En respuesta al Partido Popular, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió este miércoles a que los nuevos Presupuestos que traiga a la cámara -previsiblemente a lo largo del mes de octubre- serán unos Presupuestos Generales «sin recortes, sin bajada del gasto público» ni políticas «que asfixien a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos».
Así despejaba Montero en el Congreso la insistencia del Partido Popular por conocer la fecha de presentación de los objetivos de déficit y deuda pública, además del techo de gasto, paso previo de la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.
La ministra reconoció un calendario con retraso. Incluso la senda fiscal se podría demorar a la primera semana de octubre, y no a finales de septiembre, como Hacienda ha transmitido hasta ahora, subrayando un matiz importante, y es que María Jesús Montero reconoció este miércoles que no presentará la senda fiscal hasta que no tenga cerrados los acuerdos con las fuerzas políticas.
Según fuentes parlamentarias consultadas por este diario, estos encuentros con grupos políticos no se han producido. Así pues, el siguiente anuncio, la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para finales septiembre o inicios de octubre, podría verse frenado a la espera de que se despeje el camino de la senda fiscal.
En ese encadenamiento de eventos (cabe recordar que la senda fiscal tiene que recoger las entregas a cuenta a las CCAA, un dato indispensable para que las administraciones regionales confeccionen sus propias cuentas públicas), los objetivos de déficit son también necesarios para el Plan Presupuestario que el Gobierno tiene que enviar a Europa antes del 15 de octubre.
Así, en los primeros días de octubre acabarán concentrándose varios actos: la votación de la senda fiscal, la celebración de un Consejo de Política Fiscal Financiera y, la presentación y envío del Plan Presupuestario, donde la ministra de Hacienda dijo que se recogerán los 21.000 millones de fondos de la UE que corresponden de los 140.000 millones a repartir en seis años.
Sin acuerdos cerrados ni negociaciones previas, el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la tramitación de indultos la próxima semana, ha sido interpretado como un guiño a las fuerzas independentistas catalanas para obtener de ellos el voto a favor de los objetivos de déficit de 2021, ya que esta medida podría beneficiar a los políticos presos por el procès.
La medida estrellada
Gravar el IRPF de las rentas altas como recoge el programa de Gobierno PSOE -Unidas Podemos , y como llevan días avanzando fuentes de la formación morada y el propio Pablo Iglesias, pueden convertirse en la medida estrellada. Y es que, según los expertos consultados por elEconomista, la recaudación de dicha medida podría aportar al Estado entre 200 y 330 millones de euros más, y eso «siendo muy optimistas y en el mejor de los casos».
Coinciden los economistas José María Rotellar, Daniel Lacalle y Javier Santacruz en que en este ejercicio caerá la recaudación, más aun en profesiones liberales. «Expulsará rentas y achicará las bases, lo cual puede reducir la recaudación», sostiene Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco Vitoria. Tampoco descarta Javier Santacruz, miembro del think tank Civismo, que la caída de esas bases imponibles supere a la caída del PIB y llegue hasta el 20%.
La receta de UGT: deuda y reforma fiscal
UGT considera que el «enorme shock» en la oferta y en la demanda que ha provocado la pandemia y que provocado una caìda del PIB de un 17,8% en el segundo trimestre requiere unos Presupuestos con políticas expansivas -más deuda- y una reforma fiscal. El sindicato señala que la situación generada por la pandemia ha llevado a la economía a la recesión, al acumular dos trimestres consecutivos de caída, por lo que insta a «actuar ya con todo para salvar vidas, empleos y empresas».
