Esta semana el INE ha publicado los datos del gasto español en Investigación y Desarrollo (I+D) del año 2014. El gasto en I+D se contrajo un 1,5% con respecto a 2013. Una caída que es preocupante porque el gasto en I+D lleva cuatro años seguidos descendiendo. En 2014, la principal reducción del gasto se produjo en las empresas (-1,8%), aunque también ha disminuido el del sector público (-1,1%).
El año pasado, en España, se destinaron a la I+D 12.821 millones de euros, lo que representa el 1,23% del PIB. Inferior, por tanto, al 1,26% del año 2013 y alejado del 1,4% del año 2010, en que el gasto en I+D alcanzó su máximo histórico. Esta caída continuada es consecuencia de los recortes que como consecuencia de la crisis económica han realizado las empresas y las Administraciones Públicas (AAPP). Una situación lamentable que a medio plazo se dejará notar en una menor capacidad de nuestra economía para producir innovaciones. Conviene recordar que la inversión en I+D, junto con la introducción de tecnología extranjera y la mejora del capital humano, es la fuente principal para mejorar los niveles de productividad de nuestro tejido empresarial.
COMPARACIÓN INTERNACIONAL
Si comparamos la situación de España con la de otros países, el resultado sigue siendo poco halagüeño. Las últimas cifras de la OCDE disponibles muestran cómo el gasto en I+D en España, medido en porcentaje del PIB (1,23%), es bastante menor al de otras economías desarrolladas como Francia (2,23%), Gran Bretaña (2,73%), Austria (2,95%), Estados Unidos (2,73%), Japón (3,4%), Alemania (2,85%), Suecia (3,3%) y Finlandia (3,31%). Como media, los países de la OCDE gastan el 2,36% del PIB.
Como consecuencia de este menor gasto, la competitividad internacional de España es mucho más limitada que la de otros países desarrollados. El World Economic Forum sitúa a nuestro país en la posición número 33 del ránking mundial de competitividad y en el puesto 55 en capacidad de innovación; mientras que los países que más gastan en I+D como porcentaje de su PIB (Alemania, Japón, EEUU, Suecia y Finlandia) se encuentran entre los diez países más competitivos del mundo.
A la baja cuantía del gasto hay que sumar su mala distribución del mismo. Mientras las empresas españolas realizaron el 53% del gasto total en I+D, las AAPP (incluidas las universidades públicas) gastaron el 47% restante. Esto difiere bastante de la tendencia seguida por otros países desarrollados, como Alemania, Francia, Finlandia, Corea del Sur, Reino Unido o Estados Unidos, en los que el gasto empresarial ha ido aumentando hasta superar el 65% del gasto total en I+D. Esta proporción diferente de España pone de manifiesto la mayor dificultad que, con respecto a otros países desarrollados, tiene el sector empresarial español para desarrollar tecnología propia.
CAMBIOS DE POLÍTICA TECNOLÓGICA
De ahí la necesidad de una política tecnológica que aumente la innovación tanto en el sector privado como en el sector público. En este sentido, el sector público investigador podría orientar en mayor medida sus gastos en I+D a la obtención de resultados que fueran más útiles a las empresas. Para ello es necesario que el sistema científico público tenga una dirección clara y estable. Es decir, para la mejora de la competitividad de nuestro aparato productivo es preciso que la política científica y tecnológica mantenga un rumbo y unos objetivos definidos que generen certidumbre y estabilidad en los diferentes actores del sistema científico y tecnológico.
Para que eso se cumpla es imprescindible que la política tecnológica sea una política de Estado, consensuada por todos los partidos políticos con el fin de que no dependa del Gobierno de turno. El resultado de ese pacto serían cambios tanto en la cantidad como en la calidad de la I+D con el fin de que produzca mayor efecto sobre el tejido productivo de la economía. Entre esos cambios destacaría tres que afectan directamente al sector público investigador.
En primer lugar, fortalecer las relaciones entre los investigadores del sector público y las necesidades de las empresas. Para competir en los mercados internacionales, las empresas deben innovar, y dado que el 47% del gasto en I+D en España lo realiza el sector público, se deben estrechar los vínculos entre las universidades y otros centros públicos de investigación con el sector empresarial. Esto favorecería la innovación en las pymes que, por su escasa dimensión, carecen de departamentos de I+D.
Conseguir ese cambio de orientación en el sector público investigador no es un camino sencillo, pero sí necesario para aumentar la competitividad de las empresas. No se debe olvidar que las exportaciones están siendo la base para el crecimiento económico y del empleo en España. Para contribuir a ese proceso los centros públicos de investigación, especialmente los departamentos de las universidades públicas, deben conseguir una mayor cercanía con las empresas que les permita conocer sus necesidades tecnológicas.
Segundo, mejorar la formación de la mano de obra y atraer y retener a la más cualificada. En el año 2010, España tenía 222.022 empleados en actividades de investigación y desarrollo (medidos en equivalencia a jornada completa): desde entonces, se han perdido 21.789 (de ellos, 3.377 corresponden al año pasado). Los que nos gobiernan deben desincentivar la llamada “fuga de cerebros” impulsando con más intensidad programas de formación doctoral y posdoctoral de alta calidad o favorecer los intercambios con centros de investigación internacionales. Poner todos los medios a su alcance para retener y atraer investigadores y tecnólogos que aumenten la plantilla científica e innovadora del país.
Tercero, cambiar la manera de remunerar a los trabajadores de los centros públicos de investigación, vinculando una parte variable de sus ingresos a objetivos relacionados con la transmisión o venta de sus innovaciones a las empresas. Se trataría de introducir incentivos para aumentar la producción científica. En este sentido, la cultura de lo variable, aunque introduce cierta inseguridad en el profesorado, garantiza un mayor esfuerzo y en consecuencia una mayor productividad, lo que siempre sería positivo para la economía del país.
Además, y aunque en un principio los trabajadores de un centro o un departamento público de investigación puedan pensar que la cultura de lo variable les perjudica, en el medio-largo plazo puede resultar favorable a sus intereses personales, pues se les remunerará en función de su esfuerzo y no de lo que hagan los demás. La cultura de lo variable no revierte negativamente sobre los derechos de los trabajadores sino positivamente. Una medida que, en todo caso, requiere rigor y transparencia.
Los sucesivos recortes en I+D tanto públicos como privados han mermado considerablemente la capacidad española de innovación. De ahí la necesidad de implementar una política científica y tecnológica que impulse mucho más la inversión en I+D con el fin de obtener una mayor calidad y cantidad de innovaciones.
Se podría mejorar la orientación del gasto público en I+D para adecuarlo mejor a las necesidades de nuestro país. El resultado sería una mayor producción de conocimiento, mejora de la competitividad de las empresas, más crecimiento económico y un aumento del empleo duradero a largo plazo.
