El Congreso aprobó el pasado 25 de mayo una ley contra el fraude que prohíbe los pagos en efectivo por valor superior a 1.000 euros, para las transacciones en las que una de las partes sea un autónomo o una empresa. Hasta la aprobación de esta medida, el límite se encontraba en los 2.500 euros.

España se convierte así en el país europeo con el límite más bajo de los pagos en efectivo, junto con Francia y Portugal. España, Francia, Portugal, Grecia, Rumania, Italia, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovaquia y Polonia son los 12 países, de los 30 que componen la Unión Europea, que establecen limites legales a al los pagos en efectivo.

Tal y como se observa en el gráfico, las cantidades son tan distintas en las economías avanzadas que hacen injustificable la exagerada restricción española. Es impresentable que Hacienda vea a los tenedores de dinero en efectivo como a sospechosos de delito los que preventivamente aplica la perversidad de una implacable ión vigilancia. La justificac del Gobierno es poco creíble, e medios porque la utilización d enas de pago en efectivo ap contribuye al gran fraude. La calderilla que va a recaudar no debiera haberlo llevado a la violación de la intimidad que supone el control de todas las decisiones de gasto a partir del millar de euros.

La Moncloa dice que lo hace para impedir el fraude en el pago del IVA, una excusa insostenible. Hace dos años, el grupo socialista en el Parlamento Europeo desveló que España presenta un fraude en el IVA del 2,7%, de los más bajos de la UE. Solo tienen cifras inferiores Croacia (1,2%), Suecia (1%) y Luxemburgo (0,9%).

El Consejo Económico y Social de la Unión Europea aprobó en marzo un dictamen sobre estrategia de pagos minoristas en el que aseguraba que «es crucial preservar el acceso al efectivo y garantizar su acepta ción’, incidiendo en que es de «enorme importancia para la inclusión social y beneficiarse de los servicios básicos».

Porque son los más pobres los que menos medios de pago electrónicos usan porque les resulta más difícil abrir una cuenta corriente. También se perjudica a mucha gente mayor, especialmente la que vive en la España despoblada, donde no abundan las oficinas bancarias.

Hacienda no quiere enterarse de que los grandes defraudadores utilizan criptomonedas y operan a través de paraísos fiscales. Los ciudadanos de un país no pueden ser libres si se saben observados cada vez que gastan 1.000 euros o más. Con los pagos electrónicos, toda entrega queda registrada y, cuando un Estado posee tanta información, la tentación de usarla para aumentar su poder y manipular la opinión pública es irreprimible. Esta apreciación no es conspiranoica. Ya pasa China. Allí el Estado se presenta como quien sabe mejor lo que conviene a sus ciudadanos, lo que lo lleva a penalizar a los discrepantes. La ideología marxista ya no constituye la única amenaza totalitarista. Ahora el mayor peligro a la libertad reside en el Gran Hermano cibernético al servicio de un Gobierno sin escrúpulos, que observa y procesa lo que hacemos. Si quiere reducir la vigilancia a la que lo someten, la solución es fácil: pague siempre que pueda en efectivo.