En los últimos días, si hay un tema que ha marcado la actualidad económica ha sido el pacto alcanzado por el Gobierno con formaciones políticas como Bildu o Podemos. Un acuerdo que implica una serie de reformas que conllevaría la destrucción de una serie de medidas como la reforma laboral, que obligaría a España a renunciar a una recuperación más acelerada. Hasta la propia Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno de España, ha manifestado lo absurdo de derogar dicha medida.

Muchas son las razones que muestran la irresponsabilidad que supone derogar la reforma laboral que, ante la crisis de 2008, tuvo que aplicar el Gobierno para crear empleo; máxime ante la situación que presenta el país, donde los pronósticos que realiza el Banco de España muestran un escenario futuro bastante pesimista.

Con el enfriamiento en la creación de empleo que ya mostraba la economía española en los meses predecesores a dicha crisis, incentivar la creación de puestos de trabajo, dinamizando la contratación por parte de las empresas -en un escenario en el que además la contratación pública se verá resentida por las cuentas que presenta el país-, es la única vía posible para la recuperación.

De acuerdo con los estudios realizados por BBVA Research, dicha reforma laboral no solo agilizó la creación de empleo en el país, sino que evitó la destrucción de más de un millón de empleos que, tal y como recoge el citado estudio, se habría destruido de no ser por esa flexibilidad agregada a un mercado laboral estancado. Una flexibilidad que, salvaguardando el deterioro en la calidad del empleo y la contratación, permitió a la economía española comenzar a crear empleo, a la vez que las exigencias en materia de crecimiento económico para crear empleo, el nivel de crecimiento exigido, se iba reduciendo, tal y como recoge la ley de Okun.

Así, la economía española comenzó a dinamizar una tasa de desempleo que, por aquel entonces, sobrepasaba el 23%, permitiendo que, a cierre de 2019, dicha tasa de desempleo se situase -aunque aún en un rango demasiado elevado en comparación con el resto de grandes potencias- en el 14%.

Un desempleo estructural que, de no haber aplicado dicha reforma laboral, podría situarnos en un escenario en el que, como recoge el promedio de la tasa de paro en su serie histórica, situase la tasa de desempleo en un paro estructural del 17%. Pues, aunque dicho empleo fuese de menor calidad, como íbamos diciendo, la economía española precisaba crear empleo, aunque conllevase un coste como el mencionado.

Como recoge muy bien la ley de Okun, el comportamiento de la economía española muestra una mayor sensibilidad del empleo a las variaciones en el crecimiento económico.

La reforma laboral que quiere derogar el Gobierno permite un nivel de crecimiento menos exigente para comenzar a crear empleo. Sin embargo, la aversión al riesgo de las empresas españolas es más intensa que en otros países. Por ejemplo, el tipo de negociaciones entre sindicatos y empleadores en el mercado laboral español facilita el ajuste de cantidades, frente a posibles variaciones en los salarios, así como en las horas trabajadas. Además, los empleos temporales (30% de las contrataciones) y a tiempo parcial predominan ampliamente en el mercado español, tras la introducción de la reforma laboral, sumado a unos costes de despido muy bajos en comparación con los asociados a los empleos indefinidos, provocando una peculiaridad en el comportamiento de nuestro mercado de trabajo.

Así, a la luz de los datos, podemos observar cómo la flexibilidad en el mercado laboral se ha convertido en un pilar fundamental en la economía española.

La rigidez en el mercado laboral implicaría la reducción del contrato temporal, incluso su extinción, pero los efectos perversos que podría tener dicha medida en la economía informal o en la contratación podrían ser devastadores. Especialmente en una economía en la que la tasa de desempleo, tanto a nivel general como juvenil, sigue presentando uno de los mayores índices del bloque económico europeo.

Revisar la reforma laboral es preciso y necesario. Pero es preciso que dicha revisión se realice en los plazos correctos y no en medio de una crisis que no requiere reformas de este tipo.