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mar
Actualidad Económica

Resulta preocupante la enorme proporción que ocupan, dentro de la carga fiscal total, las contribuciones a la Seguridad Social. En la UE alcanzan el 23% o, lo que es lo mismo, un 57,2% de los impuestos totales. Bélgica y Francia vuelven a ostentar las primeras posiciones, con un 46,2% y un 43,7% cada una. Por el contrario, en Reino Unido, Malta y Alemania no superan el 11%. En España suponen un 35,6%, lo que representa el 76% de la tributación total (un 47%), situándonos en la parte alta de la clasificación.

Como ha señalado Civismo en su informe La Factura Fiscal de las Empresas en España 2018, en nuestro país las contribuciones sociales representan un alto volumen en la carga fiscal total, lo que hace que el papel de “recaudador” y “pagador” de seguros sociales, al que la empresa está obligada, vaya en detrimento de su productividad. No en vano, el poco eficiente sistema tributario español exige que las compañías dediquen 148 horas anuales para cumplir con Hacienda. Se trata de una cuantía inferior a la de la media de la UE (172 horas), pero muy por encima de la de países de envergadura similar, como Reino Unido (105) o Francia (139), y no digamos de otros como Estonia (50), Luxemburgo (55) o Irlanda (82).

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Así, no es casualidad que el cumplimiento de las obligaciones tributarias sea un factor clave para la facilidad de hacer negocios, tal como señala el informe Doing Business del Banco Mundial. Atendiendo a la clasificación de este índice, en el ámbito de la UE se aprecian tres bloques principales. Los que gozan de una fiscalidad baja y una gran facilidad para hacer negocios, caso de Dinamarca o Reino Unido; otros que, disfrutando de una tributación reducida, presentan sin embargo toda una serie de dificultades para lograr la prosperidad empresarial (Malta o Grecia), y por último, aquellos en los que la elevada carga impositiva contribuye a crear un entorno más hostil para las compañías. A este grupo pertenecen la
mayoría de los países de nuestro entorno.

Esto nos debería advertir de los peligros de una fiscalidad contraria al crecimiento de las empresas, que pone en fuga la inversión, y que destruye empleo.

Algo que resulta irónico, pues es de interés de todos, incluso de Hacienda, que las compañías, igual que los ciudadanos, aumenten sus bases imponibles, y no queden asfixiadas bajo una pesada losa fiscal.


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