Hace un mes, señalaba en ‘El delirio de Chivite‘ que los españoles harían bien en no olvidar que la presidenta de Navarra gobernará esta comunidad gracias a Bildu, tal y como ellos mismos se encargaron de recordarle. La última manifestación del sometimiento del PSN al nacionalismo ha sido su reciente respaldo a este partido, a Geroa Bai y a Podemos en su oposición a los recursos presentados por PP, Ciudadanos y Vox ante el Tribunal Constitucional (TC) con motivo de la Ley de Abusos Policiales, que fueron admitidos el pasado viernes.
Esta ley permite a una suerte de tribunal político determinar, sin intervención de un juez, que alguien es bien víctima, bien torturador, y en caso de que considere que se trata de lo primero, concederle una reparación económica significativa. Es decir, habilita a los socios de Gobierno de Chivite, de demostrada afinidad al terrorismo de ETA, para acusar de forma absolutamente arbitraria a quienes velan por el mantenimiento del Estado de derecho en la Comunidad Foral.
Esta ley es muy similar a otra que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el año pasado por no cumplir con las garantías procesales que marca la Carta Magna. Por ello, no resulta extraño que se hayan aceptado los recursos presentados contra ella. Una aceptación que, a los ojos de Chivite y sus compañeros en el Ejecutivo, constituye un ataque contra el autogobierno y una estratagema “para ganar en los tribunales lo que no han conseguido en este Parlamento”, como señaló la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz.
No sorprende que Podemos, Bildu y Geroa Bai se alineen en contra del bloque constitucionalista en este punto. De nuevo, lo verdaderamente remarcable es la actitud del PSN —y, por supuesto, el refrendo del PSOE. Y es que, actuaciones como esta no dejan sino dos posibilidades que la expliquen. La primera, que el sentido agradecimiento del PSN a EH Bildu por haber contribuido a la investidura de Chivite se enmarque en la deriva ideológica del PSN hacia una euskaldunización de Navarra. La segunda hipótesis —que va ganando enteros cada día que Sánchez pasa en La Moncloa en esta pantomima a la que llamamos Gobierno en funciones— consiste, sencillamente, en que el gesto del PSN haya venido motivado por una cuestión meramente instrumental: mantener la concordia en una comunidad que aspira a gobernar. En otras palabras, podemos hallarnos ante un PSN aquejado de un preocupante síndrome de Estocolmo, o ante maniobras que constituyen el pago —o el primero de muchos— de un rescate que puede salir carísimo a los navarros y a los españoles en general.
Tanto la primera como la segunda posibilidad explican por qué el PSN respalda ahora una ley que no apoyó en marzo y que, como se ha señalado antes, vuelve sobre los pasos de una norma anterior ya declarada inconstitucional. En realidad, ambas opciones se tratan de las dos caras de una misma moneda. Si la deriva ideológica es real, la oposición a la Constitución Española resulta evidente. Pero si estamos ante el último ejemplo de utilitarismo sanchista, en el contexto de esta polémica también supondría un acto profundamente inconstitucional. Mucho me temo que el aconstitucionalismo en el que pretenden navegar Sánchez o Chivite no existe. O se es constitucionalista o anticonstitucionalista. Y el PSOE nunca debería haber desertado de lo primero.
