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abr
El Mundo

Luis Garicano ha suscitado una gran polémica al proponer que se racionalice la inversión en el AVE. Una coalición que va desde Federico Jiménez Losantos hasta Gaspar Llamazares ha salido en defensa de este tren apostando por su supuesta «rentabilidad social». En el estreno del programa de Carlos Alsina en Onda Cero, David Gistau llamó «demagogo» a Garicano por caracterizar el AVE como «un Ferrari para ricos».

El AVE es una inversión socialmente regresiva, que perjudica a las rentas bajas (que no lo usan pero lo pagan con sus impuestos) en beneficio de las altas y medias (que lo usan mucho). No logré convencer a Gistau. Insistió en que su punto era rechazar que se caracterice el AVE como un juguete de ricos. Desgraciadamente lo es.

Hace 11 días el propio Gistau dedicó una brillante columna en Abc a Rosa Díez después de que ella se lamentara de que UPyD era «un partido creado para Dinamarca y no para España»: «Los desayunos a base de arenques –escribió– se me antojan característicos de un estadio evolutivo más primario que el del jamón y el aceite… Que no me sale ser danés, coño». Garicano, que dice que su programa económico describe un modelo escandinavo, pudo corroborar personalmente que a Gistau no le sale.

La ciencia, sin embargo, avala a Garicano. El último estudio publicado, el de Gerard Llobet y Ofelia Betancor, sostiene que, salvo el corredor Madrid-Norte, las rutas del AVE cubren los costes variables, pero en ningún caso se cubre la inversión por lo que «no son rentables ni para las empresas ni para la sociedad».

España tiene 2.515 kilómetros de AVE (es la tercera del mundo tras China y Japón). Pero hay 1.308 kilómetros en construcción y otros 1.702 kilómetros planificados. La red actual nos ha costado 40.000 millones, sin incluir expropiaciones y estaciones. Las obras programadas supondrán 12.000 millones más. Es decir, más de un rescate bancario.

El AVE sólo se puede justificar por la voluntad política de construirlo. No hay criterios de mercado ni de auténtica rentabilidad social en juego. Y ni hablar de la combinación con los 47 aeropuertos estatales. Si el tren y el avión compiten en medianas distancias, ¿qué sentido tiene desplegar ambos? Uno de los efectos económicos de la corrupción, según documentó Paolo Mauro en 1995, es la contratación de obra pública innecesaria o la tolerancia respecto de su mala ejecución. Poner hoy sobre la mesa las críticas al AVE te convierte de inmediato en traidor a España. Gistau me decía ayer: «Los daneses sois los nuevos afrancesados». Cierto.


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