Las jubilaciones anticipadas de los trabajadores españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España, suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que deberían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingresos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.
Concretamente, desde el pasado 1 de enero, la edad legal de jubilación de situó en los 66 años en virtud del periodo transitorio establecido en la reforma de 2011, y que culminará en 2027 cuando la edad legal de retiro alcance los 67 años. En este sentido, una de las decisiones del Ejecutivo tras conocer las recomendaciones para la reforma de pensiones del Pacto de Toledo es articular un sistema de incentivos y penalizaciones que ayude a cerrar ese gap entra la edad efectiva de retiro y la edad marcada por la ley de la Seguridad Social. De hecho, aseguraba el propio ministro del ramo, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión que elevó el mandato de las recomendaciones al Congreso de los Diputados, donde especificó que por cada año que se acercaba la edad real a la legal, el déficit de la Seguridad Social se reduciría en un 25%. Teniendo en cuenta que las declaraciones las realizó cuando aún el cuadro macro arrojaba un déficit de 18.000 millones para la Seguridad Social, antes del estallido de la pandemia, cada año que se eleve la edad efectiva de retiro supondría un recorte del déficit de 4.500 millones de euros.
Ahora bien, más allá del impacto sobre el déficit, según los datos publicados por la Seguridad Social en su cuadro presupuestario de 2021, cada año sejubilan anticipadamente en nuestro país una media de 132.000 personas (media de los últimos cinco años sin contar 2020). Teniendo en cuenta que el salario medio anual se sitúa en nuestro país en el entorno de los 24.000 euros anuales y que el porcentaje de retención medio es del 36,25%, se deduce que las aportaciones medias de cada uno de esos jubilados de manera anticipada asciende a 8.700 euros. Teniendo en cuenta que este trabajador sale de media a los 64,5 años, aún tendría capacidad de aportar al Sistema unos 13.000 euros de media a las arcas públicas.
Cabe recordar en este punto que el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se recoge como las personas que se jubilan anticipadamente cobran hasta un 37% más que quienes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación. La explicación a esta medida, aseguran los expertos, está en que los trabajadores que se jubilan anticipadamente son aquellos con nóminas más elevadas, y que por lo tanto, una vez aplicadas las penalizaciones aún perciben pagas con cuantías medias considerablemente superiores que el colectivo retirado en edad legal.
El coleo de los Ertes
Así, como se ha mencionado, el Gobierno está diseñando un sistema de incentivos por un lado y de penalizaciones por otro para endurecer las condiciones de estos retiros anticipados. Esta medida, más allá de estar recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, se torna en crucial teniendo en cuenta la coyuntura del mercado laboral, asolado aún por trabajadores envueltos en Ertes parciales o totales, un total de 750.000 al comienzo de este año. Como advierten desde la consultora Mercer, el paso natural de los Ertes enquistados en el tiempo, es pasar al ERE, que incluye la fase de despidos. Sin embargo, desde la compañía que asesora en planes de ahorro para empresas y particulares aseguran que los planes de rentas o planes de prejubilación se plantean como una solución muy eficaz y menos agresiva para llevar a cabo los necesarios reajustes de fuerza laboral.
De media, las empresas aplican estos planes de prejubilación a sus empleados entre los 57 y los 63 años, que perciben entre un 75% y un 80% de su salario neto. En caso de acuerdo voluntario la media de acceso al plan de renta sube a los 58 años, permitiendo ahorrar un año de complementos salariales que, en este caso y al no estar exenta, se calcula sobre el salario bruto abonando entre un 70% y un 75%, apunta el reciente estudio de la compañías sobre el mercado de las prejubilaciones en España.
Los expertos piden una edad de retiro voluntaria y flexible
Los economistas y expertos del ‘think tank’ Civismo proponen que se establezca una jubilación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda escoger el momento de salida del mercado laboral.
El rango de edad al que podría uno jubilarse debería ser muy amplio. Por ejemplo, de los 60 a los 75 años. En el caso práctico que plantea Civismo, un trabajador con 60 años, que comenzó a trabajar con 25 y acumula 35 años cotizados, y con una esperanza de vida de 30 años más, el primer punto consiste en el cálculo de la base: se toma toda su carrera laboral y se determina en cuánto se cifra esa base. Si se jubila a los 60 años, con 35 años cotizados, sufrirá un doble recorte: por un lado, al no llegar a 45 años, su base se verá minorada en un porcentaje sustancial, pero, además, el Factor de Sostenibilidad también actuaría por lo que le quedan 30 años de esperanza de vida y su primera pensión sufrirá un ajuste extra.
De los 60 a los 75 años, media un amplio rango durante el cual podría retirarse en cualquier momento. Incluso con la posibilidad de un premio (base de cálculo superior al 100%) para los que sobrepasen los 70 años en activo.
