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abr
El Economista

El descenso del 10,8% del PIB en el año 2020 tiene una dimensión histórica y su cara más dramática la vemos reflejada en los datos de desempleo que lo acompañan y en el incremento de la desigualdad. El ejemplo de esta crisis social podemos verlo en la crudeza del informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, publicado en Madrid el mes pasado, que recoge sus actuaciones desde marzo de 2020. En él se describen las circunstancias en las que viven casi 2.000.000 de personas en nuestro país, a la espera de los datos que nos suministre el informe definitivo en el mes de junio. Otra dimensión trágica aparece al conocer que se han incrementado en 500.000 los ciudadanos que tienen que acudir a las “colas del hambre” y la pone especialmente de manifiesto la Federación Española de Bancos de Alimentos cuando señala que en sus 54 servicios asociados atienden a 1,63 millones de ciudadanos, 600.000 más que antes de la crisis sanitaria.

Las vacunas se han convertido en la esperanza para reactivar el mercado. La inmunidad permitirá superar la conmoción de oferta y demanda que sufrimos, hará posible el crecimiento del PIB, la creación de empleo y supondrá avanzar en resolver la crisis social. Pero junto a las vacunas y los fondos europeos, una vez que la política monetaria está en manos del BCE, nos queda lo que seamos capaces de hacer por nosotros mismos para superar la situación, además de repetir que queremos que nuestro modelo productivo sea “verde, feminista y digital”. Sin embargo, estamos encallados en una política fiscal marcada por dos elementos: el incremento del gasto y el de los impuestos, lo que nos sitúa en una senda en la que no se pone freno al crecimiento del déficit, tampoco al estructural, ni a la deuda, y en la que no conocemos algún propósito serio para aprobar un plan de consolidación fiscal, que trate de dar credibilidad a nuestra política económica, salvo el incremento de los costes fiscales a empresas y particulares. Los defensores de subir impuestos en España suelen utilizar como argumento, que los españoles estamos sometidos a una menor presión fiscal que el resto de los europeos, extrayendo de este indicador la conclusión de que pagamos menos tributos. A contrario sensu, podrían colegir que como la presión fiscal en España está ligeramente por encima de la media de los países de la OCDE, pagamos más impuestos, pero esto no se hace. La realidad es así, los datos son bastante claros y, efectivamente, en España existe una menor presión fiscal que la media del resto de los socios europeos, pero mayor si tenemos presente al conjunto de los países de la OCDE. Centrados en los países de la Unión y con datos cerrados de recaudación en 2019, la presión fiscal en nuestro país se situó un 5,7% por debajo de la existente en la UE y un 6,2% inferior a la zona euro. Este fue el argumento recurrente para justificar las subidas indiscriminadas de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Sin embargo, utilizar nuestra menor presión fiscal respecto a la de los países de la UE, como indicador de que los españoles pagamos menos
impuestos que el resto de los europeos, es darle al concepto un alcance que no tiene, haciendo una interpretación errónea del mismo, ya sea equivocada o intencionadamente, pues no tiene presente la capacidad de contribuir de los ciudadanos. Una aproximación más correcta sería el concepto de esfuerzo fiscal. En este caso, la cuestión ya no es cuánto recauda el estado en relación a la producción total de la economía, sino cuánto es esto, la presión fiscal, en relación a la renta de los contribuyentes representada por el PIB per cápita. Es obvio que la inclusión de esta variable en el indicador no resuelve, ni mucho menos, las limitaciones a las que nos referíamos, cualquiera que sea la variante del mismo que utilicemos, el índice de Frank o de Bird, pero al menos, nos permite comparar más certeramente el coste que supone para los ciudadanos pagar impuestos. Así, si tenemos presente esta referencia, podemos comprobar
cómo el esfuerzo que hacemos los españoles para pagar los impuestos es un 7% y un 6,6% más alto que la media de la eurozona y de la UE a 28 respectivamente, con lo que se caería el argumento esencial usado para subir impuestos, es decir, el esfuerzo fiscal que hacen los españoles al pagar los impuestos como media es mayor que el del resto de nuestros socios europeos.

Otros análisis tratan de superar las restricciones de los índices anteriores, intentando acotar con más variables el esfuerzo individual que hace el contribuyente. En este sentido, el que realiza la Fundación Civismo para España determina que los días necesarios de coste laboral para satisfacer impuestos fueron 178 en el año 2020, es decir, que hasta el 26 de junio estuvimos trabajando para cumplir nuestras obligaciones fiscales, indicando, como lo hace el análisis anual Taxing Wages que publica la OCDE, que las familias españolas y el trabajo están sometidos a impuestos más altos que la media de los países de la UE y del conjunto de los países desarrollados. Parece evidente que detrás de la decisión de subir los impuestos no está el mayor alivio impositivos de los españoles frente al resto de europeos, sino una opción ideológica, si se quiere de política económica, que no solo no resolverá nuestra crisis económica y social, sino que, mucho nos tememos, la agravará.


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