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nov
El Mundo

La batalla entre Hacienda y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), tras la denuncia de esta última en la Audiencia Nacional por «obstaculizar» su acceso a los datos clave de la economía española, es el último intento de Cristóbal Montoro por desarticular los pocos avances institucionales surgidos de la grave crisis que ha vivido España. El ministro no sólo ha ideado sistemáticamente atajos a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LEP), sino que a su juicio la AIReF «crea problemas donde no los hay».

No es la primera vez que Hacienda intenta neutralizar a la AIReF, que además, por su deficiente diseño institucional, depende presupuestaria y orgánicamente del mismo Ministerio al que debe someter a escrutinio. ¿Defecto de diseño? Hasta cierto punto. El Estado español, con sus políticos y sus cuerpos de funcionarios de élite, que habitualmente suelen coincidir en las mismas personas, sabe perfectamente cuándo se ha incrustado un cuerpo extraño en su jerarquía. Las alarmas suelen saltar cuando el nuevo organismo busca evaluar públicamente el rendimiento. Así, no les importa un Tribunal de Cuentas o una Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) domesticados, que básicamente juzgan el apego a las formalidades. Pero les resulta inaceptable una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas o una AIReF que mide y deja en evidencia lo bien o lo mal que lo hacen. Resultado: la agencia, que creó Zapatero en 2006, lleva años sofronizada, marginada de la relevancia pública y elaborando informes que nadie lee, en una condición que a muchos les gustaría que fuera también la de la AIReF.

El Gobierno de Rajoy siempre ha arrastrado los pies con la AIReF. Desde que se aprobó la ley se sabía que había puntos débiles: poder presidencial en vez de consejo, dependencia presupuestaria de Hacienda, atribuciones tasadas, etc. Pero, visto con buena voluntad, el organismo era y es una promesa de mejora. El problema es que, cada vez que ha podido, el departamento de Montoro ha ido erosionando sistemáticamente al organismo: en el reglamento, en la redacción del estatuto, en la dotación de personal… hasta llegar a la famosa Orden Ministerial del 1 de julio, que regula la forma en que Hacienda pondrá su información a disposición de la AIReF, y que es la que gatilló la denuncia ante la Audiencia.

El acta donde la AIReF decide actuar es pública y está en su sitio web (www.airef.es). En ella se resumen las consideraciones jurídicas: la Orden Ministerial se extralimita al regular ámbitos que no son de su facultad, vulnera la autonomía e independencia funcional de la AIReF y es contraria al espíritu del estatuto del organismo. Pero aquí hay pocas pistas sobre el problema de fondo, el de los datos. Para descubrirlos hay que acudir a los informes que la AIReF ha ido publicando estos meses.

Por ejemplo, en un informe del 15 de julio sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto constitucional se afirma: «Al objeto de emitir el informe se solicitó información relativa a la ejecución presupuestaria, previsiones de liquidación y medidas adoptadas a la Central de Información del MINHAP, a las CCAA y a los Ayuntamientos de capitales de provincia de más de 500.000 habitantes. La Central de Información comunicó a la AIReF que parte de la información solicitada no podía ser facilitada al no disponerse de ella o calificarse de información de uso interno. Dada la relevancia de la información con relación al objeto del informe, se procedió a solicitarla directamente a los distintos centros de la Administración General del Estado…».

Un caso similar se encuentra en el informe que se acaba de publicar el 11 de noviembre sobre los presupuestos de las corporaciones locales. «Con respecto a la previsión de cierre de 2015, el MINHAP ha considerado que la solicitud excede los límites formales y materiales de las funciones de la AIReF al calificar esta información como auxiliar o de apoyo y no directamente relacionada con el ejercicio de dichas funciones. No obstante, esta información, que el MINHAP incorpora en sus formularios normalizados… es un elemento imprescindible para valorar la adecuación de los presupuestos del año próximo a los objetivos establecidos en la normativa de estabilidad».

Es decir, Hacienda tiene los datos que la AIReF busca, pero se niega a entregárselos. Y la negación tiene dos justificaciones: o Hacienda los califica como datos auxiliares que cree que puede no divulgar o cuestiona el derecho de la AIReF a pedirlos. En el primer caso, Montoro exhibe una interpretación muy estrecha del concepto de transparencia. En uno amplio, toda la información que está en manos del Estado es pública, incluidos los borradores. No se le concede al Estado el «uso interno» porque se entiende que el Estado somos todos y los funcionarios, de cristal. Pero el ministro de Hacienda cree que hay tareas o procedimientos que se pueden ocultar a la opinión pública y a los organismos estatales encargados de fiscalizarlo. En el segundo caso, hay una impugnación frontal de las atribuciones de la AIReF.

En todos estos casos, el conflicto se ha resuelto cuando la AIReF pidió directamente los datos a las administraciones concernidas. Todas respondieron, incluso reenviando el formulario que Hacienda les había exigido. Es esta vía la que ahora Montoro quiere cegar con su Orden Ministerial que obligará a la AIReF a dirigirse necesariamente a su Central de Información. España tiene problemas más graves que el hecho de que «un determinado organismo… tenga acceso a la información», dijo de manera displicente el ministro de Hacienda cuando se le preguntó por este conflicto. Es verdad, algunos de esos problemas más graves, al menos en el caso de la AIReF, los ha estado creando él.


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