A escasas horas de que el Congreso de los Diputados de luz verde a las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones, son varios los puntos que aún quedan por despejar de los futuros cambios en la ley de Seguridad Social. Una de las claves que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha aclarado que abordará para el refuerzo del Sistema es aproximar la edad real de retiro del mercado laboral (62 años y 7 meses) a la edad legal de jubilación, actualmente en los 65 años y 10 meses. En este sentido, los economistas y expertos del think tank Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.
Teniendo en cuenta que la legal se cifra en 65 años y 10 meses, la brecha entre ambas asciende a 3 años y 3 meses. «Esto implica que, mientras ese decalaje se mantenga, la Seguridad Social deja de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social durante 39 meses y, a cambio, contrae una obligación de pago durante dicho periodo. Dicho de otro modo, no solo deja de recibir dinero, sino que tiene que abonar una prestación. Una situación que cobra especial relevancia en un sistema de reparto como el español, en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales se utilizan para pagar a los jubilados presentes», advierte el informe elaborado por los investigadores Francisco Coll, Domingo Soriano y José Francisco López.
Cabe recordar que en España, tras la reforma de 2011, esta edad legal de jubilación aumenta año a año: en 2020, alcanzaba los 65 años y 10 meses que apuntábamos, y en 2027, se cifrará en 67 años. Sin embargo, existe un matiz: para aquellas personas que hayan cotizado más de 38 años y medio, la edad legal (la que permite que te jubiles cobrando el 100% de tu base) seguirá estando en los 65 años. Por lo tanto, en realidad, lo que vemos es una doble frontera o edad de jubilación, que depende de los años cotizados. Esta situación, tal y como explica la AIReF, únicamente se mostraría capaz de prolongar la edad efectiva de jubilación hasta los 64,1 años para 2050.
En este sentido, de lograr aproximarse esa edad de jubilación a la edad legal en los 67 años para el año 2027 implicaría en el impacto financiero del Sistema que el gasto en pensiones como porcentaje de PIB pasaría del 10,9% de 2019 al 12,6% en 2050. El impacto en la deuda equivaldría a 40,8 puntos porcentuales adicionales; el número de pensionistas crecería desde los 9,8 millones de 2019 hasta los 14,6 millones, incremento de casi el 50%; la pensión media aumentaría desde los 991,6 euros actuales hasta los 2.048,5 euros corrientes; la tasa de cobertura se dispararía hasta el 93,4%; y todo ello con una tasa de dependencia económica equivalente al 53%, esto es, dos trabajadores por cada jubilado.
Como solución a la edad de retiro, los expertos de Civismo sugieren que prorrogar la edad de jubilación podría paliar riesgos, ayudar a equilibrar las cuentas y dar aire financiero a un sistema en crisis, no debería aplicarse de forma única ni soluciona todos los males. Para empezar, porque, aunque, lógicamente, genera un ahorro doble para el sistema (prestaciones que deja de pagar y cotizaciones nuevas que cobra), ni es popular ni resultaría fácil de implementar a nivel político y social. Además, hay un límite al incremento de la edad legal de jubilación: pasar de los 65 a los 67 años no ha suscitado excesiva polémica, en parte porque otros países europeos ya lo han hecho y porque para muchos trabajadores la edad legal se mantenía en los 65 años. Pero en lo que respecta a la edad efectiva, cuanto más se acerque a la legal, más se complicará seguir extendiéndola.
Alternativa de jubilación flexible
El rango de edad al que podría uno jubilarse debería ser muy amplio. Por ejemplo, de los 60 a los 75 años. En el caso práctico que plantea Civismo, un trabajador con 60 años, que comenzó a trabajar con 25 y acumula 35 años cotizados, y con una esperanza de vida de 30 años más, el primer punto consiste en el cálculo de la base: se toma toda su carrera laboral y se determina en cuánto se cifra esa base. Si se jubila a los 60 años, con 35 años cotizados, sufrirá un doble recorte: por un lado, al no llegar a 45 años, su base se verá minorada en un porcentaje sustancial, pero, además, el Factor de Sostenibilidad también actuaría por lo que le quedan 30 años de esperanza de vida y su primera pensión sufrirá un ajuste extra.
La Seguridad Social informa a este trabajador de que, si sigue trabajando hasta los 70 años, su pensión se elevará por tres motivos: al acumular 45 años de cotización, sí cobrará el 100% de su base; como su esperanza de vida se reducirá cuando cumpla 70 años, el recorte que se aplique por el Factor de Sostenibilidad también será menor o incluso no habrá recorte; y probablemente, su base reguladora para el cálculo de la pensión resulte más alta, porque es lógico pensar que los sueldos que cobre de los 60 a los 70 superen a los sueldos medios de su carrera laboral.
La decisión última estará en manos del nuevo jubilado. El razonamiento que debería imperar se traduce en: «Puedo cobrar 40 durante treinta años, o 75 durante veinte. En un caso, mi jubilación se alarga; en el otro, cobro casi el doble cada mes. Pero el gasto total para el sistema público ha de menguar si me jubilo a los 60, porque también estoy aportando menos ingresos en forma de cotizaciones». Y, por supuesto, este trabajador no tendría solo dos opciones. De los 60 a los 75 años, media un amplio rango durante el cual podría retirarse en cualquier momento. Incluso con la posibilidad de un premio (base de cálculo superior al 100%) para los que sobrepasen los 70 años en activo.
