12
nov
Actualidad Económica

Los datos de paro registrado conocidos la pasada semana confirman la tendencia apuntada por la última EPA: una evidente ralentización de la creación de empleo en España y, en consecuencia, un estancamiento del nivel de paro, al menos, de su ritmo de reducción. Esta trayectoria se acentuará, ceteris paribus, en los próximos trimestres ante la desaceleración de la economía combinada con los rendimientos decrecientes de la reforma laboral introducida en 2012. Tras seis años de recuperación, la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada, lo que refleja la persistencia de importantes rigideces que se traducen en un paro estructural muy elevado, en una fuerte dualidad entre fijos y temporales, en una evolución negativa de la productividad del factor trabajo y en una creciente desconexión respecto a esa última variable del comportamiento de los salarios.

Desde finales de 2018, el aumento del paro se sitúa por encima del crecimiento del PIB; escenario que no se había registrado en ningún momento anterior ¿Qué significado tiene esta mutación y que implicaciones puede acarrear? La respuesta es el comportamiento de la productividad. Los incrementos porcentuales del número de ocupados producen aumentos porcentuales del PIB cada vez menores. En otras palabras, la productividad del factor trabajo presenta una marcada tendencia a reducirse. Por otra parte, el sector privado tiene un ritmo de creación de empleo inferior (recientemente parecida) a la del sector público. El porcentaje de puestos de trabajo ha crecido como media un 5,6%, que se reparte entre un 5% en el sector privado y un 8% en el sector público.

Las tasas de desempleo juvenil y de larga duración siguen siendo muy altas, lo que exigiría medidas específicas para lograr una mayor elasticidad a la creación de empleo de estos dos colectivos. En este marco, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tiene consecuencias adversas, si bien de distinta intensidad territorial, sobre la ocupación de los colectivos más vulnerables. La situación económica de las autonomías españolas no es la misma, la tasa de paro existente en ellas no es igual, los salarios no son similares y el nivel de vida difiere de manera importante. Esto significa que el impacto sobre los flujos de empleo-paro no se va a comportar de manera parecida en la economía madrileña, por ejemplo, que en la extremeña. En esta última, el diferencial entre el salario medio y el SMI es mucho menor, lo que implica que su impacto sobre el desempleo será mayor.

La ruptura de la rigidez salarial propiciada por la reforma de 2012 ha comenzado a erosionarse de manera significativa. En estos momentos, las rentas del trabajo crecen por encima de lo que lo hace el PIB nominal, la inflación y la productividad. De consolidarse esta trayectoria, y así ocurrirá, la competitividad de la economía española se verá deteriorada y su capacidad de crear puestos de trabajo tenderá a reducirse. La presente evolución de los salarios es una muestra del paulatino agotamiento de los efectos de la Reforma Laboral. Esa tesis se ve reforzada si se utiliza la Nawru o tasa de paro no aceleradora de los salarios.

La Nawru refleja el nivel de desempleo mínimo que puede asumir una economía sin generar tensiones alcistas sobre los salarios. Según las estimaciones de Ameco, la tasa de paro estructural en España sería en estos momentos el 14,9%, el doble de la Nawru media estimada para la Unión Europea (7,4%), tres veces la de Irlanda (5,71%), cinco veces la de Alemania (3,2%) e incluso vez y media la de Francia (9,34 %). En el momento actual ya se ha producido una aceleración en los salarios y la tasa de desempleo es de 14%.

De continuar por esa senda, se perderá competitividad de cara al exterior y, a partir de ahí, se volverá a destruir empleo. Además, en el caso español, muchos de los incrementos salariales vienen relacionados con medidas aprobadas o anunciadas por el actual Gabinete, como la subida del SMI o la previsión de contrarreforma laboral. Dicho esto, una Nawru de casi el 15% es propia de una economía esclerótica y para lograr reducirla sería determinante una nueva flexibilización del marco de relaciones laborales que permitiese continuar con el ritmo de crecimiento del empleo y reducir de la tasa de paro estructural.

A pesar de la reforma laboral de 2012, España es uno de los estados de la OCDE con mayores rigideces en su mercado laboral lo que implica dos cosas: primera, hay que proseguir y profundizar en la flexibilización de las instituciones laborales; segunda, cualquier retroceso en esa dirección tendrá severas consecuencias sobre una economía con un paro muy abultado. Por añadidura, el dotar de mayor flexibilidad a las instituciones laborales ha de verse acompañada de medidas complementarias en otras áreas. Es imprescindible avanzar en la liberalización de los mercados de bienes y servicios no solo para aumentar la competencia y fomentar la productividad, sino para mejorar el funcionamiento del mercado laboral y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, acompasando la moderación de los salarios con el incremento de la renta disponible que generarían mercados de productos y servicios con mayor competencia.

En conclusión, el binomio empleo-paro empieza a mostrar síntomas de empeoramiento. España no está en condiciones de afrontar una caída de la actividad productiva que podría desencadenar un nuevo proceso agudo de destrucción de empleo que será mayor si se vuelve a subir el SMI y se realiza cualquier contrarreforma, por moderada que sea, en el marco de relaciones laborales.


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