29
jun

La economía española ha cambiado de un modo muy notable desde el inicio del nuevo milenio. Han sido 20 años de prácticamente constantes vaivenes económicos, que se han ido enderezando, dando patadas hacia delante, efectuando minúsculas reformas que nos salvaran de la quiebra de cara a Europa, o implementando políticas de mucho mayor efecto en la prensa que a pie de calle. Y así hemos llegado hasta donde estamos hoy. La ausencia de reformas estructurales de calado, la acumulación de déficit y deuda pública, el agotamiento de las políticas de estímulo, etc., han contribuido a tejer la mecha que han terminado de prender la irrupción de la covid-19 y la debacle económica que supondrá a nivel global. Las políticas de sostenimiento de los niveles de rentas y de inyección de liquidez al tejido productivo se podrían haber diseñado e implementado de mejor manera, por ejemplo, a través del establecimiento de ciertas líneas de liquidez sin retorno para empresas que fueran solventes antes de la pandemia, lo que garantizaría el mantenimiento de gran parte de la capacidad productiva. En su lugar, el Gobierno de España decidió diseñar las políticas de liquidez pertinentes, en su mayor parte a través de avales para préstamos bancarios (transfiriendo de esta manera un gran riesgo al sector financiero, ya que no todos los avales eran públicos, tal y como se comentó anteriormente).

Dichas políticas ya están decididas y en marcha. Por otro lado, la prolongación del marco establecido para los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre de 2020 es una gran noticia, ya que permitirá la reincorporación progresiva a la actividad de muchos trabajadores actualmente sometidos a esta medida, y evitará una explosión repentina de los costes laborales que no vayan acompañados de una recuperación, al menos parcial, de los niveles de demanda previos. Pero, como decíamos, las políticas a corto plazo ya se han aplicado. Por ello, a partir de ahora, el objetivo de la política económica no debe ni puede ser la patada hacia delante. Nunca más. Desde ahora, hemos de imaginar una España de futuro, ya que eso permitirá limar cuidadosamente las deficiencias estructurales de nuestra economía, que son muchas y muy variopintas. Debemos volver a pensar en los altos (altísimos) niveles de desempleo como algo temporal, como un bache coyuntural, y no como la enfermedad crónica que representa para España, reflejada en las altísimas tasas de paro estructural.

Sin embargo, tristemente, este no es el único problema para el país. Es cierto que, durante el último lustro, el crecimiento de la economía fue mucho más sostenible que el acaecido durante los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Aun así, los desequilibrios de la economía nacional, junto a sus fallas estructurales, hacen que haya muchos más motivos de preocupación que de celebración. España no ha logrado (tampoco ha habido intención) reducir sus niveles de déficit y deuda pública de manera relevante a lo largo de los últimos ejercicios, incluso mientras crecíamos a un ritmo considerable. Mientras tanto, nuestro mercado laboral sigue siendo altamente ineficiente y presentando graves fricciones que ni siquiera con la reforma laboral de 2012 se pudieron corregir. La tasa de abandono escolar continúa por las nubes (en comparación con la de otros países europeos), al tiempo que la formación profesional y técnica parece haberse olvidado, pese a los excelentes resultados que dicho modelo formativo ha recabado en Suiza o Alemania, al proporcionar alternativas a aquellos ciudadanos que no desean acceder a la universidad. Por supuesto, también se hicieron cosas bien durante la última recesión, como elevar el peso de las exportaciones sobre PIB hasta el 35%, a través de un proceso de internacionalización e integración en las cadenas de valor globales. Aun así, este factor no ha logrado incrementar el crecimiento orgánico de las empresas españolas, de las cuales, el 99,8% continúan siendo Pymes o microempresas. Esto supone un problema muy grave por la mayor fragilidad de nuestro tejido empresarial frente a países comparables, tanto en términos de potencial destrucción de empleo como de sostenibilidad del potencial productivo de la economía. Pero, ante todo esto, ¿qué podemos hacer?

Nadie tiene la varita mágica para salvar la economía española y convertirla en punta de lanza de la europea en los próximos años. Pero, en cambio, a lo largo de estos últimos meses, sí que se han realizado una serie de propuestas por parte de economistas nacionales de enorme prestigio que apuntan en la dirección correcta.


Nadie tiene la varita mágica para salvar la economía española y convertirla en punta de lanza de la europea en los próximos años


Muchas de ellas se han podido escuchar en las comparecencias en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Buen ejemplo de ello fue la de Rafael Doménech, hace varias semanas, consistente en introducir un modelo de mochila austriaca para los nuevos contratos, que afectaría tanto a los temporales como a los indefinidos. Un modelo de bonus-malus que ayudaría a prácticamente eliminar la elevadísima dualidad que padece en la actualidad el mercado laboral español. La regulación actual (no a causa de la reforma laboral de 2012, sino de las grandes rigideces que históricamente caracterizan a nuestro mercado de trabajo) es económicamente ineficiente, ya que establece enormes diferenciales de coste entre el empleo temporal y el indefinido, lo que genera altísimas tasas de temporalidad y reduce los incentivos para invertir en formación o capital intangible, tal y como analizamos en ocasiones anteriores. En este sentido, Doménech ha propuesto en varias ocasiones una modificación de la regulación laboral que ayudaría a cerrar la brecha existente. La idea pasa por reducir el número de contratos que hay en la regulación laboral española a tres categorías, e incluir una reforma de la indemnización para los contratos temporales y una variable en el tiempo para los indefinidos, en función de su antigüedad en la empresa. Esto flexibilizaría el marco actual y permitiría erradicar algunas de las fricciones previamente comentadas.

Otra de las aportaciones más relevantes, que coincidió en el día con la de Doménech en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción, fue la del economista Juan Ramón Rallo, quien delineó políticas para atraer y generar inversión masiva desde el sector privado, y así poder mantener estables los flujos de liquidez de las empresas solventes, a niveles similares a los de antes de la crisis, principalmente a través de incentivos al ahorro y recortes del gasto público en partidas no esenciales. Asimismo, remarcó que, si a lo largo de la crisis hiciera falta subir los impuestos por graves caídas de los ingresos, debería hacerse en los indirectos, pero nunca en aquellos tributos que afecten de manera más directa al ahorro.

Por otro lado, podemos y debemos afirmar orgullosamente que Europa está haciendo su trabajo. Desde las instituciones comunitarias se ha apoyado la cohesión social y económica de sus miembros, a través -en términos de política fiscal- de un fondo de recuperación denominado Next generation EU. Este sirve de ayuda a los países y empresas para garantizar su liquidez a lo largo de los próximos meses, pero estos agentes han de ser responsables y saber invertir dicho capital, lo que no equivale a gastarlo. A falta de aprobación definitiva, el fondo se estructuraría de la siguiente manera:

  1. Unos 650.000 millones se destinarán directamente a los Estados miembros como ayudas, siempre que el plan resulte compatible con los objetivos marcados por el Semestre Europeo, el cual establece una serie de metas en política macroeconómica que deben cumplirse para que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia vayan liberándose progresivamente.
  1. Por otro lado, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concederá una serie de ayudas a las empresas, que sumarán 18.000 millones de euros en total, de los cuales 15,3 se implementarán como ayudas a la inversión. Los 3 millones restantes actuarán como mecanismos de liquidez para tratar de garantizar la solvencia de aquellas compañías localizadas en los sectores más afectados por la covid-19.
  1. Por último, incluye 12.500 millones, de los cuales cerca de un 75% se destinarán a la inversión sanitaria, a fin de dotar al sistema de capacidad de respuesta ante pandemias o fenómenos inesperados que generen una elevada disrupción.

En la siguiente tabla, podemos observar cómo España ha sido el país que menos pagos de impuestos ha diferido durante la pandemia, lo que supone una importante merma de liquidez para las empresas durante el estado de alarma. Todos los países líderes optaron por aplazar el pago de algunos de los impuestos más asfixiantes, pero en España, tanto por falta de voluntad política como de un colchón fiscal, no se adoptó prácticamente ninguna medida en este sentido.

[1]

En conclusión, debemos adquirir conciencia de la situación excepcional de la economía española, pero aprovechar estos tiempos para realizar reformas estructurales de calado, que ayuden a eliminar progresivamente las deficiencias de nuestro modelo productivo. Solo repensando nuestra economía seremos capaces de construir una España de futuro.


[1] Anderson, J., Bergamini, E., Brekelmans, S., Cameron, A., Darvas, Z., Domínguez Jíménez, M., Midões, C. (2020, 23 de junio). The fiscal response to the economic fallout from the coronavirus. Bruegel Dataset. Disponible en https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/


Deja un comentario