España es el único país de la Unión Europea que mantiene el impuesto sobre el patrimonio. Grecia, Hungría, Italia, Portugal y la República Checa eliminaron hace bastantes años este tributo. Francia lo suprimió el 1 de enero de 2018 y lo sustituyó por un gravamen que atañe solo a las viviendas con un valor superior a 1,3 millones de euros. El resto de países comunitarios nunca han gravado la riqueza. Tampoco existe este tributo en 33 de los 38 países de la OCDE, siendo España la nación de esta organización en la que más se tributa por los patrimonios pequeños.
En la Comunidad de Madrid este impuesto no existe, lo cual brinda un gran servicio a España, pues evita que la mayoría de las fortunas nacionales escapen a la carrera a Portugal u otros países con similar o mejor trato fiscal. ¿Qué haría usted si cada año la Agencia Tributaria le pudiera expropiar el 3,75% de su patrimonio, tal como ocurre en Extremadura? Lo cierto es que, si este impuesto no estuviera bonificado al 100% en Madrid, habría una fuga de grandes fortunas hacia donde no exista un expolio semejante, lo que supondría una notable pérdida de inversores para España.
Este atractivo que tiene la Comunidad de Madrid lo ha cuantificado el Colegio de Registradores, que en 2020 calculó que Madrid obtuvo el 61,6% del capital desembolsado para constituir sociedades anónimas en todo el país. Sin embargo, la cifra más concluyente es que, el año pasado, la comunidad captó el 75,2% de la inversión extranjera directa en España, lo que supuso 17.910 millones de euros.
La competitividad fiscal es el mejor indicador para calibrar la eficiencia del gasto de una Administración, lo que se traduce en ofrecer mejores servicios sociales con los menores tributos posibles. España ha sido el país de la Unión Europea con mayor déficit (11%) en 2020, en buena parte porque Sánchez gasta demasiado en áreas que no debieran ser prioritarias en la peor crisis de nuestras vidas.
Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Igualdad crecerá en 2021 un 157% respecto al año anterior. Como el déficit está descontrolado, las cuentas no pueden ajustarse. Por eso la ministra de Hacienda nos quiere vender el relato justiciero de la armonización fiscal para subir los impuestos, en contra de la ministra de Economía. Lo que pretende la Moncloa con esta trampa es obligar a Madrid a imponer impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones similares a los del resto de comunidades, aunque esto suponga frenar en seco la locomotora económica de España.
Si revisamos los gráficos y promediamos las tres clasificaciones para distintos patrimonios, se advierte que Madrid es el mejor sitio para ser contribuyente, porque no se paga nada. Le siguen los territorios forales de Vizcaya y Álava, donde tampoco se liquida nada para un patrimonio de 800.000 euros, en el que están exentos los 300.000 euros de la vivienda. Guipúzcoa es la siguiente Hacienda menos exigente. Por otro lado, si analizamos las regiones más confiscadas, asignamos la categoría de infierno fiscal a Extremadura, seguida de la Comunidad Valenciana y Baleares. Los políticos debieran recordar la empírica curva de Laffer que muestra una obviedad: cuando se alzan en exceso los tipos impositivos la recaudación total disminuye.
