22
oct
Actualidad Económica

El acuerdo cerrado entre el Gobierno y Podemos constituye, como ha expresado la ministra de Economía, un punto de inflexión. Se trata de una reversión del proceso de consolidación presupuestaria realizada desde 2012 y de las escasas reformas estructurales puestas en marcha por los Gabinetes del Partido Popular durante su mandato. Solo se ha salvado de la involución la del sistema financiero. Fuera del euro, una política de esta naturaleza hubiera precipitado una pérdida de credibilidad inmediata, un desplome de la confianza y una crisis cambiaria con efectos económico-financieros demoledores. Así pasó cuando la coalición socialcomunista liderada por François Miterrand aplicó un programa similar en la Francia de 1979. Dentro de la unión monetaria, la estrategia gubernamental no produce esos resultados pero conduce a agudizar la desaceleración en curso, a sentar las bases de una recesión y abre un escenario muy grave después de 2019. 

La combinación de un aumento simultáneo del gasto público y de los impuestos nunca ha servido en parte alguna para lograr reducir el déficit público y sí para generar dinámicas recesivas. Acompañar esa política de una contrarreforma laboral que reintroduce un alto grado de rigidez en el mercado de trabajo y de una brutal subida del SMI elimina la capacidad de adaptación de la economía a un entorno de descenso del crecimiento y, por tanto, se traducirá en una severa ralentización de la creación de puestos de trabajo y de descenso del paro. Este mix de políticas certifica el final del ciclo expansivo protagonizado por la economía española desde el cuarto trimestre de 2013. 

Los negativos efectos del acuerdo entre el Gobierno y Podemos, tanto si se concretan en la aprobación de unos presupuestos como si no, son ya inexorables. Se ha lanzado una señal a las familias, a las empresas y a los mercados de cuál es la política económica que desea implantar el Gabinete socialista. Esto acentuará el deterioro de las expectativas y, en consecuencia, la desaceleración económica en curso. El resultado de ello será un crecimiento del PIB para el próximo año inferior al proyectado por el Ejecutivo, por el consenso de los analistas y por las instituciones nacionales e internacionales. No cabe descartar que el PIB en 2018 comience a reflejar esa tendencia y crezca por debajo del 2,5%.

El texto pactado entre socialista y podemitas supone asumir unos compromisos de gasto de 9.000 millones de euros. Según parece, el Gobierno esperar obtener un volumen similar de ingresos a través de las subidas impositivas planteadas para financiarlos. Esta hipótesis ha de ser cuestionada por tres razones fundamentales: primera, porque siempre existe un lapso temporal entre la decisión de elevar los tributos y su implantación; segunda, porque la potencia recaudatoria de las figuras tributarias que se pretende incrementar no es suficiente para financiar una elevación del gasto como la prevista, y tercera, porque los hogares, las compañías y los inversores adaptarán sus decisiones al nuevo entorno fiscal. Esto significa que los ingresos derivados de las alzas tributarias serán mucho menores en 2019 que los previstos, aproximadamente 4.000 millones de euros, con tendencia a descender en los ejercicios venideros por la caída de la actividad y por su impacto desincentivador sobre el trabajo, el ahorro, el consumo y la inversión. 

Esa dinámica es inevitable ya que la consolidación de un abultado gasto y déficit estructural (3,3% del PIB) en un entorno de descenso de la actividad aboca a una situación de insostenibilidad de las finanzas públicas que exigirá, antes o después, aplicar una política fiscal restrictiva para restaurar la credibilidad de la solvencia del Reino de España. Esta necesidad de ajuste cobrará mayor virtualidad en un contexto de normalización de la política monetaria en la zona euro y de cese de la compra de deuda soberana por el BCE en diciembre de 2018. Cuando esto suceda, la prima de riesgo se elevará de manera sustancial, poniendo de relieve la erosión de la confianza de los mercados en la economía española. 

Si el programa socialpodemita es malo per se, lo es más aun en una coyuntura internacional cuajada de incertidumbre, complementada por la desaparición de los factores externos que habían potenciado la recuperación: un precio del petróleo bajo y unas condiciones monetario-financieras holgadas. Por añadidura, la indisciplina presupuestaria y las contrarreformas se producen en un momento de importantes tensiones en la UE y en la eurozona, definidas por las dudas sobre los resultados de la negociación del brexit, y por la imprevisible evolución de Italia. La adición a ese cóctel de una hipotética escalada del proteccionismo y de las externalidades negativas generadas por el mix de la política macro norteamericana configuran un panorama preocupante que el Gobierno no ha decidido ignorar.

Es evidente que el Gabinete socialista no puede obviar ni desconocer los riesgos que conlleva su estrategia económica. Esta solo cabe explicarse por razones de naturaleza político-electoral, basadas en el cálculo de que el empeoramiento de la coyuntura no revista demasiada intensidad o la opinión pública no perciba ese hecho antes de las próximas elecciones generales. Sin embargo, sea el PSOE solo o con alianzas, u otra formación o formaciones quienes gobiernen las Españas a partir de 2019, se encontrará con un panorama económico definido por una extraordinaria gravedad. El nuevo Ejecutivo deberá afrontar un plan de ajuste drástico e introducir las reformas imprescindibles para volver a crecer. 

Al margen de esas consideraciones, el giro podemita del socialismo español refleja algo evidente: el vaciamiento del discurso de la socialdemocracia clásica. Si a finales de los años 90 del siglo pasado la renovación de la izquierda democrática se articuló alrededor de “un capitalismo con rostro humano”, la tercera vía de Clinton, Blair o Schroeder, a estas alturas del siglo XXI parecer buscar sus señas de identidad en un izquierdismo populista. Esta es una pésima noticia para el PSOE y para España, aunque en el corto plazo produzca para el primero réditos electorales. 


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