La guerra contra Ucrania se ha convertido en el comodín con el que el gobierno ya no convence ni los más pueriles del lugar, pues la espiral inflacionista en la que España entró a comienzos de año –coyuntural decían los más optimistas-, se acerca peligrosamente al doble dígito, mientras que la reducción del gasto público ni está ni se le espera. La indexación de las tarifas del IRPF son medidas de otra época y este no es un país para tipos de IVA bajos.
La distancia del ejecutivo y los ciudadanos es astronómica. Mientras que a las familias que trabajamos, llevamos al colegio a nuestros hijos y hacemos la compra en el hueco que nos queda,.., se nos aconseja vehementemente que dejemos de utilizar el vehículo particular, bajemos la temperatura de la calefacción o pongamos la lavadora de madrugada, los ministros del ejecutivo, mantenidos con los impuestos de “la España que madruga”, “la España vacía”, las cotizaciones de los autónomos que se multiplican, los impuestos especiales sobre hidrocarburos, electricidad,… no se plantean que la ecuación del equilibrio presupuestario tiene dos miembros, perfectamente ajustables.
Y si el esfuerzo fiscal es insostenible -como lo es en este momento- la reducción del gasto no puede esperar.
El tan manido “estado del bienestar” no tiene por qué estar en crisis, en la medida en la que la gestión sea eficiente y, sobre todo, se midan los resultados. Pero es que la Administración pública española está arterioesclerosizada, tanto porque no analiza ni mide sus resultados, como porque considera que sus actos y su inacción no tienen consecuencias. Y mientras el error por una mala gestión de un empresario le lleva a cerrar su negocio, una ineficaz gestión de los fondos públicos se siente irresponsable.
Si las dos figuras tributarias con las que nuestro sistema fiscal consigue mayor recaudación: IRPF e IVA, muestran síntomas de grave agotamiento, pues la carga impositiva es insoportable, las medidas son claras. Sin necesidad de acudir al endeudamiento –insoportable también- es imperiosa la necesidad de reducir el gasto, y especialmente el gasto improductivo. Pues la falta de adaptación de nuestro sistema tributario está dificultando la salida de la crisis económica en la que, de seguir así, nos hundiremos durante años.
Y no es momento de “lanzar balones fuera” aludiendo a la erosión de las bases imponibles, algo ya tratado por la OCDE desde 2015. Como es inconcebible que se pretenda recuperar la tributación patrimonial con motivo de la aparición de las criptomonedas, cuando ni siquiera el gobierno contempla su inclusión en el modelo 720, entre otras muchas propuestas planteadas en las últimas semanas.
La falta de adaptación de nuestro sistema fiscal pone en primera fila a Laffer, pues está demostrado que una bajada de impuestos actúa como estabilizador automático y permite un aumento de la recaudación.
La estrategia de lucha contra el fraude pasa por convencer y no por vencer. Convencer de la eficiencia en el gasto público. Convencer de la necesidad de contribuir a un sistema tributario justo (que en ocasiones no lo es). Convencer de la adaptación del gasto público a las necesidades del momento. Y, en definitiva, convencer de que la actuación del gobierno en la gestión del gasto público se ajusta, como anillo al dedo, a las necesidades reales de los ciudadanos y no son el resultado de un aparato de propaganda vacía de contenido, que justifica la esterilidad de las políticas públicas.
