- Los PGE 2018 no corrigen el agujero sistémico de las cuentas públicas, ya que aumenta el gasto estructural un 3,71%, apoyándose en un incremento del 4,6% en los ingresos cíclicos (pero no en los estructurales, que caen un 0,8% sobre el total de ingresos públicos). Esto absorbe todo el ahorro de las partidas cíclicas (prestaciones por desempleo, que se reducen un 3,4%, e intereses de la Deuda, que ahorran 624 millones, lo que supone un 2,1% menos).
- El Proyecto presentado daña la contributividad del sistema de pensiones, al incentivar el cotizar por las bases más bajas, dado que las subidas se concentran en aquellos pensionistas que apenas han cotizado y en los que reciben pensiones asistenciales.
- En medio de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, estos PGE introducen incentivos perversos que propician un “mal” ajuste fiscal, al cambiar gasto público por Deuda. Se destinan 4.248 millones adicionales al sistema de financiación autonómica, junto a los 16.500 millones previstos en el Capítulo VIII para, principalmente, el FLA.
La presentación en las Cortes del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 desvela la política fiscal que desea ejecutar el Gobierno, y con la que busca los apoyos necesarios para mantenerse un año más. Se trata, por un lado, de un Presupuesto expansivo o pro-cíclico, puesto que combina rebajas de impuestos con aumentos del gasto público que actúan a favor del ciclo económico y, por otro, fomentan la permanencia del actual déficit estructural en el 2,6% del PIB, el cual apenas se ha reducido en 3 décimas en el último ejercicio presupuestario.
A pesar de la persistencia del déficit estructural –incluso también de la del primario, del 0,65% del PIB, siendo que para reducir Deuda de una forma más contundente debería generarse un superávit del 2%–, el Gobierno, tal y como reconoce el propio ministro de Hacienda, utiliza el incremento proyectado de los ingresos cíclicos para expandir un gasto de naturaleza estructural, como lo es la igualación (al alza) de los salarios de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, la subida de las pensiones de cuantías bajas, el aumento en un 1,75% del sueldo de los funcionarios, la expansión de la plantilla pública en 8.110 nuevos empleados y la concesión de más recursos a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Todo esto eleva el gasto estructural un 3,71%, imponiendo una rigidez al alza, a pesar de que el crecimiento del PIB nominal esté aproximadamente un punto porcentual por debajo de su promedio histórico. Esto, además, incrementa más de lo esperado el consumo público, ya que dos terceras partes corresponden a remuneración de asalariados. Sólo desde octubre, fecha en la que comenzó la negociación con los sindicatos de los sueldos de los funcionarios, la previsión de consumo público se ha disparado del 0,7% al 1,1%. Aunque esto, a efectos de PIB real, es positivo, perjudica la sostenibilidad de las cuentas públicas, especialmente para lograr la estabilidad presupuestaria que necesitaría una economía como la española, con un endeudamiento exterior ya de por sí abultado.
Aunque esgrime sana prudencia en los supuestos del Cuadro Macroeconómico (crecimiento del PIB del 2,7%, inflación medida por el deflactor del PIB en el 1,5%, 475.000 empleos más, y un superávit de las cuentas exteriores del 1,7%), el Proyecto de PGE para 2018 incluye una previsión ciertamente optimista de ingresos públicos, especialmente en materia de IRPF, IVA y Sociedades, para los cuales presupuesta incrementos en el entorno del 6%. Para alcanzar semejante tasa de variación, el Gobierno ha supuesto previamente que las bases imponibles de los impuestos que más recaudan se van a volver mucho más elásticas o sensibles respecto a la actividad económica.
A día de hoy, resulta arriesgado pensar que esto será así a la luz del cierre presupuestario de 2017, donde la recaudación de los principales impuestos directos –IRPF y Sociedades– se ha quedado 1.000 millones por debajo de lo presupuestado por estas mismas fechas del año pasado, y eso con un crecimiento nominal de la economía del 4%. Ahora, atendiendo a lo presupuestado, tres décimas más de crecimiento nominal –gracias a una actualización de la previsión en medio punto porcentual del deflactor del PIB– tendrían que generar 5.000 millones adicionales de recaudación por IRPF, en el mismo año que se aplicará una nueva rebaja fiscal sobre los rendimientos brutos del trabajo por debajo de los 18.000 euros anuales.
Incentivos perversos en la reforma de las pensiones
En segundo lugar, las pensiones menores de 12.000 euros brutos que hagan Declaración de la Renta se beneficiarán doblemente: por la rebaja del IRPF, y por el incremento de entre el 1 y el 1,5% en función de la cuantía bruta. A ello se suma una subida mayor de la esperada en las pensiones mínimas y en las más bajas del sistema (+3%), y un incremento de la base reguladora del 52% al 54% para el cálculo de la pensión de viudedad. Esta medida afecta a siete millones de pensionistas de los más de 9 millones actuales, por lo que su impacto sobre el gasto estructural es significativo y obstaculiza la entrada en vigor en 2019 del “Factor de Sostenibilidad”. Es otra rigidez al alza, visto que los actuales gobernantes harán todo lo posible por no bajar la pensión en términos nominales aunque la legislación así lo dicte (el Factor calculado a día de hoy impone reducir la pensión media one-shot un 3%).
Por último, en este mismo campo de las pensiones, todavía queda el que probablemente será un largo y tedioso trámite parlamentario para conseguir mayorías y plantear que los complementos a mínimos y las prestaciones por viudedad y orfandad sean sufragados por la caja general de impuestos y no por la Seguridad Social. De esta forma, se evitaría alterar la contributividad del sistema de la Seguridad Social, que, de no ser así, generaría incentivos a cotizar por las bases mínimas y buscar, llegada la hora de jubilarse, que el Gobierno suba las pensiones en una proporción mayor que lo cotizado. Si algo tiene que evitar el sistema público de reparto es aumentar el ya de por sí generoso retorno actual por euro cotizado a valor actuarial.
El problema de la financiación autonómica
El sistema de financiación autonómica vive en un desbarajuste permanente, ya que los actores implicados, Gobierno y CCAA, no han sido capaces todavía de llegar a un acuerdo estable y sostenible en el tiempo.
Por un lado, el Ministerio ha exigido un duro ajuste nominal a los fiscos regionales, mientras la Comisión de Expertos para la reforma de la Lofca pide restringir su margen de maniobra con tributos propios y cedidos. Pero, por otro, se les dan incentivos perversos de corresponsabilidad tributaria en materia de recaudación y suficiencia financiera, de forma incondicional, e incluso a tipos de interés cero desde 2016, y además con quitas en los créditos. En 2018 se proponen destinar 16.500 millones adicionales para el FLA y Pago a Proveedores, y otros 4.248 millones de gasto financiado por el Estado Central.
Esto ha llevado a algunas regiones a incrementar el gasto público con fines electoralistas, sin sentido de la responsabilidad, al saber que si vuelven a tener problemas, Hacienda las rescatará. Por tanto, España se enfrenta a un ajuste fiscal incompleto, asimétrico y con incentivos perversos, como se puede ver en los datos de cierre de 2017 del déficit público en porcentaje del PIB, los cuales hay que tratar con sumo cuidado puesto que no están corregidos por las entregas a cuenta de Hacienda y la liquidación de lo que han cobrado de más o de menos en los años anteriores.
Conclusión
En resumidas cuentas, la prioridad absoluta debería pasar por generar un superávit primario por encima del 2% para empezar a amortizar Deuda Pública y hacer desaparecer el déficit estructural. Esto es absolutamente necesario con una Deuda Pública cercana al 100% del PIB, que tendrá que compatibilizar los incrementos procedentes de la Seguridad Social, que ha saltado por encima de su promedio histórico (en un año ha aumentado un punto de PIB, hasta el 2,4%), con una reducción mayor de los pasivos PDE en la Administración Central.
Sin embargo, para acometer esta tarea, hace falta un recorte de gasto público, y ésta es una tarea que ningún político querrá asumir ahora, justo a las puertas de un nuevo año electoral.
