05
sep
Expansión

Cuando en un mercado cualquiera, sea de viviendas, de productos agrarios o de trabajo, la oferta es superior a la demanda a un precio determinado, éste tiende a bajar. Y si se establecen restricciones para impedir –o reducir– la caída de los precios, el resultado es un exceso de oferta sobre demanda mantenido en el tiempo; es decir, alimentos que no se venden, viviendas desocupadas o trabajadores en paro.

Es absurdo olvidar este principio tan básico de la economía cuando se analiza el comportamiento del mercado de trabajo en España y se proponen soluciones para tratar de mejorar una situación que, en varios sentidos, es realmente preocupante. Pero los hechos son los que son; y, a pesar de las restricciones que una legislación laboral muy rígida establece, las leyes del mercado acaban funcionando también en este sector. El exceso de oferta sobre la demanda de trabajo ha reducido los salarios en nuestro país, en especial los de determinados grupos de trabajadores.

Y esto es lo que ha llevado a la formulación de propuestas para tratar de elevar la renta de los empleados con menores ingresos. La más debatida en los últimos días ha sido el llamado “Complemento salarial garantizado”, que figura en el documento 150 compromisos para mejorar España que firmaron recientemente el Partido Popular y Ciudadanos. La idea, aunque se ha formulado de una forma bastante vaga, es ya bien conocida. Se trata de establecer –en palabras del documento– “un impuesto negativo sobre la renta de las personas físicas en forma de Complemento Salarial Garantizado, que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral y su renta, y sus condiciones y patrimonio familiar”. En el texto del acuerdo se incluye la previsión de la dotación presupuestaria anual de este programa. Pero no sabemos cuál sería la cuantía de la ayuda en cada caso ni cómo las condiciones antes mencionadas influirían en ella.

No tengo datos, por tanto, para hacer una estimación mínimamente fiable de los efectos de este programa; pero puede tener interés realizar algunas reflexiones sobre su idea bá- sica, que no está despertando precisamente entusiasmo entre los economistas españoles. En primer lugar, hay que señalar que, aunque el proyecto se presenta como una forma de impuesto negativo sobre la renta, en realidad no es tal cosa. Un impuesto negativo sobre la renta hace referencia al total de ingresos que obtiene una persona –o una unidad familiar–, no a su salario. Y –más importante aún– este proyecto, como muchos otros en el mismo sentido, se aparta en un aspecto fundamental de la idea de un impuesto negativo sobre la renta que hace ya bastantes años presentó Milton Friedman. Lo que éste planteaba, básicamente, era sustituir determinadas transferencias y servicios ofrecidos de forma gratuita por el sector público por un ingreso global que recibiría la gente que no alcanzara un nivel mínimo de renta. Tal ingreso permitiría a cada persona adquirir en el mercado los bienes y servicios que necesitara sin depender directamente de las políticas públicas; lo que, en su opinión, elevaría la eficiencia de la economía y mejoraría el bienestar de la gente. Aquí se trata, en cambio, de elevar los salarios más bajos con la ayuda del Fisco, que es algo bastante distinto.

Resultados indeseables

Por otra parte, todo indica que este complemento salarial podría producir algunos resultados indeseables en el mercado de trabajo. En primer lugar, habría que plantearse una cuestión que surge siempre que se diseña un programa de subvenciones: ¿a quién benefician éstas? En principio, el objetivo parece claro: los precios subvencionados, en los mercados de bienes y servicios, benefician a los consumidores; y los salarios subvencionados, a los trabajadores. Pero, ¿es esto así al cien por cien? No, evidentemente. Es un resultado bien conocido en teoría económica que los oferentes se apropian de una parte de las subvenciones al consumo. Y hay razones para pensar que las empresas se apropiarían de una parte de este complemento salarial. La fórmula es fácilmente imaginable. Si –supongamos– los salarios de menos de 1.000 euros reciben el complemento, ¿por qué no pactar con el empleado un salario menor y que sea el Estado –es decir, el contribuyente– quien pague la diferencia? ¿Y por qué no pactar que una parte del sueldo sea en negro? No son especulaciones, sino resultados obtenidos en experiencias internacionales semejantes.

Por otra parte, con el complemento, los empleados de menores ingresos tendrían un claro incentivo a trabajar menos y a quedarse siempre por debajo del nivel mínimo fijado. En nuestro ejemplo, si un salario de 900 euros recibe un complemento de 100, ¿por qué alguien trabajaría unas horas más para aumentar sus ingresos en 80 ó 90 euros? El problema de fondo que hay detrás de todo esto es bien conocido en política económica: las ayudas vía precios suelen funcionar mal porque distorsionan el mercado. Por ello, si se quiere elevar el nivel de consumo de determinados grupos sociales son preferibles, por lo general, las transferencias directas. Y volvamos a nuestro mercado de trabajo. Si sus desequilibrios se deben, en buena medida, a una regulación muy intervencionista y defectuosa, ¿no sería mejor eliminar distorsiones, permitir que el mercado funcione –y que así el paro se reduzca– y ayudar por vía directa a aquellas personas que realmente lo necesiten?


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