La inversión en tecnología sienta las bases del crecimiento económico de hoy y la creación de empleo del mañana. Sin embargo, por sí sola no garantiza más prosperidad y, de forma aislada, no proporciona las condiciones adecuadas para generar un apreciable valor añadido.

No se puede disociar la inversión tecnológica del conocimiento de la demanda de mercado. Esto es lo que está sucediendo con la intervención pública sobre innovación y desarrollo tecnológico (I+D). Desde hace años, las Administraciones tomaron como prioritario el gasto en estas áreas, con el objetivo de acercarlo a la media de la UE-15. La famosa meta del 2% del PIB en I+D no es más que un eslogan publicitario, ya que este nivel de inversión no significa per se que se vayan a obtener mejores resultados. Se percibe una voluntad decidida de gasto, pero no se sabe muy bien en qué emplear el dinero, lo que lleva a financiar todo aquello que lleve la etiqueta I+D.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2015, el 45,2% de la inversión en I+D procede de fondos públicos, mientras que el 45,8% proviene de la capacidad de autofinanciación de las empresas innovadoras. En el ‘pico’ de la burbuja, la mitad de lo que se destinaba a I+D en España salía del presupuesto público, pero desde el año 2010 se está produciendo una sustitución gradual de este sector en favor del privado, compitiendo entre ellos en la carrera de la innovación. Lamentablemente, después de miles de millones de euros desembolsados en las últimas dos décadas, España todavía carece de un sistema nacional eficaz.

En este sentido, es más importante tener un modelo de innovación válido que enterrar cantidades ingentes de dinero cada año en proyectos que, al final, no tienen salida. De acuerdo a los datos, también de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el número de patentes solicitadas por cada región crece de una forma significativa respecto a los ejercicios anteriores, pero con mucha menor eficiencia, ya que se dispara el personal investigador y, por consiguiente, el coste.

La evidencia de que gastar más no tiene por qué dar mejores resultados, se refleja analizando, por un lado, la inversión en I+D pública y privada en relación al PIB y, por otro, el número de patentes solicitadas por cada investigador. El resultado es claro: aquellas CC AA que dedican menos recursos a esta partida son las que gestionan el presupuesto de forma más eficiente y las que presentan más peticiones de derechos de propiedad industrial.

Canarias, Extremadura, Baleares y La Rioja son, en este sentido, las que mejor lo hacen, mientras que País Vasco, Navarra y Catalu- ña, aunque destinan más del 1,5% del PIB anual a inversión en I+D (País Vasco está cerca de la meta europea del 2% en 2020), obtienen pírricos resultados en cuanto a patentes solicitadas. Los casos de Canarias y Extremadura son particularmente demostrativos de eficiencia, ya que cada investigador demandó a la OEPM en 2015 entre dos y tres patentes.

En suma, estos datos revelan hasta qué punto el gasto regional en I+D se convierte en un despilfarro, en vez de en una inversión rentable. Gastar mejor y no más es el factor clave para que las empresas regionales sean competitivas en un escenario global. Una I+D de altura permite, además, obtener retornos financieros para que los centros de investigación, tanto públicos como privados, puedan mejorar.