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Actualidad Económica

La tasa de paro juvenil española de menores de 25 años se situó en noviembre del año pasado en el 40,9%, la más elevada de la OCDE, pues casi triplica su media, que se cifra en el 14,3%. Nuestro país suma un total de 657.000 jóvenes sin empleo tras un incremento de 187.000 en 2020. Estos números no pueden dejar indiferente a nadie con un mínimo de sensibilidad social, y menos si está en un gobierno. La vida de un joven que no encuentra trabajo durante los años que siguen a la finalización de sus estudios, con frecuencia, se malogra, porque sentirse excluido del mercado laboral despierta una profunda frustración. Todo buen ciudadano aspira a contribuir a la sociedad a la que pertenece, para lo cual desea poder mantenerse con su trabajo, en lugar de vivir del esfuerzo ajeno. No conseguirlo se percibe como un fracaso.

También nuestra tasa de paro en conjunto se trata de la más alta de la OCDE: asciende a un 16,4% frente a un 9,6% de media. Sin embargo, la de los jóvenes debiera generar mayor inquietud que la del total de la población, porque, al compararlas con las medias respectivas de la OCDE, la desproporción resulta mucho mayor en aquella que en esta: es 1,7 veces mayor en la general, frente a un 2,9 en la de los menores de 25 años.

El paro juvenil de España ha alcanzado tal magnitud por dos razones: la regulación laboral y la formación impartida. La subida del salario mínimo a 1.108,33 euros mensuales (en 12 pagas) ha supuesto la desaparición de los empleos en los que el coste de empresa supera el valor que genera un trabajador al empresario. Dado que los jóvenes cuando comienzan a trabajar tienes salarios bajos, las subidas del SMI sí les afectan. Si atendemos a la reciente investigación de Marimpi y Koning (IZA Journal en Labor Policy vol. 7, art. 5), también perjudica al empleo de los jóvenes que los países apliquen un mismo SMI para toda la población, en lugar de establecer distintos de estos salarios por grupos de edad.

Fuente: OCDE

Respecto a la formación, tal como ha demostrado el Informe PISA, contamos con uno de los peores sistemas educativos de la OCDE. Nunca la comprensión lectora había resultado comparativamente tan baja, y, sin embargo, no se ha analizado a fondo si influye el añadir al currículum escolar una lengua autonómica. Lo que sí parece repercutir es el escaso nivel de exigencia de nuestra enseñanza. Así, la promoción de curso sin haber aprobado todo debilita el esfuerzo, al desincentivarlo. Tampoco ayuda no mandar deberes para hacerlos en casa, una práctica que favorece el hábito del estudio. Inculcar actitudes pasivas provoca inmadurez, lo que resta capacidad de iniciativa a los candidatos a la obtención de un empleo.

Sin exámenes institucionales, no se comprueba el progreso de los alumnos, ni se les obliga a preparar concienzudamente unas pruebas. Los países que logran un mejor aprendizaje en los estudiantes poseen unos sistemas públicos de evaluación competentes, precisos y contrastados. Quizá, la clave del prestigio de Alemania resida en que se toman en serio la educación y buscan el mayor desarrollo de los escolares, en lugar de lo que hacen los políticos populistas españoles: utilizarla para imponer sus ideologías, sin respetar la libertad de los padres. 

Tras añadir a nuestro análisis el porcentaje de parados que ha recibido enseñanza secundaria y superior, encontramos que, en España, el tener más nivel de estudios no deriva en más empleo. Tal vez porque, cuando no hay oportunidad de trabajar, aunque la universidad no se tratase de la opción preferida por el alumno, esta se vea como un modo de presentar un mejor CV, lo que lleva a continuar estudiando, sin vocación ni una meta en el horizonte académico o laboral. Y así, es fácil quedarse por el camino.


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