Los contribuyentes navarros dedicarán de media este año un total de 181 jornadas de trabajo al pago de impuestos, por lo que el día de la liberación fiscal llegará el próximo domingo, 1 de julio, un día más respecto al año pasado, según los cálculos realizados por el think tank Civismo, que cifra en una media de 184 los días que quedan libres para el propio contribuyente.

En Navarra, se han producido dos subidas de impuestos: una en los tipos del ahorro (que, a efectos del día de la liberación fiscal, no se computa), y otra, la imposición de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y parentesco de primer grado, del 2% hasta el 16%, rebajando los mínimos exentos y endureciendo los condicionantes a la exención de tributación en la transmisión de la empresa familiar. Esta reforma hace de Navarra la única región española donde cónyuges, padres e hijos pagan Sucesiones. Unos cambios que van en la dirección contraria a la de siete regiones en las que, en este ejercicio 2018, se ha ampliado el tratamiento favorable a las herencias y donaciones de parentesco colateral (tíos, sobrinos, primos…), incluso en Andalucía donde la oposición a bajar este impuesto ha sido férrea por parte del Gobierno autonómico.

Esta subida fiscal supone al contribuyente navarro un día más de pago tributario. Y a esto se suma la obligación de una revisión catastral, lo que equivale a una subida encubierta de los impuestos directos sobre la riqueza (Patrimonio, Sucesiones…) y sobre transacciones.

En España, el 27 de junio

En el conjunto del país, los españoles habrán trabajado de media 177 jornadas para cumplir con sus obligaciones tributarias, es decir, hoy miércoles, 27 de junio, un día antes que en 2017.

De esos 177 días de sueldo dedicados al pago de impuestos, las cotizaciones sociales suponen, de media, 102 jornadas de salario, a las que se suman otras 35 por IRPF (una jornada menos que el año pasado), otros 25 por IVA, 11 por Impuestos Especiales, y 5 más por otros tributos estatales, autonómicos y municipales como el IBI, Patrimonio, Sucesiones o Matriculación. Esto deja disponibles 187 días de sueldo libres para el contribuyente.

El desglose refleja un gran impacto que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales (costeadas por el empresario y por el trabajador), una ‘cuña fiscal’ que reduce el salario de los trabajadores de manera significativa. Así, de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, el empleado cobra entre 61,66 y 64,11 euros, lo que equivale a una ‘cuña fiscal’ de entre el 38,34 y el 35,89%.

Se paga más de lo recibido

El think tank realiza por primera vez en España una comparativa entre lo que los ciudadanos contribuyen al Estado y lo que reciben a cambio, en forma de servicios públicos. Para ello, pone en relación la distribución del gasto público por partidas presupuestarias y el pago de impuestos por tramos de edad.

De esta forma, el gasto en protección social (pensiones, prestaciones por desempleo y otras ayudas) asciende al 16,8% del PIB español, seguido en peso por el coste de mantenimiento de la Administración Pública, con un 6,1%; la Sanidad (6%); Educación (4%); Inversiones (3,9%); Seguridad (1,9%); Subvenciones y Cultura (1,1%); Defensa (1%); Medio Ambiente (0,8%) e Infraestructuras de vivienda (0,5%).

En cuanto a los servicios públicos que recibe cada ciudadano en función de su edad, se incrementan exponencialmente con la llegada de la jubilación. En concreto, el valor económico de lo percibido por el contribuyente se triplica, pasando de los 6.934 euros nominales en el tramo de 16 a 29 años a los 22.388 a partir de los 65.

No obstante, la principal prestación, en términos económicos, se trata de la pensión pública, al ascender a 15.454 euros anuales. En lo que se refiere a los impuestos, el máximo se da en la madurez de la edad laboral del contribuyente (45-64 años), cuando alcanza a pagar 15.662 euros anuales, frente a los 10.449 de los más jóvenes o los 4.620 de los mayores de 65 años. Si se cruzan ambas variables, casi el 80% de los contribuyentes paga más impuestos que lo que recibe hasta la edad de jubilación, momento en el que la situación se revierte. Los trabajadores abonan entre 3.515 y 7.775 euros anuales más de lo percibido en servicios públicos durante los 35 años de carrera de cotización, para luego beneficiarse en forma de pensión, sanidad y dependencia por un importe de 17.768 euros anuales durante dos décadas.