22
ene

El debate de “pin parental sí o no” es un ejercicio de polarización artificial promovido por dos extremos del espectro político para monopolizar el protagonismo en los medios y distraer la atención de los problemas (de fondo y de gravedad) que está creando este Gobierno. Se trata de una polémica falsa, dado que los únicos sitios donde una administración autonómica puede dar ese pin a los padres son justo aquellos en los que esa misma administración está equipada, autorizada y dispuesta para eliminar cualquier necesidad justificada de usarlo. Es decir, el pin no vale para lo que lo venden.

De problemas reales y percepciones populares

Una buena propuesta populista es aquella que parte de un problema real y aporta una solución aparentemente sencilla que halaga a los que escuchan. Si hay un “ellos” y un “nosotros”, puntúa doble. Los efectos secundarios no se mencionan.

En el caso del pin, existe tal problema: la percepción de muchísimos españoles de que la educación pública está sirviendo de vehículo para la ingeniería social de la socialdemocracia y de los nacionalismos, saltándose los límites que establecen el sentido común y la propia Constitución. Hemos sustituido la religión obligatoria por la corrección política, que dicta el PSOE con ayuda de Podemos; y la historia (o incluso el mapa) real, por las fantasías del gobierno nacionalista de turno. Hemos reemplazado el idioma materno de los niños por el que prescribe la autoridad.

Se trata de una percepción exagerada, pero basada en hechos reales. El programa SKOLAE de Navarra, una iniciativa para enseñar en igualdad liderada por una sexóloga abertzale, madre de un condenado por agresión ideológica en Alsasua, no respeta el derecho constitucional de los padres a que los hijos se eduquen de acuerdo con sus creencias. La “filosofía de género” (una condición diferente del sexo físico y de la orientación sexual, subjetiva y fluida, que sustituye a estos en la legislación) puede formar parte de la corrección política que predican hoy los socialistas, pero no tiene respaldo universal. El “feminismo” podemita que iguala ser varón con ser sospechoso de violación tampoco resulta universal. Y, sin embargo, ambos se están promoviendo desde las Consejerías de muchas comunidades autónomas, si bien los profesores sensatos tamizan las cosas. Como consecuencia, las personas más conservadoras ven sus valores atacados por la educación pública en algunas regiones.

Mucho más grave es el problema de otras comunidades donde se produce auténtico adoctrinamiento y se difunden versiones falsas de la historia y la realidad, con frecuencia en una lengua distinta de la materna, por imperativo legal (más o menos directo, ya que hay muchos modos de promover el Modelo D de enseñanza en euskera).

Estos abusos se producen y promueven solo donde gobiernan PSOE, Podemos y nacionalistas. No perdamos de vista este dato.

La socialización y su abuso

Al otro extremo del debate, tenemos a ministros del PSOE afirmando que los niños no son “propiedad” de sus padres para que les instruyan en cualquier barbaridad. Y usan ese argumento para justificar que “son”, de hecho, del partido que gobierne en la comunidad autónoma y controle la educación (siempre que se trate de ellos). De nuevo, supone una simplificación brutal, de la que se valen para esquivar la responsabilidad sobre el problema real.

Conviene reconocer que la educación (y más la pública) presenta un elemento de socialización, de difusión de unos valores y unas formas de hacer. No es solo la Geografía, sino también la higiene, los modales, los hábitos. En el ejemplo que reciben (de profesores y compañeros) y en los contenidos que se les exigen, los alumnos obtienen mucho más que formación técnica. Y eso debería ser bueno, por cuanto contribuye a la modernización, cohesión y evolución de la sociedad; a desasnar desde la primera escuela pública.


El pin solo lo pueden dar gobiernos regionales que no crean en la ingeniería social mediante la escuela; los mismos que no van a ejercerla


Pero como “bueno” resulta una calificación discutible, la Constitución pone restricciones, y las leyes también. La primera estipula que los padres puedan educar a sus hijos en colegios públicos de acuerdo a su filosofía. Y la legislación, que tengan la capacidad de elegir idioma (sorprendente pero cierto). Además, la normativa establece consejos escolares, inspecciones diversas y otros mecanismos para asegurar que las cosas se hacen bien. Que los derechos se respetan. Que los valores que se difunden se hallan dentro del consenso constitucional y acordes con los de los padres.

En resumen, los niños no “son” de la Consejería de Educación, pero su instrucción tampoco se circunscribe a los progenitores. La sociedad tiene el derecho y el deber de divulgar unos valores y unos datos, dentro de unos límites.

Unos que las comunidades gobernadas por PSOE, Podemos y nacionalistas se vienen saltando desde hace décadas, llegando a excesos palmarios que provocan la reacción de muchos. Y por eso, la idea de un pin suena a útil. Pero no lo es.

Debate falso

Como decíamos al principio, puesto que la educación se trata de una competencia autonómica, el pin solo lo pueden dar gobiernos regionales que no crean en la ingeniería social mediante la escuela. Los mismos que, evidentemente, no van a ejercerla.

El debate actual sitúa a un partido (Vox) que defiende la libertad de los padres a través de una herramienta que no hace lo que dicen frente a otro (PSOE) que reivindica la obligación del Estado de promover los valores democráticos y la corrección política… mientras tolera y fomenta que se eduque en el sectarismo. Dos infundios enfrentados, envueltos en banderas que arrastran a los incautos a la controversia y permiten a los protagonistas presentarse como sus adalides.

Y mientras hablamos de una solución que no funciona, seguimos sin trabajar en ponerle el cascabel al gato de un problema real, y cada vez más grave. Uno que persiste porque llevamos muchísimos años ignorando la letra y el espíritu de la ley. 

La educación pública no puede auspiciar valores ajenos al consenso constitucional ni propalar mentiras. Los padres deben poder elegir la filosofía que se transmite a sus hijos y su lengua vehicular. Eludir esas obligaciones nos lleva a donde estamos. Pero resolverlo no es tan fácil como inventarse un eslogan e insultar al contrario.


    JOSE ANTONIO PADILLA RIBERO
    Y todo esto lo, promueven, lo propagan y dan valor aquellos políticos y personajes públicos ¡que nunca llevarán a sus hijos a colegios públicos! Chocante, ¿no? Este es el nivel intelectual y el cúmulo de valores de estos sujetos y sujetas: manipular, adocenar, adoctrinar y lavar el cerebro, como estatus moral "progresista" de la educación pública ¡para los demás!
    JOSE ANTONIO PADILLA RIBERO - 24 ene.RESPONDER

Deja un comentario