Sabía usted que las administraciones siguen teniendo el dudoso honor de ser las entidades que más tarde pagan en España? Se trata de una de las secuelas de la crisis, consecuencia del endeudamiento excesivo que han ido adquiriendo las comunidades.

La lacra de la morosidad la sufren autónomos y empresarios que proveen a la Administración. A pesar de que en 2012 el Gobierno puso en marcha un mecanismo para abonar las facturas pendientes, el Fondo de Pago a Proveedores (FPP), destinado sobre todo a ayuntamientos que acumulaban unas deudas comerciales gigantescas, en este momento vuelven a aumentar los plazos que tardan en cobrar los suministradores.

Es probable que esta situación empeore en los próximos meses, dado que es inevitable que se prorroguen los presupuestos, con la consiguiente congelación de partidas como el FPP, el cual fue dotado con 1.000 millones extra en 2015. Las comunidades dispondrán de menos recursos para atender los pagos corrientes, a la vez que se niegan a rebajar sus niveles de gasto y a permitir, por ejemplo, que se puedan compensar deudas fiscales que tengan los proveedores con otras pendientes de abono por parte de la Administración.

Con los últimos datos del período medio de pago a proveedores en junio y la deuda total que acumulan las comunidades en términos per cápita, normalizadas ambas variables, observamos una relación directa entre volumen de deuda no financiera en relación a su población y el tiempo que tardan en retribuir a sus proveedores.

Quitando el efecto coyuntural en algunos de estos tiempos, por desfases puntuales de tesorería, las regiones más retrasadas en los reembolsos siguen siendo Castilla y León, Extremadura y Murcia. La primera ha disparado su morosidad desde los últimos meses de 2015, mientras que las otras dos están volviendo a sus medias históricas, ya de por sí muy altas, aunque vienen de cotas peores. Las comunidades régimen fiscal especial –Navarra y País Vasco y la insular Canarias–, saldan sus cuentas de forma inmediata.

La mayor parte de la deuda no financiera y de los retrasos en el pago provienen del sector sanitario. Facturas de cuantía elevada y servicios de mayor valor añadido hacen que el proveedor esté financiando a la Hacienda autonómica con su tesorería. De esta forma, el fondo de maniobra de un autónomo o una pyme se resiente enormemente, sin poder hacer ningún tipo de operación para sacar el crédito moroso de balance o pedir liquidez con la garantía pública. Tras nueve años de crisis, la morosidad continúa siendo un problema, con unas comunidades que, en su mayoría, siguen bordeando los límites de la legalidad.