21
may
Expansión

La reforma del sistema fiscal se ha convertido en las últimas semanas en el tema más discutido de la política económica española. La razón es fácil de entender. Por una parte, el gobierno necesita dinero, mucho dinero, para cubrir un gasto público creciente, que, en ningún momento parece haberse planteado seriamente racionalizar. Por otra, precisa de nuevos fondos para presentar en Bruselas unas cuentas con un mínimo de credibilidad, en lo que se refiere al control del déficit público. La cuestión es determinar qué actividades o rentas serán las más afectadas por los nuevos gravámenes.

Todo impuesto tiene una doble incidencia en el sistema económico. En primer lugar, porque afecta a la asignación de recursos. Al pagar el tributo, el contribuyente experimenta una reducción de su renta disponible y, al mismo tiempo, el sector público consigue fondos para gastar en determinadas actividades, distintas seguramente de aquellas en las que quien pagó el impuesto hubiera gastado su dinero si hubiera podido. Y no todos los impuestos condicionan el gasto de los particulares y las empresas en la misma forma. Si se establece, por ejemplo, un tributo que grava el uso del gasóleo de automoción con un tipo menor que el que grava el consumo de gasolina, el estado está incentivando a la gente para que compre más coches con motor de gasóleo y menos coches con motor de gasolina. Si se eleva el impuesto sobre la renta, mucha gente tendrá menos incentivos a trabajar y dedicará más tiempo al ocio, que no está gravado, etc, etc. Por ello, la cuestión relevante no es tanto medir los efectos de un determinado tributo sobre la eficiencia del sistema económico, sino la incidencia diferencial, que nos permite determinar qué gravámenes crean menos distorsiones al buen funcionamiento de la economía y qué ocurre si cambiamos la estructura del modelo tributario.

Por otra parte, todo impuesto genera un cierto grado de redistribución de la renta, que afecta negativamente a quienes lo pagan y positivamente a quienes no lo hacen, en especial si resultan beneficiados por el gasto que realiza el sector público con los fondos obtenidos. Y los estados, a la hora de diseñar un sistema fiscal, toman en consideración también sus efectos distributivos. El problema es que puede existir un tradeoff entre eficiencia y distribución. Y determinados impuestos, que son adecuados para la redistribución, pueden tener efectos indeseables para el buen funcionamiento de la economía. El impuesto sobre la renta tiene, sin duda, estos efectos, en especial cuando los tipos de gravamen superan un determinado nivel.

Lo que un gobierno no debería hacer nunca es mentir y tratar de convencer a los contribuyentes de que, para financiar el aumento del gasto público va a elevar la presión fiscal; añadiendo a continuación que la gran mayoría de ellos no van a tener que pagar más impuestos, porque quienes soportarán la carga serán “los ricos”, grupo social de difícil definición, pero que aparece en todos los discursos de un buen político de izquierdas. Creo que no estaría de más decir la verdad de vez en cuando. Por ejemplo, explicar a la gente que un fuerte crecimiento de la presión fiscal puede hacer más difícil reducir el paro; o que una subida de impuestos como la que, de forma más o menos vaga, nos han presentado supondría menor renta disponible para todos los españoles, ricos y pobres.

Y hay, por fin, en el discurso del gobierno un argumento que se repite una y otra vez con poco sentido: los españoles deben pagar más impuestos porque en otros países europeos la presión fiscal es más elevada. Conviene señalar, en primer lugar, que los datos en favor de tal política no son tan claros como se pretende, ya que, si en vez de presión fiscal utilizamos como criterio de comparación el esfuerzo fiscal –es decir, la presión fiscal ponderada por el nivel de renta– la situación del contribuyente español no resulta especialmente halagüeña. O recordar que los ciudadanos de algunos de esos países a los que queremos imitar no están muy felices con los impuestos que pagan, y, seguramente, preferirían niveles más bajos de tributación. La idea de subir los impuestos porque otros pagan más nada tiene de original, por cierto. Hace poco, releyendo la obra económica del padre Mariana, uno de nuestros grandes intelectuales del tránsito del siglo XVI al XVII, encontré un texto en el que el jesuita criticaba a los políticos de la época que afirmaban que en España los impuestos deberían ser más elevados porque en otros países lo eran. Y añadía que tal principio es grato siempre a los gobernantes, ya que les abre nuevas vías para recaudar dinero. Pero –concluía– tal argumento es muy poco convincente, ya que nada resulta más gravoso para el reino que el ir inventando todos los días nuevos medios para despojar a los súbditos de sus bienes. El texto fue publicado en 1599: nada nuevo bajo el sol, por tanto.

En fin, por decir cosas como ésta, el padre Mariana fue procesado unos años después y su libro incluido en el Índice de Libros Prohibidos, donde permaneció largo tiempo. Confío en que defender estas mismas ideas no resulte hoy tan peligroso como entonces.


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