El pasado viernes se aprobaron dos documentos de política económica cuyo objetivo es mitigar la grave situación en la que estamos inmersos y tratar de sentar las bases de la recuperación de la economía. El primero es el Real Decreto de Medidas Urgentes aprobado ayer por el Consejo de Ministros. En él se crea un fondo de 10.000 millones de euros para apoyar la solvencia de empresas que atraviesen dificultades a causa del Covid-19. Los requisitos para obtener estos fondos son que las empresas que los soliciten sean no financieras y que sean “estratégicas”. Y este último término, por cierto, plantea bastantes dudas. ¿Qué es una empresa estratégica? No hay una definición clara de este concepto. El Real Decreto hace referencia a su impacto social y económico, a su relevancia para la seguridad o la salud, las infraestructuras las comunicaciones o el buen funcionamiento de los mercados. Es decir, muchísimas son las empresas que pueden ser considerada estratégica, lo que ofrece una gran discrecionalidad a quien gestione los fondos. Al margen de esta observación, el plan parece razonable y se enmarca en la estrategia europea de ayudas públicas en la actual crisis.
El segundo es el documento de reactivación económica, que aprobó la comisión creada al efecto en el Congreso de los Diputados. El acuerdo, sin embargo, no parece haber despertado gran entusiasmo ya que pasó el trámite con 167 votos a favor y 115 en contra, lo cual muestra que estamos bastante lejos de llegar a un acuerdo con respecto a cómo debería orientarse la política económica en el próximo futuro. Como es sabido, nuestro país, en lugar de optar por una comisión técnica presidida por algún economista o gestor de prestigio, como han hecho otros Estados, creó una comisión totalmente política; y sus pobres resultados están a la vista.
Lo que se aprobó el viernes en el Congreso tiene, sin duda, un valor limitado, ya que habrá que esperar a que se planteen medidas concretas, que podrían suscitar aún mayores discrepancias que las ideas generales plasmadas en el documento. Pero es un indicio de por dónde pueden ir las cosas en el futuro. Dos comentarios me sugieren estos primeros acuerdos. El primero, y más importante, que nos encontramos ante una colección de propuestas en las que resulta difícil encontrar un hilo conductor coherente. En otras palabras, es evidente que, detrás de un número tan grande de posibles medidas, no existe un plan sistemático. Parece que se quiere transmitir a la opinión pública la impresión de que se va a trabajar mucho para solucionar las cosas. Pero quien haya diseñado todo esto debería tener presente que acumular medidas no significa tener unos objetivos claros y una estrategia coherente. Y la economía española necesita ambas cosas.
Algunas de las propuestas más relevantes planteadas en el debate público, y que han suscitado mayor atención –y preocupación– han quedado, al menos por el momento, fuera del documento. Me refiero al famoso impuesto a las grandes fortunas y a la contrarreforma laboral. Podría pensarse que esto se ha hecho porque se ha considerado que ambas propuestas son bastante disparatadas; o porque así se conseguiría un mayor apoyo de los partidos de la oposición. Pero sospecho que la decisión de no dar un paso adelante con tan poco sentido se debe, más bien, a que el verdadero protagonista de la política económica española es la Unión Europea. El Gobierno es consciente de que tiene que pasar un examen ante el tribunal que decidirá cuánto dinero le va a dar y cómo se lo va a dar. Y esta restricción, en contra de lo que algunos piensan, es muy positiva para la economía española, ya que, al final, lo importante es que se hagan cosas con sentido.
En Europa es fácil vender que se quiere elevar la presión fiscal; de hecho, muchos países la tienen más elevada que la nuestra. Pero al gobierno se le plantean dos problemas. El primero, que, en una recesión, la mejor estrategia no es, ciertamente, una subida de impuestos. Y el segundo, que va a ser difícil explicar que con la tasa Tobin, los impuestos a las tecnológicas, o una mayor presión fiscal en Sociedades, Sucesiones y Patrimonio se va a conseguir recaudar lo que se necesita para el programa de gastos de nuestro sector público. Las cuentas no salen y creo que lo que nos van a decir en Europa es que, si el Estado quiere más ingresos tendrá que elevar el IVA y el IRPF –y no sólo a las rentas más altas– que es lo que permite realmente incrementar la recaudación.
Pero lo más importante es que la política económica debería diseñarse en el marco de una estrategia global que mire hacia el futuro. Y lo que el Gobierno hace, en cambio, es seguir la estrategia del insolvente que intenta sacar dinero de donde puede sin preocuparse demasiado de lo que pueda ocurrir más adelante. Los políticos suelen ser, por su propia naturaleza, cortoplacistas. Pero en política económica, y en especial en una crisis tan grave como la que estamos viviendo, esto puede resultar muy peligroso.
