Es de sobra sabido que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, los políticos disparan el gasto para despertar expectativas de que la situación está mejorando. Todos quieren presumir de que ciertas obras ya están acabadas, de que se prestan más servicios o de que se han creado más puestos de trabajo, aunque los hayan creado ellos mismos con los impuestos del prójimo. Esta última es una de las posturas más graves, ya que aparenta que se genera actividad económica y riqueza cuando, en realidad, tan solo supone una generación artificial a partir de los recursos de todos los demás. De esta forma, las comunidades autónomas y ayuntamientos crearon 43.600 puestos en 2014. Esta cifra sale de restar el número de funcionarios estatales, según el ministerio de Hacienda, al total de empleados públicos en cada comunidad, según el Instituto Nacional de Estadística.
Sin embargo, esta cifra se repartió de forma muy desigual. De hecho, sólo en la Comunidad de Madrid se crearon 59.300 empleos, mientras que ocho comunidades ajustaron sus plantillas. Después de la capital se sitúan Andalucía (13.700 nuevos trabajadores públicos), Comunidad Valenciana (13.100), Castilla y León (5.200), País Vasco (2.000), Navarra (1.600), Murcia (1.000), La Rioja (600) y Galicia (300). Con todo, el caso más destacado es el de Madrid, no sólo por el volumen de la contratación (el empleo público aumenta un 22,7%), sino también porque hasta 2013 esta región era el modelo de eficiencia. Sólo el 9,8% de los trabajadores estaba empleado en la administración madrileña. Ahora, esa cifra sube hasta el 11,5%, un punto más que Baleares, y se sitúa al mismo nivel que Cataluña.
De hecho, la comunidad catalana ha sido la región que más ha tenido que ajustar su plantilla (-20.600 trabajadores) para frenar el grave deterioro de sus cuentas públicas. Por detrás se sitúan Canarias (-13.100 empleados), Castilla-La Mancha (-7.000), Aragón (-4.600), Extremadura (-4.000), Cantabria (-3.100), Asturias (-700) y Baleares (-100). Con todo, esto no significa que algunas de estas comunidades se encuentren entre las más eficientemente administradas. En Extremadura, por ejemplo, uno de cada cinco empleados trabaja para la administración local o regional, mientras que la proporción se sitúa por encima del 15% en Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía, Castilla y León y Cantabria.
Algunos políticos que han gastado más de lo presupuestado, quizá por el temor de perjudicar su imagen ante unas elecciones, defienden la imposibilidad de hacer más recortes. Dicen que «se ha llegado al hueso». Sin embargo, la desigualdad entre las comunidades muestra que eso no es cierto, ya que todas prestan unos servicios similares con diferentes tamaños de plantilla. Sólo con que ciertas autonomías se situasen al nivel de la media española, el gasto en personal podría caer un 7,6%. Naturalmente, eso no significa que el empleo tenga que disminuir en la misma medida, ya que esos ahorros se pueden traducir en fuertes planes de formación, incentivos para la contratación en el sector privado, menores impuestos o mayores facilidades para abrir empresas. Una mayor austeridad del sector público, lograda por una mayor eficiencia, podría ser una formidable palanca para el crecimiento de la actividad económica.
