Los expertos piden un ajuste de 12.000 millones en la Administración Se trata de una cifra conservadora para llegar hasta 20.000 y 60.000 millones.

Con máximos en la prima de riesgo española, expertos consultados por elEconomista.es coinciden en demandar una actuación rápida por parte del Gobierno atajando el gasto público improductivo, con una reducción, para empezar, de 12.000 millones de euros -de gasto estructural-, sobre todo, “teniendo en cuenta que el Ejecutivo seguirá sin deflactar las tarifas de los impuestos y por tanto, generando más recaudación de la debida, sostiene Javier Santacruz, economista de la think tank Civismo. El consenso de los expertos consultados incide en la reducción de gasto público, no subir impuestos, eliminar subvenciones que no están justificadas, así como empresas deficitarias, y hacer un presupuesto cero eliminando el gasto innecesario, “reconociendo la realidad honestamente y con previsiones de ingresos veraces”, remarca la fiscalista María Crespo. En conjunto, una reducción que iría desde los 12.000 millones prioritarios, a pasar a los 14.000 millones que en su día recetó la AIReF, deteniéndose en las subvenciones sin justificar, pasando a los 60.000 millones que sostiene el Instituto de Estudios Económicos, de CEOE, son improductivos a todas luces. Santacruz abunda: “Aproximadamente, con una reducción de cuatro puntos del déficit (tres puntos por el lado de los ingresos y un punto por el lado del gasto), así se podría capear mejor el temporal. De esta manera -añade- “daríamos más confianza al mercado ante aumentos de la prima de riesgo”. Para Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio de la consultora Freemarket, “los niveles de déficit y deuda de España son insostenibles y eso constituye un lastre al crecimiento y un riesgo a la solvencia del país a corto medio plazo. Ante esta situación -plantea- un plan de consolidación presupuestaria asentado en una reducción del gasto público estructural y no una subida de impuestos, que solo conseguiría deprimir aún más la actividad y por tanto, no sería eficaz para reducir el desequilibrio de las finanzas públicas. Por eso, mantiene Daniel Lacalle, máximo responsable de Tressis Gestión, “hay que eliminar el gasto político, las subvenciones inútiles e innecesarias que la AIReF ha identificado en 14.000 millones de euros, y que no están analizadas y justificadas correctamente. Además “El ajuste fiscal, la verdadera reforma estructural pendiente” En opinión de Gregorio Izquierdo, presidente del Instituto de Estudios Económicos, “la clave es que el ajuste fiscal se centre en el gasto corriente estructural y evite subidas de impuestos”. La mejora de la eficiencia del gasto público -explica- es la gran reforma estructural pendiente y que habría que implementar con la mayor prioridad y urgencia, como la mejor palanca de una consolidación presupuestaria. Entre otras acciones -añade- es obligatorio generalizar la rendición de cuentas en tiempo real en términos de eficiencia, priorizar en la asignación de los recursos a las unidades más eficientes, apoyarse en la colaboración público-privada para externalizar actividades, estandarizar y digitalizar procedimientos y procesos. El Estado de Bienestar -concreta- tiene también que incorporar criterios de eficiencia en la provisión de bienes y servicios y en el diseño y gestión de sus prestaciones. Dicho de otra forma, las intervenciones públicas deben ser objeto de evaluación y seguimiento permanente”. -subraya-, hay que reducir masivamente duplicidades que existen y la constante capitalización de empresas públicas deficitarias, que no tiene sentido mantener, simplemente porque engordan el empleo”. Y de empleo habla también Santacruz, sugiriendo que se reduzca empleo público, que “de manera masiva se ha creado durante la pandemia”. Desde la Universidad Francisco de Vitoria, el profesor de Economía José María Rotellar, defiende que antes que nada hay que hacer “un presupuesto base cero para eliminar todo gasto innecesario y así poder centrar los recursos en los servicios esenciales”. Pero los augurios de Rotellar son pesimistas, el economista cree que hay una probabilidad muy alta de que en este año y medio que queda de legislatura, Sánchez empeore la situación aumentando electoralmente el gasto”. Para Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, la única receta nacional para aplacar la subida de la prima de riesgo es “intentar mandar mensajes de estabilidad y fortaleza, que en este caso en el corto plazo, debería pasar por especificar un pacto de rentas muy completo, donde la Administración pública escenifique también su parte de ajuste cuantificando una reducción muy clara del déficit estructural nacional”. María Crespo, fiscalista también de Civismo, hace hincapié en este aspecto: y es que “se prevé una reducción de las prestaciones por desempleo en un 10,2%, desde los 25.012 millones de euros en 2021, a 22.457 en 2022, en previsión de que la tasa de desempleo pase del 15,2% al 14,1%; sin olvidar que el crecimiento del empleo público hará que el gasto del capítulo 1 del presupuesto aumentara”. Con estos datos, “claro que hay margen para reducir el gasto. A modo de ejemplo -señala Crespo, entre enero y abril de 2022 se concedieron 20.000 millones de euros en subvenciones, y la mayoría de ellas eran subvenciones no condicionadas”. El economista Santiago Sánchez comparte esta tesis del excesivo gasto improductivo, y añade la obligación por parte del Estado de realizar “un análisis profundo para liberar recursos y destinarlos a actividades más productivas, como por ejemplo, una buena gestión de los fondos europeos”. Se trata de que la gestión tenga “un efecto multiplicador sobre la economía espaLos economistas reclaman eliminar subvenciones y empresas deficitarias ñola, en lugar de cubrir las ineficiencias en el gasto público con nuevos incrementos de los impuestos”. En opinión de Santiago Sánchez, “España está fiando la reducción del déficit y la deuda, no a actuaciones de gasto, sino a la evolución del crecimiento económico”. Una profunda reforma fiscal es lo que receta el economista Daniel Rodríguez Asensio. Para él, hay que eliminar impuestos como patrimonio, sucesiones, donaciones; hay que reducir el IRPF; promover una Ley de Mercado Abierto, impulso a una ley de competitividad, eliminar barreras a las empresas. Y por los gastos -sostiene- no indexar pensiones al IPC, buscar los 60.000 millones de gasto ineficiente; los 14.000 de la AIReF y controlar el Fondo de Liquidez Autonómico”.