La deuda pública es un impuesto «en la sombra». Así lo entiende el think tank Civismo que, en su informe sobre el Día de la Liberación Fiscal de 2016 ha apuntado que las obligaciones emitidas por las Administraciones Públicas «maquillan» el peso real de los impuestos, de manera que se traslada al futuro un pago que, de hacerse en el presente, elevaría de 180 a 276 el número de jornadas de sueldo entregadas anualmente a Hacienda.
El estudio de Civismo, firmado por Javier Santacruz, recuerda que la deuda ya se sitúa en el entorno del 100% del PIB. «La deuda pública se viene incrementando año tras año desde que estalló la crisis, por la falta de estabilidad presupuestaria y el continuo recurso al déficit. Esto supone una carga significativa para las generaciones presentes y futuras», apunta.
«Una conclusión fundamental de la teoría económica es que resulta indiferente financiar el gasto con impuestos o con deuda, ya que emitir deuda hoy no es más que trasladar el pago de los impuestos a mañana. Esta tesis, conocida como la de la Equivalencia Ricardiana, nos recuerda que Hacienda se ve continuamente en la tesitura de adelantar ingresos del futuro al presente cada vez que se endeuda como consecuencia de un déficit presupuestario», explica el informe de Civismo.
Casi 60.000 euros por ocupado
En términos monetarios, «el esfuerzo fiscal del contribuyente español se eleva en 8.220 euros una vez consideramos la deuda pública. Esta cifra viene creciendo conforme el pasivo estatal ha ido aumentando. Ahora mismo, la carga que supone la deuda pública para el contribuyente avanza a un ritmo del 3,5%, por encima de las tasas de aumento del PIB».
Civismo recuerda que «el endeudamiento público que ha asumido España recae sobre todos los contribuyentes, aunque los ocupados asumen el grueso de esta losa, ya que soportan toda la recaudación por IRPF y cotizaciones sociales, a lo que se suman sus aportaciones en otros gravámenes directos e indirectos. Pues bien, la deuda pública supera ya el umbral del 100% del PIB (casi 1,1 billones de euros en febrero de 2016), lo que equivaldría a una carga de 59.975 euros por cada trabajador ocupado (18 millones de personas, según la Encuesta de Población Activa del Primer Trimestre de 2016)».
