Una de las mentiras más repetidas por los populistas es que sus medidas económicas no tienen coste, bien porque lo ocultan, bien porque se lo hacen pagar al ciudadano en facturas camufladas de consumos, como el de la luz. Esta desfachatez alcanzó máximos históricos el martes, cuando Unidos Podemos reclamó una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes, aduciendo que no tendría impacto presupuestario. Pero… claro que lo habría: el de los puestos de trabajo que se destruirían por no alcanzar la productividad del empleado los 18.000 euros que supone el coste mínimo por contrato para el empresario. A este perjuicio habría que añadir los subsidios a pagar a los nuevos parados y la consiguiente reducción de ingresos tributarios. Por ejemplo, en Alemania la introducción del SMI en 2015 supuso el despido de 60.000 trabajadores, y el desplome en un 55% en la creación de empleo indefinido. Si ese intervencionismo acarrea esos efectos en el ‘país locomotora’ de Europa, estimen lo que sería en España.
Pero ésta no es la única mina en el camino del pleno empleo: hay también cientos de regulaciones que bloquean ideas de negocio emergentes. Así se explica, entre otros motivos, la diferente fuerza en la creación de puestos de trabajo de unas regiones y otras. La dispersión de datos es alarmante. En 2015, por ejemplo, el mercado laboral se mantuvo estancado en Asturias, Murcia y Navarra, mientras que creció más de un 4% en Canarias, Baleares, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana.
A su vez, BBVA Research ha calculado que el empleo en las CC AA crecerá entre un 1% y un 5% este año, y entre un 0,6% y un 4,6% el próximo. Con ello, la tasa de paro caerá al 17,9% de la población activa. Sin embargo, si todas las regiones aumentaran su ocupación al ritmo de la más rápida, el desempleo caería hasta el 14,4%.
Por comunidades, las cifras son todavía más escandalosas. En Navarra, desde que accedieron al gobierno Bildu y Podemos, el ritmo de creación de puestos de trabajo se ha estancado abruptamente. Si esta región recuperase el liderazgo que ostentó en este campo antes de que los radicales alcanzasen el poder, lograría en apenas dos años el pleno empleo, con apenas un 5,3% de paro. Algo similar pasaría en País Vasco, con un 6,2%, mientras que La Rioja, Aragón, Madrid, Baleares y Cantabria conseguirían reducir el desempleo a un solo dí- gito. Además, el grueso del resto de las regiones (Castilla y León, Cataluña, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia) alcanzaría una tasa de paro menor que la actual media española en el escenario normal de previsiones. Finalmente, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Andalucía todavía mantendrían un índice de desempleo en torno al 20%.
La sociedad civil tiene que exigir a los políticos que dejen a un lado el populismo y aprueben sólo leyes laborales compatibles con la competitividad que exige el mercado global. El remedio para ayudar a quienes de verdad más lo necesitan no es subir el SMI, sino el de subsidios temporales puntuales. Hacer propuestas voluntaristas inviables es un fraude que pagan muy caro los ciudadanos que sólo quieren que les dejen trabajar en paz. Los políticos no pueden olvidar que el abuso del rigor regulatorio se transforma en ‘rigor mortis’ en las empresas más débiles.
