Uno de los grandes debates a lo largo de los últimos años frente a los ajustes presupuestarios ha sido que los recortes ponían contra las cuerdas al llamado Estado del bienestar. No es así. En primer lugar, el grueso del ajuste se ha cargado sobre el gasto productivo, mientras que el porcentaje dedicado a las prestaciones sociales crecía de manera continua. En segundo, porque ese Estado del bienestar no es eficiente, ya que se pueden reducir gastos sin hacer que los más necesitados sufran las consecuencias. Eso podría incluso acabar con algunos incentivos perversos, por ejemplo, vivir del subsidio de desempleo o de la subvención cuando uno puede trabajar. Y, finalmente, porque había… y hay una enorme madeja de burocracia y entramados empresariales por desenredar, que también puede contribuir a aligerar el gasto público.
En los últimos tres años se han suprimido 467 entes y empresas públicas autonómicas, un 20,8% del total. Aunque esta cifra todavía se queda a medio camino, muestra que es posible adelgazar la Administración por la vía de la grasa, y no atacando al músculo. Por ejemplo, Baleares ha liquidado más de la mitad de sus corporaciones autonómicas, sin dejar por ello huérfanos de servicios básicos a sus ciudadanos. Más adelante, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León también han hecho un esfuerzo por disolver unas empresas públicas que rara vez se justificaban por sus características demográficas. Por ejemplo, ¿era normal que Baleares tuviera más corporaciones que Madrid pese a contar con mucha menos población?
En el otro lado de la tabla se sitúan aquellas comunidades que han hecho un menor esfuerzo de consolidación. Se trata de Andalucía, Madrid, Extremadura, Asturias, Canarias, Navarra, Aragón, Cataluña y La Rioja. Varias de estas regiones han preferido recortar en gastos esenciales antes que ajustar su entramado público empresarial. Con todo, hay que puntualizar que no todas lo habían desarrollado igual en la última época de crecimiento. Por ejemplo, la Generalitat catalana tenía en 2012 el triple de empresas que Madrid pese a poseer una actividad económica muy similar, mientras que Andalucía contaba con el doble. Además, es necesario precisar que, si bien muchas comunidades han aprovechado el adelgazamiento de la Administración para reducir gasto, otras sólo han hecho un gesto simbólico, aglutinando varias empresas públicas en una única matriz.
Hay varias razones por las que cerrar una empresa pública puede ser positivo. La primera es la posibilidad de venderla al mejor postor en el sector privado, lo que supone una fuente de ingresos para la Administración que redunda en nuevas inversiones o reducciones de deuda. La segunda es la posibilidad de que una compañía privada, o varias, operen de forma más rentable. Al introducir la competencia y hacer que las empresas que sean más competitivas obtengan más beneficios, el sector público puede lograr que sus servicios esenciales se presten de forma más eficiente, ahorrando dinero al erario público. Finalmente, las empresas públicas suelen ser una ‘caja negra’ donde meter deuda y colocar a amigos y familiares, al margen de que sirvan de «puertas giratorias» para políticos que se quedan sin cargo. Reduciendo su número, se acaba con esta fuente de corruptelas.
