20
nov
El Español

El Congreso de los Diputados ha cerrado el primer gran pacto de Estado de esta legislatura, ‘tocada’ por la pandemia. La Cámara Baja ha dado luz verde a las 22 recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo que servirán para orientar la reforma del sistema público de pensiones que el Gobierno ya ha activado.

Sin embargo, su futuro no está del todo amarrado. Hay una serie de conceptos vitales para el futuro del sistema público de las pensiones que no se han abordado en las propuestas parlamentarias ni figuran en los cambios que plantea el Gobierno para las pensiones públicas.

Se trata, particularmente de tres aspectos que no se plantean en la reforma legislativa y que sin ellos la sostenibilidad del modelo de pensiones quedará inevitablemente coja.

El punto que más destaca es el factor de sostenibilidad, o más bien su ausencia absoluta. Se trata de una cuestión que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo en el sistema de pensiones mediante la reforma de 2013.

Es un mecanismo, suspendido desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, que permite un ajuste automático de ciertos parámetros de las pensiones, como la edad de jubilación, los años de cotización necesarios o el importe inicial, vinculado a la esperanza de vida de la población.

Esperanza de vida

Si bien el aumento de la esperanza de vida es positivo, “supone un reto financiero para el sistema de pensiones. Pensemos en términos actuariales, como lo haría una compañía privada de seguros: no es lo mismo garantizar una renta durante 20 años que durante 30”, indica un informe realizado por los investigadores Francisco Coll, Domingo Soriano y José Francisco López para las fundaciones Friedrich Naumann y Civismo y el Instituto Juan de Mariana. 

Para ellos, el factor de sostenibilidad es fundamental. “Regula la primera pensión en función de un elemento clave en la ecuación: la esperanza de vida a los 65-67 años. Además, resulta más justo, ya que, en la actualidad, dos personas que se jubilan con diez años de diferencia, pero con idéntica carrera laboral, recibirán pensiones diferentes. No en la mensualidad, que es la misma, pero sí en la duración prevista, que no lo es”.

En este sentido, el informe, se defiende un factor de sostenibilidad flexible, que se pueda modificar según mejore o se agrave la situación financiera del país.

Subidas

La segunda clave está en la revalorización de las pensiones. Ligarlas al IPC y favorecer el incremento constante de estas prestaciones supondrá un problema a la larga si no se gestionan nuevas fórmulas de ingresos, algo que no se ha incluido en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

“Si la revalorización con el IPC no se acompaña de otras medidas que permitan aumentar los ingresos estamos en riesgo de que el sistema tenga un déficit contributivo permanente”, objeta Rafael Villanueva, Manager de Retirement de la agencia Willis Towers Watson.

Coll, Soriano y López también consideran que esta cuestión se tiene que abordar cuanto antes e instan a “abrir el debate sobre la fórmula para la revalorización de las pensiones” con “una alternativa más allá del IPC”.

Sin datos económicos

La preocupación restante está en la falta de planificación económica incluida en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Desde Willis Towers Watson, avisan de que “sin un informe económico de las medidas propuestas es muy difícil opinar sobre su viabilidad”.

Sobre todo teniendo en cuenta que varias contribuirían a incrementar el gasto que requieren las pensiones como, por ejemplo, “la posibilidad de que determinados colectivos de trabajadores puedan elegir los años de su carrera de cotización que le sean más favorables en la determinación de la base reguladora de su pensión”.

En Willis Towers Watson se muestran contrarios a esta idea: consideran que es contraria al propio concepto de contributividad y “a la equidad global del sistema al permitir que un mismo esfuerzo global de cotización diera lugar a pensiones distintas por el reparto desigual de dichas cotizaciones”.

Por otro lado, aunque el Pacto de Toledo reconoce la necesidad de hacer una reforma integral de la viudedad, «parece que las indicaciones van en el sentido de aumentar el gasto y no de pasar a un sistema que solo concediera rentas vitalicias a determinados beneficiarios», lamentan desde la agencia.


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