Ranking: Derecho de propiedad
24 de mayo de 2023

Hasta la llegada de Sánchez era impensable que, por puro electoralismo, un Gobierno se atreviera a incautarse de la propiedad privada, un derecho que se respeta en todo el mundo libre. La Generalitat de Cataluña está imitando el ‘exprópiese’ de Hugo Chávez, una confiscación brutal que salió muy cara a Venezuela, porque acabó con las inversiones extranjeras en ese país. La aplicación de esa misma política iniciada por Pere Aragonés hundirá el mercado inmobiliario en Cataluña y perjudicará el prestigio de España.

La Ley del Derecho a la Vivienda considera “gran tenedor” a aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en la misma zona declarada como tensionada. La Generalitat ha sentado el
precedente de poder apropiarse de viviendas en 14 municipios, al precio que dictaminen los expoliadores oficiales. Además, se ha vituperado a quien no desee arrendar viviendas, como sospechoso de atropellar el
derecho de los desafortunados a disponer de una morada. Si a esa posible
usurpación se añade que la okupación de inmuebles en esa comunidad autónoma es la mayor de España y que la nueva Ley de Vivienda impide un rápido desalojo (en el caso de que los inquilinos sean personas vulnerables), la conclusión es clara: la crisis inmobiliaria se agravará porque nadie invertirá en la construcción de viviendas. La violación del derecho de propiedad inmobiliaria no solo constituye un freno a la construcción de grandes mansiones para turistas, que tantos puestos de trabajo genera, sino que además suprimirá el incentivo a invertir en esa región. El Banco de España ya lo ha advertido en su último informe, al afirmar que intervenir en el alquiler provocará una elevación de precios y una disminución del número de viviendas disponibles, justo lo contrario al aumento de oferta que propone la nueva ley. Un régimen sólido de derechos de propiedad
fomenta la confianza de la población en la financiación de actividades económicas. Por el contrario, nadie arriesga en una región donde percibe riesgos de perder la pertenencia de lo que se adquiera. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (International Property Rights Index 2022) valora los derechos de propiedad física privada de acuerdo a
tres criterios: un derecho a la propiedad física unido a una justicia eficiente, un proceso de registro fiable con garantías y el acceso la financiación para
lograr la propiedad. Si seleccionamos la muestra de las naciones de la OCDE, el país mejor se respeta una propiedad física, como la de una vivienda, es Finlandia con 8,53 puntos, seguida de Suiza (7,82), Luxemburgo (7,76), Nueva Zelanda (7,75) y Países Bajos (7,72). Por el contrario, los países
en los que la propiedad física está más cuestionada son Grecia (4,07), México (4,34), Turquía (4,38), Hungría (4,53) y Colombia (4,72). España ocupa la vigésimotercera posición de la clasificación, un mal lugar que
desincentiva al extranjero que esté seleccionando un territorio europeo en el que invertir. Por último, también disuade a instalarse en España el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Tanto porque ese tributo no existe en otros países como por la impresionante inseguridad jurídica que encierra.

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