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abr

El término “eurobono” no es nuevo. Ya en 2011, en plena recesión tras el estallido de la burbuja, los Estados europeos más afectados por la crisis —España, Portugal, Irlanda o Grecia— defendieron que la deuda, en lugar de asumirla individualmente, la emitiera la Unión Europea (UE), creando una gran deuda conjunta. La Comisión Europea planteó esta posibilidad, pero quedó enterrada tras la negativa de Alemania u Holanda.

El concepto de “coronabonos” —adaptación del “eurobono” a la crisis del coronavirus— se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los temas centrales del debate europeo. Han visto acrecentada su popularidad por suponer, según sus defensores, una forma plausible de financiar el enorme gasto publico derivado de la pandemia, así como una puesta en practica del principio de solidaridad entre Estados que debe caracterizar a la UE.

Sin embargo, este mecanismo para financiar la reconstrucción se materializaría en una cadena de incentivos perversos en la que la deuda total de la eurozona acabaría, contraproducentemente, disparándose (y a todo ello se suma el hecho de que los bonos no contarían con una calificación crediticia triple A). Sin embargo, el rechazo a los coronabonos no implica ignorar el principio de solidaridad inherente a la naturaleza de la UE, dada la existencia de una multiplicidad de mecanismos que no pasan por la mutualización de la deuda, como sí ocurre con ellos.


Mutualizar la deuda supone aplicar en la vida real la fábula de la cigarra y la hormiga


Así, en virtud de los coronabonos, la cantidad final de deuda publica resultante de la lucha contra la COVID-19 se repartiría entre todos los Estados miembros, hasta volverse conjunta, con el fin de ayudar a aquellos más perjudicados (entre ellos, España). En definitiva, se trata de una socialización de las emisiones de deuda. ¿Y qué lleva aparejada esta? El beneficio de los endeudados hasta las cejas y un perjuicio para los que controlan su deuda. La aplicación a la vida real de la fábula de la cigarra y la hormiga. 

El total de deuda de la UE es de un 79,29 % del PIB. Por encima de esta cifra se hallan países como España (95,50 %), Italia (134,80 %), Grecia (181,20 %) o Francia (98,40 %). Por debajo, Alemania (61,90 %), Países Bajos (52,40 %), Dinamarca (34,20 %) o Suecia (38,80 %), entre otros. En cuanto al déficit, no debe sorprender que el primer grupo presente déficits (España con el tercero más alto de la UE, solo por detrás de Chipre y Rumanía), mientras que el segundo tiene superávits.

Beneficiar a los Estados más endeudados a costa de perjudicar a aquellos que mejor han demostrado saber cuadrar gastos e ingresos puede suponer un incentivo perverso para que los que hoy se comportan, mañana no lo hagan. También disuadiría a aquellos países que, como España, presentan una enorme necesidad de reforma de sanear sus cuentas de una vez por todas —el balance español, con coronavirus o sin él, no va a dejar de ser negativo si no se efectúan las reformas estructurales necesarias. 

Por otro lado, la mutualización de deuda implicaría abrir una especie de cajón de sastre, donde entrarían todas las clasificaciones del gasto publico que los gobiernos decidan que va destinado a «la lucha contra el coronavirus». La vicepresidencia de Derechos Sociales y para Agenda 2030 ya está estudiando la posible implantación de una renta básica o ingreso mínimo vital. ¿Se consideraría el enorme gasto derivado de esta hipotética medida como “gasto extraordinario para la lucha de la COVID-19”? Resulta muy ingenuo pensar que países que ni plantean la posibilidad de aplicar una renta básica a su población vayan a financiar la española. 

Del mismo modo, también se podría debatir si el norte de Europa debería sufragar nuestro gasto contra el coronavirus mientras dure la crisis sanitaria o también la necesaria reconstrucción posterior. Y todo ello con una España que demuestra año tras año que ni tiene, ni parece que vaya a tener, voluntad para implementar reformas estructurales que hagan cuadrar sus cuentas.

Muchos apelan al principio de solidaridad de los Estados europeos. Sin embargo, para que esta exista, debe haber también responsabilidad, y es precisamente la ausencia de condicionalidad inherente a la mutualizacion de deuda la que merma aquella. 

Además, el principio fundamental de solidaridad entre los diferentes miembros de la UE ya propició en el pasado la creación de diversos mecanismos aplicables a situaciones como la presente. Sin ir más lejos, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), instaurado en 2011 y cuya función consiste en otorgar préstamos (financiados con la emisión de bonos y letras en los mercados financieros) a Estados que, ejecutando su capacidad de iniciativa, así lo soliciten. A cambio: reformas, auditorías y condiciones estrictas enfocadas a evitar la irresponsabilidad fiscal. Una que parece que el Gobierno de España no desea corregir, dada su petición de una línea de crédito sin condiciones ni exigencias de ajustes y reformas. 


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