18
feb
Diario de Sevilla

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha rechazado la aprobación de la tasa de servicios digitales y ha advertido de las «duras consecuencias» para la economía española que se derivarán de su aplicación unilateral.

En un comunicado, la asociación ha incidido en que el impuesto derivará en «una fuerte pérdida de competitividad» en las empresas españolas, produciendo la fragmentación del Mercado Único Digital, la paralización de la inversión en España y aislando al país del contexto digital global.

Desde Adigital apuestan por una regulación «aceptada y consensuada a escala global» y remarcan la necesidad de abordar un debate dirigido a la adecuación del marco regulatorio a la economía digital en particular, y también en el ámbito impositivo. Sin embargo, ha recordado que este debate debe abordarse desde el punto de vista internacional, especialmente dado el carácter global y digitalizado de la economía, y «nunca de manera unilateral» como la pretendida por el Consejo de Ministros para España.

Asimismo, advierte de que la adopción unilateral de un impuesto digital ha sido cuestionada por organismos internacionales como la Comisión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que, a su juicio, fracciona el Mercado Único europeo y el Mercado Único Digital.

Además, recuerda que medidas fiscales de este tipo adoptadas en el pasado han demostrado generar una «fuerte inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas e inversores» y estima que esta solución transitoria sería también un «claro obstáculo» para la participación del país en el debate internacional, dejando a España en «una situación de excepcionalidad hasta el necesario acuerdo a nivel internacional».

La Fundación Civismo estima que este tributo se traducirá en una reducción neta de 302,6 millones de euros del PIB de España durante el primer año de implementación.

El informe El coste de los nuevos impuestos, elaborado por los investigadores Javier Santacruz y Álvaro Martín, destaca que esta reducción neta del PIB estimada se deberá a las pérdidas permanentes en la cadena de valor, la disminución de la inversión, los incentivos a deslocalizar la innovación, los perjuicios económicos sobre la demanda, así como el efecto sustitución de los contenidos digitales gravados en favor de los que no lo están.

Por su parte, el estudio Impacto económico del impuesto digital en España, realizado por Santacruz, añade que este impuesto hará que España «pierda atractivo inversor» e incentivará a las grandes empresas tecnológicas a establecer sus sedes fuera de las fronteras del país.

El estudio apunta que su aplicación supondrá la reducción en dos puntos porcentuales del margen bruto sobre importe neto de la cifra de negocios de las grandes compañías tecnológicas, es decir, 178 millones de euros anuales menos para un sector compuesto por 9.800 empresas que generan casi 40.000 puestos de trabajo, y pondrá freno a su tasa de crecimiento anual, que es del 4,8%.

Por otro lado, la Fundación también incide en que con esta fiscalidad España está adoptando una solución unilateral mientras sigue el debate en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.

Fundación Civismo indica que en la práctica, la tasa Google constituye un arancel, al gravar el comercio digital dentro de España y no el efectuado con una contraparte no residente. Por tanto, considera que se está ejerciendo una discriminación entre el mercado exterior y el interno, el cual supone el 36,5% de todas las transacciones digitales. En cuanto a la demanda, para el usuario final de servicios digitales la proyectada tasa del 3% traerá consigo un sobrecoste de 0,47 euros por cada acto de compra que realice.


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