13
jun
Colpisa

La búsqueda de material sanitario para tratar la escasez que había en España llevó al Gobierno a contratar a empresas de dudosa procedencia. El Ministerio de Sanidad pagó, hasta el 14 de mayo, más de 577 millones por mascarillas, respiradores, test rápidos, gafas protectoras y demás elementos de protección a empresas con dirección desconocida, según recoge un informe de la Fundación Civismo, que ha analizado los diferentes contratos hechos públicos por el Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 14 de mayo. Estas empresas, que solo representaban el 20% de los proveedores, fueron las beneficiadas del 54,2% de todo el suministro que necesitaba España.

Además, «la ineptitud del Gobierno en materia de gestión», como señalan los autores Francisco Coll y José Francisco López, se demuestra cuando el 12 de mayo hubo que modificar el BOE para poner el origen chino de las desconocidas empresas. «Era difícil que una empresa finalizada en LTD formara parte de nuestro tejido productivo, pero sin duda el Ejecutivo tenía que intentarlo», explican los autores de ‘El gasto sanitario ante el Covid-19’, donde han analizado 77 de los contratos más importantes publicados, realizados a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

También sorprenden las actividades de las empresas de las cuales sí se sabe su origen, como dos españolas (Hyperin y Value&Bro), que se dedican a la fabricación de cal y yeso y a actividades jurídicas. Ambas fueron contratadas para fabricar respiradores (la primera) y suministrar 1,4 millones de hisopos (la segunda). «Es cierto que el Gobierno debía actuar con la mayor rapidez posible y que muchas empresas se han reconvertido, pero cuesta creer que en España no hubiera compañías especializadas en un campo determinado, lo cual habría dotado a la transacción de mayor probabilidad de éxito», razonan los investigadores. Estas grandes compras no se realizaron hasta una semana después de decretar el estado de alarma, lo que «refleja la falta de experiencia del Gobierno central en obtención de material sanitario».

El análisis de ese tiempo demuestra la lentitud del Ejecutivo central a la hora de abordar la crisis sanitaria. La «escasez de equipos de protección» adecuados provocó que más del 15% de los contagiados en el país fuera personal sanitario, y, si se circunscribe a la franja de edad entre los 30 y los 49 años, ese porcentaje se duplica.

El 17 de marzo, tres días después de la declaración del estado de alarma y 46 días después de la aparición del primer caso de coronavirus en La Gomera, solo se habían repartido entre los profesionales situados en primera línea -médicos, enfermeros, policías o guardias civiles- medio millón de mascarillas y otro medio millón más acababa de llegar a España.

Aportación del sector privado

No sería hasta el 26 de marzo cuando el ministro Salvador Illa anunciaría un nuevo contrato de 500 millones para material sanitario. Estos vaivenes, según los autores, impidieron a las comunidades autónomas hacer acopio de material ,»y quedaron desabastecidas ante una pandemia que marcaba nuevos récords día a día».

Durante estos dos meses, el sector privado también tuvo un papel importante en la adquisición y la gestión de material sanitario. En esos dos primeros meses de pandemia, once empresas españolas aportaron 381 millones en donaciones; el Estado se gastó 1.064 millones en la misma época. «Eso significa que tan solo con donaciones directas obtenemos un 35% de todo lo invertido por el Ministerio de Sanidad», apuntan Coll y López.

Eso sin contar a aquellas compañías que compraron mascarillas por su cuenta, donaron material o cambiaron sus cadenas de producción para atender a la mayor crisis sanitaria del último siglo.


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