Cualquier comerciante sabe que subir los precios de venta sin ofrecer mayor valor añadido se traduce en menos beneficios porque los clientes se van a la competencia. Sin embargo, muchos políticos no son capaces de entenderlo y se obcecan en fijar unos impuestos desmedidos, infravalorando que la gestión recaudatoria tiene unos costes elevados para Hacienda. Uno de ellos es la necesidad de más personal de alto nivel retributivo. Descontado este gasto de la recaudación bruta, los ingresos netos del fisco suelen ser muy inferiores a las cuentas del Gran Capitán elucubradas por el ‘hábil’ político de turno.
Éste es el caso particular del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, competencia de las comunidades autónomas, y en el que una potente subida de los tipos impositivos apenas impulsa la recaudación. Pongamos el ejemplo de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. Según un estudio del Consejo General de Colegios Economistas de España, si el finado viviera en Extremadura, su heredero tendría que pagar 158.796 euros; en cambio, la factura fiscal en Madrid saldría por menos de un 1% de esta cantidad (1.586 euros). Sin embargo, a pesar de esta enorme diferencia, Andalucía apenas recaudó por este concepto una media del 0,24% de su PIB entre 2010 y 2015, por un 0,2% en Madrid. Respecto a Canarias, que grava mil veces menos, la recaudación de la comunidad andaluza, que cuenta con 8,4 millones de habitantes, ni tan siquiera duplica la del archipiélago, donde viven 2,1 millones de isleños.
Resulta inevitable que los ciudadanos procuren esquivar las subidas de impuestos, y más cuando no llevan aparejada la prestación de un servicio público. Por eso, huyendo del expolio, los contribuyentes trasladan su residencia a las comunidades que ofrecen un mejor tratamiento fiscal y, así, se pierde el IRPF de los ‘fugitivos’. Esto explica la mayor rentabilidad de una tributación baja. Por ejemplo, Cantabria, la segunda comunidad más favorable a los herederos, fue la tercera que más recaudó entre 2010 y 2015 en relación a su PIB, mientras que Madrid, La Rioja y Baleares se situaron al mismo nivel que Andalucía, y Canarias ingresó prácticamente idéntica cuantía que la Comunidad Valenciana, pese a que allí este impuesto es 235 veces más elevado. Aunque, Asturias y Andalucía han cambiado para 2017 el Impuesto sobre sucesiones rebajando 200.000 y 250.000 euros el mínimo exento, esta reforma es irrisoria y no evitará la salida de muchos contribuyentes de clase media. La aversión de algunos partidos a los ricos siempre la paga la clase media.
Lo que deberían preguntarse los más afectados es: ¿qué me ofrece mi gobierno autonómico a cambio de quitarme una quinta parte de mi herencia? Y la respuesta es: prácticamente nada, porque apenas obtiene dinero como para financiar entre un 1% y un 2,6% de su presupuesto, unas cifras no muy superiores a las del resto de regiones. Por último, existe la posibilidad de que el heredero se vea obligado a rechazar lo que le han legado por el elevado gravamen que conlleva, como le sucede a una de cada diez personas. Esto se debe a que los tributos dependen del valor catastral de las propiedades, que en ocasiones supera al dinero que se puede obtener por su venta descontando las deudas, razón por la que no compensa asumirlas.
