02
oct

El sistema público de pensiones español no es sostenible. Muchos políticos aún tratan de buscar excusas y aprovechan cualquier resquicio para defender que resulta viable en su estado actual, con el único objetivo de no tener que afrontar su reforma y, por lo tanto, verse obligados a alcanzar un consenso, más tecnocrático que político, con sus rivales parlamentarios. Pero la realidad y las perspectivas no son nada halagüeñas. La AIReF recientemente publicaba un nuevo informe[1] en el que actualizaba sus previsiones al respecto. Con la presente tasa de sustitución bruta registrada, del 59,4% para un salario medio, que descenderá a un 53,3% para 2050, y con las previsiones demográficas de la AIReF, el gasto en pensiones estimado para dentro de 30 años alcanzaría un 14,2% del PIB, cuando hoy representa alrededor del 10,9%. Este aumento de 3,3 puntos porcentuales no se puede pasar por alto, ya que muestra una tendencia preocupante, que cristaliza en la merma futura de las aportaciones al sistema por la contracción de la ratio trabajadores/pensionista. Por lo tanto, las previsiones de la AIReF, pese a presentar un escenario incluso optimista (en contraste con otros informes al respecto como los de BBVA o la OCDE), ponen de relieve una vez más la imperiosa necesidad de reformar con urgencia el sistema y brindar soluciones de futuro.

Las propuestas en ese sentido han de tener, aparte de viabilidad económica, cabida política. Aunque la solución real pasaría por una transición controlada hacia un sistema mixto de capitalización y reparto con un fondo de cobertura intergeneracional, a día de hoy, políticamente, dicha opción no gozaría de ningún recorrido y no llegaría a ser más que papel mojado. Por ello, debemos centrarnos en formular propuestas a la vez factibles y susceptibles de cosechar el respaldo de la gran mayoría de partidos. Si queremos un verdadero cambio de rumbo y asegurar la supervivencia del sistema de pensiones, las reformas han de mostrarse pragmáticas y realistas.

En primer lugar, tal como se ha comentado, las previsiones demográficas actuales arrojan un panorama de aquí a 2050 en el que las cotizaciones se verían muy depauperadas por una notoria reducción de la ratio trabajadores/pensionista. Ante esto, como primera medida, debería plantearse ajustar el cálculo de la pensión con toda la vida laboral como base reguladora y no los últimos 23 años como ahora. Esto permitiría un sistema general de cálculo único para todo tipo de trabajadores, incluyendo tanto a los del régimen general como a aquellos por cuenta ajena y autónomos. A su vez, para que esto resultara posible, tal como han propuesto en reiteradas ocasiones expertos como Rafael Doménech[2], convendría convertir el modelo actual en uno de cuentas nocionales individuales, que instauraría un equilibrio perdurable de manera casi automática. Ante la realidad más que evidente de una disminución de la generosidad del sistema, Doménech señala además la necesidad de proveer a los ciudadanos con información individualizada y transparente sobre la pensión que cobrarán en el futuro, para otorgarles una mayor capacidad de decisión y planificación personal. Ambas propuestas son cruciales y altamente viables con un mínimo esfuerzo de consenso político.


Una modificación esencial a corto y medio plazo sería la aplicación inmediata del factor de sostenibilidad del sistema


Por otro lado, y aunque en el panorama político actual sea más difícil de abordar, han de anularse inmediatamente las anteriores reformas o los más recientes cambios, ya que van en la dirección diametralmente opuesta a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. En primer lugar, se debe reintroducir la vigencia y el funcionamiento del índice de revalorización de las pensiones (IRP) para evitar que estas se actualicen indexándose al IPC, sin tener en cuenta los consiguientes desequilibrios. Otra modificación esencial en el corto y medio plazo se traduciría en la aplicación inmediata del factor de sostenibilidad del sistema, el cual ajusta la variación de la pensión en función de la esperanza de vida media de la generación pensionista del momento. Otro hecho que puso al descubierto hace relativamente poco un informe del Banco de España[3] es que, a día de hoy, no existe equivalencia actuarial entre lo cotizado y la prestación cobrada en las pensiones contributivas, de modo que se recibe de media un 174% de lo cotizado al sistema a lo largo de la vida laboral. Dicha equivalencia actuarial debería tratarse de un objetivo a alcanzar en el medio plazo si deseamos reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social y garantizar la estabilidad de las pensiones.

Debemos plantearnos, asimismo —más en el largo plazo—, progresar hacia un modelo en el que la pensión pública no constituya más que una muleta de apoyo al ahorro privado de toda una vida. Esto no significa dejar a nadie atrás, sino que, junto a propuestas como las mencionadas, se podrían plantear sistemas como el opt-out o el de automatic enrolment[4], dado que han funcionado muy bien en países como Suecia o Reino Unido, este último ejemplo de aplicación práctica de las teorías de la Economía Conductual al sistema de pensiones, que asegura así la sostenibilidad de los ahorros de aquellos con menor formación financiera.

Otra propuesta muy atractiva, y que, además —al menos sobre el papel—, dispone de un amplio consenso político, consiste en la introducción de un sistema de mochila austríaca. Otro tema a estudiar y negociar políticamente sería el volumen de las aportaciones, la corresponsabilidad en ellas entre trabajadores y empleadores, y sus diversos usos. Lo idóneo sería reducir el peso de las cotizaciones al sistema de pensiones y a la Seguridad Social, y el diferencial destinarlo a la “mochila”, que podría servir de contribución complementaria —a libre elección del trabajador— en caso de despido, y el remanente al final de la vida laboral emplearse como prestación extraordinaria para la jubilación.

En conclusión, aunque algunos consideremos que lo óptimo para el sistema de pensiones español sería una transición ordenada hacia un sistema mixto de capitalización y reparto con un fondo de cobertura para dicha transformación, la realidad es que no existe (ni resulta probable que vaya a haberlo) consenso político para una reforma de tal calado, por lo que hoy en día resulta más relevante realizar propuestas viables tanto económica como políticamente.


[1] AIReF (2020). Actualización de previsiones demográficas y de gasto en pensiones. Documento Técnico 1/20. Disponible en https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/09/PREVIS-DEMOGRAFICAS/200928-Documento-T%C3%A9cnico-previsiones-demogr%C3%A1ficas-y-gasto-en-pensiones.pdf

[2] Doménech, R. (2017). El sistema público de pensiones en España. Propuestas de mejora. Presentación ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, BBVA Research. Disponible en https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/03/PPT-Domenech-Pensiones-Pacto-de-Toledo-15mar2017-vf-1.pdf

[3] Banco de España (2020). Una estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones. Artículos Analíticos- Boletín Económico 3/2020.  Disponible en https://s03.s3c.es/imag/doc/2020-08-11/be2003-art24.pdf

[4] Sobre el funcionamiento del sistema de automatic enrolment británico: https://www.thepensionsregulator.gov.uk/en/employers


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