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Libre Mercado

Sánchez e Iglesias presumen de que su acuerdo de gobierno es el de la “Coalición progresista”. Simplemente el título llama la atención. Progresista es una palabra muy empleada en el vocabulario politológico español, ¿pero nos hemos reparado alguna vez en lo que realmente significa? Pues bien, si acudimos a la RAE, observamos que la definición de dicho adjetivo es la que sigue: “Dicho de una persona o de una colectividad: De ideas y actitudes avanzadas.

Increíble. No es ya simplemente que las ideas de Sánchez o Iglesias sean propias de siglos pasados (sobre todo, en materia económica), sino que las mismas, si fuesen puestas en práctica, como parece que será el caso, retrotraerían a España a los peores momentos de la pasada crisis económica. Por lo tanto, no son ideas ni propuestas que inviten a la progresión, sino a la regresión. Entones, sería mejor calificarlo como la Coalición regresista.

Impuestos y gasto

En materia fiscal el programa de gobierno de más de 50 páginas de PSOE y Podemos tiene unas propuestas fiscales perniciosas. Pedro Sánchez se ha entregado en cuerpo y alma a Unidas Podemos con tal de ser Presidente del Gobierno, y en dicho proceso ha incluido unicornios impositivos y de gasto que no resisten el más mínimo análisis numérico.

Encontramos a primera vista un mazazo impositivo sin parangón. La coalición regresista ha pactado un aumento de dos puntos en el IRPF sobre las rentas superiores a 130.000 euros, y de cuatro puntos para aquellas rentas de más de 300.000 euros. Pero centrémonos en las primeras, ya que Iglesias y Sánchez denominan como “ricos” a todo aquel que ingrese más de 130.000 euros al año. En este caso, el tipo máximo de IRPF, incluyendo tramos estatal y autonómico, pasaría del 45% al 50%. Asimismo, se aumentaría en 4 puntos porcentuales el impuesto sobre las rentas del capital del 23% al 27%, para todas aquellas rentas superiores a 140.000 euros. Es normal que 130.000 o 140.000 euros nos parezcan muchísimo dinero si miramos los números en bruto, ¿pero realmente ayudarán dichos incrementos fiscales a alcanzar el objetivo de recaudación y cubrir los prominentes gastos añadidos del nuevo programa de gobierno? La respuesta es no.

No debemos olvidar que el programa de coalición puede presentar un gasto anual adicional cercano a los 35.000 millones de euros al final de la legislatura, según los cálculos más extremos como los de El Mundo. A su vez, el acuerdo de coalición regresista habla de estabilidad presupuestaria, que viene a ser un déficit anual cercano al 0%. Curioso, ya que hemos de sumarle un déficit fiscal cercano al 1,9% para 2020, según estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional. Trabajando con estas cifras, y tomando el PIB nacional como 1,2 billones de euros (Banco Mundial), obtendremos que dicho déficit será cercano a los 23.000 millones de euros, aproximadamente. Ahora sumemos esos 23.000 millones a los 35.000 millones de gasto adicional, y veamos si las nuevas medidas fiscales, que según la coalición regresista solo pagarán Los Ricos S.A., aportarían suficientes ingresos para lograr la prometida estabilidad presupuestaria.

Hoy en día, tan solo cerca de 85.000 ciudadanos ingresan más de 130.000 euros al año en España. ¿Creen que un aumento de entre dos y cuatro puntos en el IRPF sobre esos ciudadanos ayudará a recaudar 58.000 millones más? Claramente no. Ante esta cuestión los socialistas alegan que a su vez introducen una amplia batería impositiva, de carácter verde, tecnológico, financiero, etc… todo ello escudado bajo el sempiterno escudo del progresismo. Aparte del tipo mínimo de sociedades al 15% (mínimo del 18% para bancos y petroleras) proponen la aplicación de un tipo del 15% sobre beneficio no distribuido en el caso de las Socimis.

A todo ello se suma la introducción de la Tasa Google sobre todas aquellas empresas proveedoras de servicios digitales con una cifra de negocio global superior a los 750 millones de euros a nivel global y 3 millones de euros en España, que será del 3% sobre los ingresos provenientes de dichos servicios especializados. La Tasa Tobin se encuentra mucho menos precisada por el Gobierno, y se estima que ronde entre el 0,5% y el 1% por transacción de activos financieros, excluyendo a los bonos soberanos de la ecuación. Según un informe elaborado para Civismo y publicado el pasado octubre, la recaudación por la Tasa Google sería inferior a los 930 millones de euros anuales, mientras que la proveniente de la Tasa Tobin rondaría los 850 millones de euros, mientras la recaudación extra por el tipo mínimo de Sociedades del 15% sería prácticamente nula, teniendo en cuenta la movilidad del capital empresarial, la reducción de la inversión extranjera y el capital outflow que dicha reforma podría generar, tal y como observamos al analizar el informe Paying Taxes elaborado por la consultora PwC.

Sumando dichos tributos a nuevos impuestos verdes, a la reducción del 5% en las exenciones por dividendos, y demás pequeñas tasas, observaremos que la recaudación conjunta de todos estos tributos (no más de 2.500 millones) junto al extra de recaudación por el previamente mencionado aumento del IRPF (cerca de 5.000 millones extra), no sumarían más de 7.500 millones de euros en el mejor de los casos.

Ahora, recordemos la cifra de gasto que la coalición regresista necesita cubrir para alcanzar la estabilidad presupuestaria: 58.000 millones contando con las proyecciones de déficit.

¿Y las estimaciones de recaudación extra que se lograrían con los nuevos tributos y modificaciones de los actuales? 7.500 millones a lo sumo (las estimaciones de recaudación de algunos nuevos tributos como la Tasa Tobin han sido elaboradas por Gestha- Sindicato de Técnicos de Hacienda-. Hagan ustedes mimos la resta y observarán el desastre.

Más medidas

A todo ello hay que añadir algunas medidas que hundirán todavía más a la economía española:

  • El control del precio de los alquileres, la derogación de la exitosa reforma laboral de 2012.
  • Una subida del SMI hasta los 1.200 euros (con la destrucción de empleo en los sectores de menor valor añadido que ello conllevaría).
  • Control de precios de los alquileres (con los desastrosos efectos de asignación ineficiente que ello conllevaría).
  • Indexación de las pensiones al IPC (un brindis al sol).
  • Control de precios de la factura de la luz (más del 50% de la factura son impuestos).


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