El discurso que mantiene la izquierda en materia fiscal, como en tantos otros temas, no se sostiene. PSOE y Podemos coinciden en la necesidad de disparar aún más los impuestos que pagan familias y empresas, bajo la excusa de que la presión tributaria que soporta España es inferior a la media comunitaria. El plan presupuestario que comparten Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consiste, por tanto, en recaudar algo más de 60.000 millones de euros adicionales al año, sin reparar lo más mínimo en las nefastas consecuencias que implicaría para el crecimiento económico un aumento de tal calibre, además de ocultar a la ciudadanía que semejante propósito se traduciría en una fuerte subida del IRPF y el IVA para el conjunto de los contribuyentes.
Lo más grave, sin embargo, es que el Gobierno parece desconocer la diferencia que existe entre presión fiscal (peso de la recaudación sobre el PIB) y esfuerzo fiscal (porcentaje de impuestos sobre la renta per cápita). Si España, en términos generales, presenta una presión fiscal inferior a la media de la UE no es porque los contribuyentes paguen poco, sino porque la estructura productiva del país, sustentada sobre pequeñas empresas, y el ineficiente sistema tributario dan como resultado una recaudación total algo menor. Pero la realidad es que tanto las familias como las empresas españolas pagan muchos impuestos en comparación con su renta y el resto de países ricos.
Basta observar el último informe sobre el Día de la Liberación Fiscal publicado esta semana por el think tank Civismo para percatarse de la brutal carga tributaria que soportan los españoles. Así, la «cuña fiscal», que representa el pago de IRPF y cotizaciones sociales (tanto de empleado como de empleador), ronda el 37% de media. Esto significa que el sueldo real de un mileurista se aproxima a los 1.600 euros al mes, los profesionales que ingresan unos 1.500 euros limpios en 14 pagas cobran, en realidad, casi 2.400 al mes, mientras que los que alcanzan los 2.000 dejan de percibir cerca de 1.300 euros todos los meses.
Y todo ello, sin contar el resto de tributos, tanto estatales como autonómicos y locales, cuyo abono eleva la factura fiscal hasta el 42%. De este modo, un contribuyente medio paga en España cerca de 1.000 euros al mes en impuestos, una cantidad muy sustancial si se tiene en cuenta que la renta per cápita nacional es muy inferior a la de otros países ricos. Como consecuencia, los españoles tienen que trabajar un promedio de 178 días al año para cumplir todas sus obligaciones con el Fisco, es decir, la mitad del año trabajan por y para el Estado.
Se trata, por tanto, de una carga muy onerosa, sobre todo si se tiene en cuenta el valor real de las prestaciones y servicios que los contribuyentes reciben a cambio de dichos impuestos. Resulta aberrante que PSOE y Podemos, junto al resto de sus socios, pretendan sangrar aún más al sector privado, auténtico motor económico del país, a pesar de esta enorme losa tributaria. El plan fiscal que necesita España es justo el contrario. A saber, una fuerte reducción del gasto público, eliminando todos los organismos y partidas innecesarias que todavía perviven en la estructura estatal, al tiempo que se mejora la eficiencia de los servicios básicos con el fin de minorar el alto peso del Estado sobre el PIB. Y, posteriormente, rebajar de forma sustancial los impuestos para impulsar el crecimiento y la creación de empleo, otorgando a familias y empresas un mayor margen de ingresos. La senda de Sánchez e Iglesias tan solo conducirá a un mayor empobrecimiento.
