La okupación es una lacra que en los últimos años se ha extendido en toda España, sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid. Según un estudio publicado el pasado año por el think tank Civismo, los okupas cuestan 21,4 millones de euros cada año a los propietarios de Barcelona y Madrid. Los costes de esta okupación son por la depreciación de los inmuebles así como por las rentas que dejan de ganar debido a estos inquilinos fraudulentos.
Pero este año en Madrid la okupación ha subido un 15%, según datos de la Oficina de Viviendas Ocupadas que a 1 de enero de 2018 ha contabilizado un total de 3.918 viviendas ocupadas. La okupación se incrementa sobre todo en la capital, donde hay 2.653 casas okupadas ilegalmente. La mayoría de estos propietarios son entidades bancarias (1.345 viviendas) y sociedades públicas (1.253), frente a 621 viviendas de particulares.
En el informe elaborado por Civismo se destacaba también las zonas más okupadas. En Madrid, Villaverde, Usera y Puente de Vallecas son los barrios que concentran el 93% de los 11’6 millones de euros que cuesta la okupación en la capital. En Barcelona, los distritos más perjudicados son Ciutat Vella, Nou Barris, Horta-Guinardó y Sarrià-Sant Gervasiquienes asumen gran parte de los 9’8 millones de euros que cuesta la okupación a los propietarios.
Para analizar el fenómeno de la okupación hay que hacer un ejercicio de distanciamiento y entender que hay distintos tipos de okupas. Según un informe redactado por el Institut Cerdà en el 2017, más de 87.500 familias ocupan viviendas ilegalmente en España. Pero de estas familias, solamente entre un 10 y un 35% se les puede calificar de conflictivas (amenazadores, ruidosos, que deterioran el inmueble y el entorno urbano…). Y es que hay que tener en cuenta que, según este estudio del año pasado, los hogares sin ningún tipo de ingreso se han incrementado un 66% desde el 2007.
La okupación es una necesidad para una parte de esta población afectada. Y con ella, todos salimos perdiendo: los okupas, que preferirían estar en otra situación mucho más estable y legal; los propietarios, que ven como su inmueble sufre una devaluación de su valor de entre un 40 y un 60%; los compradores o arrendatarios, pues este fenómeno ayuda al encarecimiento de las rentas para compra y alquiler (según el estudio de Civismo, quienes afirman que encarecer el precio de una vivienda disuade a potenciales okupas); y por supuesto que afecta a la Administración pública que tiene que invertir mucho más en vivienda social, una de las soluciones al problema y que no cumple como debería.
Con todo eso el gobierno aprobó a finales de abril la Ley de Desalojos Exprés, una polémica ley que agiliza la expulsión de los okupas, recortando los plazos de desalojo entre cinco y veinte días. Esta ley, que se empezará a aplicar, en principio, a finales de junio, no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
Otro colectivo afectado por la okupación, es sin duda el de los profesionales inmobiliarios, encargados de gestionar el alquiler o la venta de estos inmuebles. Las inmobiliarias llevan unos cuantos años muy escarmentadas y muchas de ellas ya aplican sus propias soluciones para impedir la okupación de los inmuebles que gestionan.
Uno de los primeros efectos más visibles que ha provocado este fenómeno es la desaparición de los carteles de Se Vende o Se Alquilaen los balcones de las ciudades. Un cartel de estos es un reclamo para los okupas para que vayan a ocupar ilegalmente la vivienda. Según Mónica Terol de Patrimonial Grupo Inmobiliario de Barcelona, “los okupas tienen sus derechos y cuesta de expulsarlos. Y si son un familia con niños y gente grande aún más pues los servicios sociales se ponen en medio”. Por eso ni carteles ni ninguna pista que dé a entender que allí hay una vivienda vacía.
Pero la medida más eficiente para impedir la okupación es la de instalar alarmas en el inmueble una vez este haya sido desalojado por el propietario o el anterior inquilino. “Ponemos una alarma para que si se cuelan okupas poder demostrar que es una intrusión y la policía pueda ir más rápido para echarlos” explica Terol. Cómo además, según comenta la fundadora de Patrimonial Grupo Inmobiliario, los okupas se avisan entre ellos de posibles pisos vacíos hay que ser rápidos en instalar las alarmas. “A todos los propietarios, les recomendamos la instalación de la alarma. Pagan unos dineros por su tranquilidad”.
Pero a veces la solución más rápida es tapiar la entrada. Iolanda, la coordinadora de reparaciones de obras del holding Patrimonial Grupo Inmobiliario, también tiene que gestionar a veces problemas con algunos okupas conflictivos. “Hemos tenido un caso de okupas quienes finalmente hemos podido desalojar y tapiar la vivienda. Llevaba ya días que me llamaba una vecina llorando y diciéndome que la iban a matar porque no podía convivir con ellos”. Juanjo, uno de los comerciales que más calle pisa en Patrimonial Grupo Inmobiliario, también alerta de los narco pisos. “Una finca del Raval está llena de yonquis y camellos, es un narco piso. En este bloque si se vacía un piso, se pone una alarma al momento para que no entren” cuenta Juanjo.
Por otro lado si no estamos hablando de viviendas vacías, sino de hogares donde vive alguien, estos hogares pueden ser susceptibles de ser okupados al quedarse vacíos en vacaciones. Para que no suceda eso puedes seguir algunos de estos consejos: No dejar las persianas bajadas; tener a alguien que te vaya vaciando el buzón periódicamente; avisar a los vecinos de confianza de tu partida; invertir en un buen sistema de alarma con video vigilancia; hasta pueden blindar su puerta con un sistema anti okupas (tener en cuenta su alto precio, cerca de 1.000 €). Estas medidas anti okupas, y algunas más, harán que puedas disfrutar de tus vacaciones con tranquilidad y sin sufrir por tu hogar.
