Todo lo que las empresas han pagado de media a sus trabajadores hasta este jueves, 27 de junio, ha sido para pagar a Hacienda. Coincidiendo casi con el fin de la campaña de la Declaración de la Renta, los asalariados españoles celebran el Día de la Liberación Fiscal, una fecha que establece cada año el Think Tank Civismo y varía en función de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno.

En 2019, de no ser por la subida de las cotizaciones sociales que ha venido acompañada del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros mensuales, la liberación fiscal hubiera llegado un día antes. En términos fiscales -y siempre hablando de una media-, los españoles no han podido adelantar un día la llegada de sus vacaciones, algo que hubiera sido posible gracias a las rebajas en el IRPF aplicadas por el Gobierno central para las rentas más bajas y por algunas comunidades autónomas.

Así, lo que el Estado da por un lado al sector privado, lo quita por el otro. Una actitud que tiene una repercusión directa en el poder adquisitivo de los trabajadores, la marcha de las empresas y en el crecimiento económico.

Este jueves es el día 178 del año. Para ilustrar el pago de impuestos, el estudio de Civismo que dirige el economista Javier Santacruz establece que de estos días, los españoles -a través de un coste que financian sus empresas- han dedicado 103 (frente a 102 en 2018) para pagar las cotizaciones sociales, algo más de un mes (34 días) a abonar el IRPF, 25 jornadas para el IVA, 11 para pagar los Impuestos Especiales y otros cinco días para pagar otros impuestos como el IBI, Patrimonio, Sucesiones o Matriculación.

En el año 2015, los españoles destinaban tres días más de su sueldo al pago de impuestos. Entre ese ejercicio y el pasado, cada año se había ido recortando un día de salario para Hacienda, lo que supone el pago de entre 100 y 150 euros menos de IRPF por día. Sin embargo, esa tendencia se ha detenido este año con la llegada de la liberación fiscal de 2019 en la misma fecha que el año anterior.

Más presión fiscal

“Al margen de las cotizaciones sociales, entre 2018 y 2019 se ha producido un punto de inflexión en la presión fiscal. Mientras que desde 2015 se venía experimentando una caída de los impuestos directos, el nuevo mapa de Gobiernos autonómicos con partidos en el poder que preconizan subidas de los impuestos sobre la Renta, en especial para las más altas, indica que se puede revertir esa tendencia a la baja de la presión tributaria a empresas y trabajadores», explica a EL ESPAÑOL el autor del informe de Santacruz.

La presión fiscal varía en función de la edad de los trabajadores. Pero de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, 38,34 euros se los lleva Hacienda si el empleado tiene entre 45 y 64 años. Una cuantía que se reduce este año hasta los 33,45 euros para el tramo de edad de entre 16 y 29 años, el único que “ha experimentado una rebaja respecto al año pasado” de 2,44 euros, según los cálculos de Civismo.

En la pasada legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez que ha salido reforzado de las urnas anunció nuevos impuestos, como la ‘tasa Google’ o el impuesto a la banca, entre otros. A la espera de su investidura, la amenaza de que la presión fiscal siga al alza en esta legislatura preocupa a las patronales. 

Entre otros motivos, porque como señala el informe de Civismo la deuda pública maquilla el déficit del Estado cada año, pero tarde o temprano habrá que pagarla. Sin el endeudamiento en el que incurre el Tesoro, este año la liberación fiscal hubiera llegado el 6 de octubre. Es decir, los españoles tendrían que haber destinado una media de 280 días de trabajo para pagar a Hacienda.

Foment pide eficiencia

“Es muy cómodo para cualquier Gobierno ir subiendo impuestospara garantizar sus Presupuestos. Es más difícil, y es lo que hay que hacer, que el sistema fiscal sea útil para el progreso de la sociedad”, recordó este miércoles en un acto en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum el presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre. En ese sentido, el también vicepresidente de Conservas Dani instó a “racionalizar el gasto público” y a revisar el Estado autonómico para evitar “duplicidades” entre las distintas Administraciones.

La patronal catalana, respaldada por CEOE, ha elaborado un informe en el que plantea la supresión de determinados tributos, como el de Patrimonio, o la modificación de otros, como el de Sociedades, de manera que las pymes puedan beneficiarse de un tipo más reducido (15%) y se garantice en el futuro la deducción del 100% por la doble imposición, cuestionada en el último año.

El empresario y representante de los empresarios catalanes se refirió a la subida extra del salario mínimo interprofesional (SMI) propuesta por Podemos y se mostró a favor de establecer un «salario que permita vivir dignamente». Pero pidió que cualquier medida en este sentido se aborde en la mesa del diálogo social, con los empresarios presentes, y no como en el final de la última legislatura, en la que las patronales se encontraron con medidas muy perjudiciales para la salud de las empresas que fueron aprobadas sin contar con ellas. 

Además, insistió en que no todas las subidas tributarias deben focalizarse en las empresas y sus trabajadores y señaló a la economía sumergida como una fórmula para incrementar la recaudación fiscal en hasta 40.000 millones de euros a partir del cuarto año.