Sin privacidad no hay libertad, porque nuestra conducta se perturba cuando nos sentimos observados. Lo habitual es que tendamos a cambiar nuestro proceder para pasar desapercibidos ante quienes nos escudriñan, con lo que nuestra actuación resulta menos libre. Si queremos impedir que nos influyan sin que lo advirtamos, debemos evitar, o al menos reducir, la vigilancia a la que estamos sometidos.
El navegador y otras aplicaciones informáticas son el Gran Hermano que monitoriza y registra todo lo que hacemos electrónicamente, hasta el punto de que nos conoce mejor que nosotros mismos. Los servicios que nos presta el ordenador en realidad no son gratuitos, porque, cada vez que accedemos a una web sin rechazar el acceso a nuestros datos personales, un sofisticado software los procesa y los vende al mejor postor. Ciertamente, las aplicaciones vuelven tediosa la negativa a que se queden con nuestra información, pero quien no se moleste en prohibirlo perderá su privacidad y el derecho a su intimidad, dado que podrán rastrear su vida.
Eurostat ha presentado una investigación que muestra el comportamiento ante la cesión de los datos personales en el uso de internet, con unos resultados sorprendentes. El 50% de los internautas no dan permiso para emplear la información con fines publicitarios, menos del 40% leía las declaraciones de políticas de privacidad antes de comenzar sus búsquedas y tan solo el 33% verificó que el sitio web donde proporcionó sus datos era seguro.
Sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que no consienten la utilización de su información personal con fines publicitarios varía mucho entre los estados miembros de la UE. Los mayores porcentajes se observaron en Países Bajos (73%), Finlandia (70%), Dinamarca y Alemania (ambos 63%), y España (62%). Por el contrario, los menores se registraron en Bulgaria (10%), Rumanía (20%) y Grecia (29%).
También resulta muy dispar el grado en que los usuarios comprueban si la web a la que ceden los datos es un sitio seguro. Destacan Países Bajos (62%), Dinamarca e Irlanda (52%), República Checa y España (48%). En el extremo contrario figuran la República Eslovaca (12%), Lituania (18%) y Grecia (19%).
Si la sociedad civil no defiende la privacidad, facilitaremos que el Estado se apropie de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión. Así, el control de las algaradas callejeras está sirviendo para que algunos países europeos pretendan justificar la suspensión de los servicios de la red o la monitorización activa y preventiva de los ciudadanos. Cada vez que nos atemorizan bajo el pretexto de garantizar nuestra seguridad, habría que traer a colación la frase de Benjamin Franklin: “Aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos”.
Para proteger la libertad hay que valorar la privacidad; sin dejarse engañar y menos por quienes gobiernan. Un caso claro de la obsesión de nuestros políticos por aumentar su control lo encontramos en la progresiva restricción del uso de dinero en efectivo. Se suele argumentar que con ello se persigue prevenir el fraude, cuando hace decenios que los delincuentes de verdad no acarrean dinero físico, sino que lo mueven mediante monedas virtuales o transferencias a paraísos fiscales. Será temible el día en que nos obliguen a que todos los pagos se realicen electrónicamente. Entonces se podrá saber tanto de cada ciudadano que quien controle esa información poseerá un poder absoluto.
