez más dinámico y competitivo.

Evidentemente, esto no quiere decir que no sea necesaria una revalorización salarial, pero siempre de forma individual empresa a empresa, atendiendo a la realidad de estas y basada en la evolución del empleo y la productividad. En este momento, existe una recuperación salarial “a varias velocidades”: mientras los sueldos evolución de los más altos han igualado e incluso ganado debe ligarse poder adquisitivo productividad (aquí el porcentaje “ganador” corresponrepercutir de a los funcionarios competitividad de categoría superior y puestos de alto rango de la Administración Pública), el salario medio en el sector privado sigue sin recobrar los niveles previos, concentrando su ajuste en el rango más bajo de emolumentos.

Así puede verse tomando los datos de la Encuesta de Estructura Salarial cuatrienal publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se puede encontrar una medición de los emolumentos según la antigüedad en el puesto de trabajo. En este sentido, los sueldos de entrada al mercado laboral (antigüedad de menos de un año) han descendido al menos un 4,2 por ciento desde máximos, según el último dato disponible de 2014. La evolución desde entonces, siempre según las estadísticas del INE, apunta a un descenso moderado hasta 2016, momento a partir del cual se impone la contención salarial.

Pero es en el tramo más débil, el de las remuneraciones más bajas, donde la caída del salario promedio en el período 2010-2014 es de casi el 24 por ciento y del 30 por ciento desde el año previo a la crisis, 2006. Es decir, la pérdida salarial para los trabajadores con menor cualificación y productividad la comenzó antes que la devaluación general, que se inició a partir de 2011, adelantándose incluso a la Reforma Laboral de 2012. Ese año constituyó el punto de inflexión para una devaluación retributiva más aguda, que sirvió para frenar la destrucción de empleo, pero que no se ha recuperado conforme lo ha hecho la economía. Hoy, en consecuencia, se produce lo mismo que en 2007 pero con casi dos millones de trabajadores menos.

Por tanto, una evolución acompasada de salarios y productividad llevaría a un crecimiento promedio de los salarios de alrededor del 1 por ciento anual hasta el 2020, con lo que se recuperaría el poder adquisitivo perdido sin dañar la competitividad, en un entorno de crecimiento alrededor del 3 por ciento real y una tasa de inflaEl aumento ción al alza.

En cambio, una subida es ya de por salarial generalizada supefreno a la rior al 2 por ciento dejaría de crear 109.806 puestos de empleo de trabajo equivalentes a en nuestro tiempo completo, dificultando el objetivo del Gobierno de crear medio millón de empleos cada año hasta alcanzar la cifra objetivo de 20 millones de ocupados para finales del año 2019 y principios de 2020.

En sí, la subida del salario mínimo es ya de por sí un freno a la creación de empleo estable y un perjuicio especialmente notable para los trabajadores cuya retribución se encuentra entre el “sueldo moda” o sueldo más frecuente cifrado en 1.002,80 euros brutos y el salario bruto mediano cuantificado según los datos del INE en 1.594,50 euros. Aparte de que comparativamente los recursos destinados a subir el salario mínimo no pueden ser empleados en subir el sueldo de los trabajadores que menos ganan, la vía más perjudicial es la más que probable subida de base mínima de cotización que previsiblemente traerán los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que en breve se empezarán a negociar con los diferentes grupos políticos. Es el salario mínimo, en resumidas cuentas, una “barrera a la entrada” que obliga al empresario a destinar los recursos de los que disponía para contratar a más personal fijo o a subir el salario de los que ya tiene en plantilla, a desviarlos para pagar el salario mínimo y más costes sociales. Es el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento del subempleo, el cual en España supone la mitad de todo el empleo a tiempo parcial (50,7 por ciento) según Eurostat con datos de 2016.

Finalmente, en suma, el debate se reconduce hacia lo verdaderamente esencial en la cuestión de los salarios: ¿qué empresas o sectores pueden subir el sueldo de del SMI sus empleados y cuánto, fomentando su productividad? Desde el punto de creación vista macroeconómico, hay varias ramas de actividad estable donde los crecimientos de país la productividad, capital y posición competitiva hacen más propicia una subida salarial. No en vano, dichas actividades lideran la posición exportadora de la economía española y son responsables de buena parte del ahorro que España genera frente al exterior.

Así, compañías de tamaño mediano y grande de los sectores de componentes de automóvil, sector químico y farmacéutico, industria agroalimentaria o servicios de consultoría, ingeniería, financieros y de seguros -además de los servicios turísticos- son actores clave para una recuperación de los salarios prudente, procrecimiento y que ayude a la economía española a elevar sus niveles de bienestar.